Crisis de la Democracia y Vulneración de Derechos Humanos en Panamá

Op-Ed

by Abdiel Rodríguez Reyes

Ciudad Panamá

¿Por qué nuestra democracia está en crisis? Cualquiera definición de democracia nos conduce a “poder popular” – al menos así lo planteó Giovanni Sartori –, este concepto no debe apartarse de su ideal. Si hablamos de democracia tenemos que hablar de poder popular. Nuestra Constitución plantea en su artículo 2: “El poder público sólo emana del pueblo […]”. Vivimos en un país presidencialista con una democracia representativa altamente excluyente. Simple y llanamente el poder popular no tiene cómo canalizar su descontento más allá de depositar su voto cada cinco años en una urna, por eso recurre constantemente a la protesta social (cierres de calles, marchas, mítines) como mecanismo legítimo de lucha. Ahora se está ensayando la revocatoria de mandato, pero hasta el momento sin éxito.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino inició su mandato el 1 de julio de 2024, el cual se extenderá hasta el 30 de junio del 2029, cuando culmine su periodo, hasta el momento se ha caracterizado por un discurso fuerte contra los movimientos sociales y la sociedad civil en general, incluso, como él mismo lo planteó, si tiene que ser dictador lo será (https://surl.lu/lpbejm), a estas alturas en una “democracia”, estos chistes son inaceptables. Tiene una posición endeble contra las pretensiones del irredentismo estadounidense de “recuperar” el canal de Panamá. Estamos a un año de su mandato, es un presidente con un bajo porcentaje de popularidad, se distanció del garante de su victoria, el expresidente Ricardo Martinelli. Tomó medidas impopulares como la de reformar la Caja de Seguro Social a través de la Ley 462 desmejorando las condiciones para la jubilación y cedió un porcentaje de sus fondos a la banca privada. Firmó un memorando de entendimiento con los Estados Unidos que permite la presencia de personal militar estadounidense en territorio nacional, violando nuestra soberanía y el Tratado de Neutralidad. Los movimientos sociales repudiaron ambas medidas y solicitaron la derogación de la Ley en cuestión y suspensión del memorando. Sin embargo, el Ejecutivo impuso su Ley y defendió el memorando. Esto se suma a su intención de reabrir Minera Panamá cuyo contrato de operación de extracción metálica a cielo abierto se declaró inconstitucional, como también construir el embalse de Rio Indio. Ambas medidas son repudiadas por agrupaciones ambientalistas.

Los movimientos sociales, particularmente el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) se declaró en huelga, le siguieron los gremios magisteriales y, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (SITRAIBANA), porque esa Ley, la 462, afectaba la Ley 45 de 2017, que garantiza sus “conquistas laborales”. Por lo tanto, gran parte de la población de Bocas del Toro, donde se concentra este sindicato del monocultivo bananero, paralizaron la provincia.

Este Gobierno le declaró la guerra al movimiento social, particularmente a los sindicatos SITRAIBANA, SUNTRACS y los gremios magisteriales. Han anunciado públicamente su voluntad de judicializarlos. En consecuencia, se llevaron a cabo la detención de dirigentes sindicales, algunos están asilados en embajadas, como el caso de Saúl Méndez en la de Bolivia y, Erasmo Cerrud la de Nicaragua, ambos dirigentes y miembros de la Junta Directiva del SUNTRACS. Esto ya se venía fraguando desde el gobierno de Laurentino Cortizo, quien cerró las cuentas en los bancos nacionales del SUNTRACS, el presidente Mulino le asestó otro duro golpe cerrando su cooperativa. Por parte de SITRAIBANA, en medio de las negociaciones, Francisco Smith, su secretario general, fue abruptamente apresado. Luego de pasar varios días encarcelado, le cambiaron la medida. Hay decenas de detenidos, cientos de docentes procesados por estar en huelga, con un cerco económico, sin derecho a sus respectivos salarios y se pretende separarlos de sus puestos de trabajo.

Tengamos en cuenta la impopularidad del presidente Mulino, aunado ganó con un pírrico 34.23% de un 77.66 %. Y, “El 67% de la población considera mala la gestión del presidente Mulino” (https://surl.li/tknnqx). Todo esto nos indica que estamos en un escenario de crisis de legitimidad. El Gobierno no tiene mayoría en la Asamblea, su guerra contra el movimiento social también lo desgató, no tienen capital político, ni apoyo del partido oficialista Realizando Meta teledirigido desde el exilio por el expresidente Martinelli. Será complicado llevar a cabo sus medidas antipopulares con todos estos factores en contra. Al menos que lo haga a través de sangre y fuego, violando aún más los derechos humanos resquebrajando nuestra endeble democracia.

Es importante considerar los problemas estructurales. Estas medidas tomadas por el presidente Mulino no son un programa de Gobierno, son las recetas del gran capital que los gobiernos implementan sin ajustes a las realidades nacionales. Se apoyan en la represión para imponerlas. No podríamos ser tan ingenuos en pensar que al gran capital se le vence fácil; por eso, esta lucha contra las reformas a la seguridad social, la guerra contra los movimientos sociales y la genuflexión ante irredentismo imperial estadounidense es de largo aliento, porque los movimientos sociales no solo se están enfrentando a un presidente, sino contra el gran capital. El ensañamiento contra sindicatos, gremios magisteriales y pueblos indígenas es parte de esa conjugación.

Se suspendió el pago de docentes en huelga y se les abrió un proceso para destituirlos y reemplazarlos. Eso generó mayor descontento ante los agremiados en lucha. Muchos docentes han tenido dificultad para cumplir con sus responsabilidades financieras, de hipotecas, préstamos y pensiones. Está en juego un factor determinante para nuestra vida democrática, el derecho a huelga en el sector público, como lo explicó Carlos Bichet, sí está considerado el derecho a huelga en el sector público a la luz del derecho internacional y de los derechos humanos (https://surl.lu/dipzwm), en cuanto al control de la convencionalidad, nos citó el Caso Extrabajadores del Organismo Judicial Vs. Guatemala, sentenciado el 17 de noviembre de 2021, el cual establece: “Derechos a la huelga, de asociación, a la libertad sindical de las personas trabajadoras destituidas” y, del “derecho al trabajo y la estabilidad laboral”. Algunas personas han planteado la falta de reglamentación y el incumplimiento de algún requisito como motivo para considerar la ilegalidad de la huelga, esta omisión de parte del Estado panameño no puede constituirse como motivo para coartar al derecho a la misma, Bichet criticó esa “visión un poco cerrada que podría ser cierta en el 94 y 95, no aplica en estos momentos”.

Se han violentado las garantías fundamentales, dentro de ellos el derecho a las manifestaciones hasta el acceso a la información. Está en entredicho la legalidad de la huelga de los docentes, a pesar de la jurisprudencia internacional sobre la materia. Las acciones represivas de la policía en la comunidad de Arimae, Darién y, Bocas del Toro, en poblaciones mayormente indígenas, denotan racismo institucional. El Congreso General Guna denunció la “represión estatal contra pueblos indígenas” (https://surl.li/zoncwp). Estas acciones violentas dieron como consecuencia la muerte de un joven en medio de estas protestas.

En la provincia de Bocas del Toro, la represión fue devastadora. Hubo un despliegue policial propio del fenómeno global de la militarización. La situación fue gravísima porque el Gobierno decretó un Estado de urgencia – en la práctica un Estado de excepción –, donde se suspendieron las garantías fundamentales en esa provincia. Peor aún, a través de un decreto se suspendieron los servicios de internet y telefonía móvil. Quedaron totalmente incomunicados, lo cual empeoró la situación, como denunció el Comité de Protección de Periodistas, se afectó el derecho a estar informado. Resultado de ese Estado de urgencia se detuvieron a cientos de personas a través de la operación Omega.

V.A Mojica preparó una crónica dividida en cuatro partes (https://surl.lu/ujsivy), ilustrativas para conocer de primera mano, de un periodista sensible ante la realidad lacerante de la represión policiaca. Allí se narra el asesinato de Roger Montezuma, según la nota de Mojica, lo mataron el 17 de junio y les llegó información para ir a recogerlo el cuerpo en la morgue el 2 de julio, llama la atención que “no tenía cabello, lo habían rapado”. La versión de la policía es que un desconocido le disparó y recogieron su cuerpo. También la crónica recoge testimonios de “tortura”, de latigazos, de amenazas de tirar a personas de un helicóptero, también fueron orinados y pateados desnudos, todo esto formaría parte de tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Estado panameño tendrá que responder ante esta situación, ya que somos signatarios desde 1987 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ver el despliegue de la policía en televisión nacional y, como cientos de panameños sin zapatos y semidesnudos eran tratados como terroristas nos llena de un enorme sentimiento de indefensión.

Con respecto al eventual cierre del Ministerio de la Mujer, Briseida Barrantes planteó que van contra “el mecanismo de las mujeres” (https://surl.li/yzdrss). El presidente Mulino considera a este ministerio como una entidad burocrática, pero con esta medida reafirmará su posición conservadora en lo social y neoliberal en lo económico, desmejora la posición política de las mujeres en espacios de toma de decisiones, coincidiendo con esa posición de hacer “eficiente” el Estado achicándolo, pasándole factura aquellos espacios esenciales para los derechos humanos. Como lo planteó Barrantes, ante “la violencia ejercida”, las mujeres deben bregar junto a los movimientos sociales para garantizar “una vida digna”

Las actuales circunstancias, de crisis de la democracia y vulneración de derechos humanos, obligan a reflexionar a los movimientos sociales sobre la táctica y estrategia de lucha, ante los duros golpes asestados por el Gobierno del presidente Mulino y la dinámica global del gran capital, de extractivismo y reformas neoliberales. En su primer año de gestión el presidente Mulino demostró incapacidad para dirimir democráticamente los disensos, solo garantizando un clima de inestabilidad e incertidumbre.

Crédito de foto: Pedro Silva

Abdiel Rodríguez Reyes es Profesor en la Universidad de Panamá  e investigador en el Sistema Nacional de Investigación en la SENACYT