Versión en Español: El Comienzo del Fin de una Estrategia Coherente NorteAmericana contra las Drogas

El Presidente Colombiano Álvaro Uribe declaró un Estado de Emergencia Limitado en su país casi inmediatamente después de tomar la presidencia en el año 2002; esto le ofreció la oportunidad de implementar sus políticas militares para intentar resolver los casi incorregibles problemas de seguridad nacional. Se puede decir que la más importante de estas políticas es el Plan Colombia, apoyado por los Estados Unidos (EEUU). Uribe ha intentado usar los fondos de Plan Colombia, que superan tres mil millones de dólares, para disminuir la violencia en el país e implementar un control de gobierno efectivo al igual que incrementar su presencia en las partes olvidadas del país. Como resultado, Uribe ha intentado negociar tratados de paz con los grupos rebeldes mas grandes del país, incluyendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (con mas de 18,000 miembros que han combatido al gobierno colombiano durante cuatro décadas), y las fuerzas paramilitares llamadas las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (con mas de 13,000 miembros). Las AUC se unieron a la guerra civil colombiana en los años ochenta como un grupo vigilante privado creado para combatir a las guerrillas izquierdistas, y recibe fondos de terratenientes y comerciantes que quieren protegerse de las extorsiones de las FARC y los narcotraficantes.

Discriminando por las AUC
La diplomacia de Uribe ha sido utilizada más activamente con las AUC que con las FARC, y ha apoyado una alianza entre los militares colombianos y las AUC para poder destruir a los movimientos insurgentes. Uribe y la administración Bush han proclamado que van a hacer igual de firmes con las AUC y con las FARC, pero su parcialidad a favor de las AUC está clara. De hecho, a la hora de elegir entre los dos grupos, el espíritu del dicho “el enemigo de mi enemigo es mi amigo” ha quedado expuesto, así explicando el pacto firmado por Uribe y las AUC. Se debe culpar a esa organización por un gran porcentaje de los 4.000 asesinatos políticos que se registran cada año, pero el presidente colombiano ha prácticamente perdonado a los comandantes de las AUC de sus crímenes de guerra y tráfico de drogas. Tampoco el presidente ha demandado la desmovilización completa de los miembros de las AUC. Al contrario, Uribe les ha ofrecido insignificantes sentencias que serán servidas en cárceles que mas parecen country clubs. En los últimos años, incluso el Departamento de Estado de los EEUU se ha unido a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos al declarar que las AUC han cometido violaciones de derechos humanos y traficado drogas aun mas que las FARC; ambos grupos han sido declarados como “organizaciones terroristas” dado a las atrocidades que han cometido y la magnitud del tráfico de drogas en el que han estado envueltos por muchos años. Sin embargo, funcionarios colombianos han descrito informalmente a los paramilitares como “héroes nacionales” por su rol en ayudar a los militares colombianos a expulsar a la guerrillas de varias regiones, a pesar del hecho que simultáneamente han llevado a cabo terribles masacres en contra de civiles colombianos.

Uribe ha recibido el apoyo total de la administración Bush para obtener un tratado de paz con “el Diablo” – las AUC – cuyas miembros recibieron grandes concesiones a cambio de bajar las armas, incluyendo el poder quedarse con la mayor parte del dinero que obtuvieron mediante el tráfico de drogas. Además, se fue olvidado rápidamente la política de extradición en el caso de varios altos cargos de las AUC. Las autoridades colombianas están concientes de la probabilidad de que miembros de las AUC retomen sus intereses en el tráfico de drogas cuando la atención en ellos decline y estén “retirados.” Este escenario representa un cambio radical de lo que una vez fue un componente clave de la estrategia norteamericana para Colombia, y demuestra como Washington ha deshonrado su pacto con Bogotá que había establecido que Colombia extraditaría a miembros de los movimientos de izquierda y derecha implicados en crímenes contra, o que directamente afectaran, a ciudadanos Americanos. De hecho, muy pocos miembros de las AUC han sido extraditados, a pesar de que las AUC estén en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, algo que siempre ha sido tolerado por Washington. Desafortunadamente, la volatilidad y oscilación de la estrategia de la administración Bush han confundido los objetivos y limitado la potencial del Plan Colombia. Esto ha disminuido la importancia de los éxitos que Washington ha logrado en su guerra contra las drogas durante los últimos 20 años.

Las condiciones sociales en Colombia han seguido deteriorándose y la economía se ha estancado a causa del fallo de las malas financiadas iniciativas del Plan Colombia designadas por los EEUU. El poco progreso que Uribe ha hecho en estas áreas no se debe a la ayuda de Washington sino son resultados de sus propias decisiones. Además, se han hecho varias críticas del Congreso norteamericano por cambiar algunos términos del Plan Colombia para favorecer el Occidental Petroleum Corporation. Al parecer, Washington ayudó a esta compañía a obtener un importante contrato en Colombia y empleó presión diplomática en Bogotá para asegurar que la compañía pudiera explorar la zona petrolera en el departamento de Arauca. Un conjunto de realidades, incluyendo la preocupación de los EEUU por la amenaza que se supone que presenta el abiertamente anti-norteamericano presidente venezolano Hugo Chávez al 15 por ciento del total del petróleo norteamericano que viene de Venezuela, la producción mundial muy limitada de petróleo lo cual ha hecho muy importante los recursos naturales de Colombia, y la recién cooperación entre las AUC y el ejercito colombiano, sugiere la posibilidad que Washington ha orquestado que las AUC convirtieran en un aliado de hecho del ejercito colombiano para proteger sus intereses petróleos en esa país. Ahora ambos están defendiendo un petroducto, que es propiedad de Occidental y la compañía estatal de petróleo colombiano, Ecopetrol, contra ataques de los insurgentes izquierdistas de las FARC. Dentro de la estrategia general de Plan Colombia este hecho es muy importante, visto que los costos de la seguridad privada de Occidental Petroleum han caído porque la seguridad privada ha sido reemplazada en parte por la protección dada por las AUC y las fuerzas armadas colombianas. Además, los ataques de las FARC en el petroducto en Caño-Limón, que envía el petróleo colombiano de los sitios de extracción a los puertos en el Mar Caribe para exportarlo a los EEUU, han disminuido en número e intensidad como resultado de la protección proporcionada por los militares colombianos y a las AUC a cambio de los pagos del Plan Colombia.

Un Breve Resumen del Plan Colombia
Plan Colombia fue implementado por primera vez en el año 2000 como un paquete anual de ayuda financiera, viniendo mayormente del congreso norteamericano para iniciativas militares, económicas y sociales en el país. El Plan ha hecho de Colombia el tercer recipiente mas grande de fondos norteamericanos en el mundo, y ha sido designado para combatir a narcotraficantes, paramilitares e insurgentes izquierdistas acusados por Washington de ser los productores de 90 por ciento de los narcóticos que se encuentran en las calles norteamericanas y los asesinos de miles de civiles y cientos de oficiales del Gobierno de Colombia (GDC). Los arquitectos del Plan Colombia en Washington han capitalizado en esta guerra civil de cuatro décadas entre el GDC y las FARC para ofrecer mil millones de dólares a Colombia en forma de ayuda militar para combata la insurgencia. El Plan ha sido frecuentemente criticado por sus obvios objetivos militares y el manejo negligente de los problemas sociales y económicos de Colombia. Desde este punto de vista, los críticos han cuestionado la motivación de la decisión de Washington de apoyar el Plan Colombia y su apoyo por la desmovilización de las AUC.

El Compromiso Bogotá-AUC
El Presidente Uribe ha proclamado públicamente que hará “todo lo que sea necesario” para resolver el conflicto civil en Colombia, y es el primer presidente en la historia de Colombia que ha entrado en negociaciones de paz amigables con los paramilitares. El embajador norteamericano en Colombia, William Wood, quien apoya las políticas agresivas de Washington en el país, proclamó el 14 de junio el apoyo total de la administración de Bush a favor de los esfuerzos de Uribe. Dijo también que aunque es cierto que las AUC han asesinado a miles de personas para quitarle el apoyo de las FARC, “no hay estándares establecidos para un proceso de paz,” lo cual indica su creencia que “el gobierno debe reconocer que [las AUC] existen para poder traerlas a la mesa de negociaciones.”

Sin embargo, el “apoyo” de Washington al proceso de paz viene matizado. El esfuerzo para proteger los intereses de las corporaciones tal como Occidental y a la vez lograr una paz negociada entre las AUC y el gobierno colombiano ha revelado la posición irónica, y hasta cínica, de Washington. La administración Bush ha declarado que apoya sin reservación el tratado entre el Presidente Uribe y los líderes de las AUC, lo cual ha dado a esa organización legitimidad oficial mediante la Ley de justicia y paz. Esta ley reparte sentencias simbólicas a miembros de las AUC acusados de crímenes como violaciones de derechos humanos y narcotráfico que merecen castigos mucho más graves, a cambio de que ellos se rindan y se declaren culpables de crímenes menores. La administración Bush hizo el tratado aun más condescendiente al dejar del lado el derecho de los EEUU de extraditar a los criminales notorios de las AUC que anteriormente hubieran sido enviados al norte para ser juzgados. La DEA (Drug Enforcement Agency), la agencia anti-drogas del gobierno norteamericano, se ha mantenido firme en su intención de extraditar a los mayores narcotraficantes de las AUC, diciendo que el forzar a que los acusados de narcotráfico en Colombia se enfrenten a la justicia norteamericana siempre ha sido el eje de la política antidroga de la administración Bush. Sin embargo, bajo la nueva política de Uribe, los juicios de personas acusadas de ser criminales de las AUC serán enviados al corrupto sistema judicial colombiano, y de ser determinado culpable, los reos servirán sus condenas en country clubs en Colombia. Hasta recientemente, la extradición a los EEUU era un requisito para que Colombia pudiera continuar recibir ayuda bajo el Plan Colombia; ahora parece que la política de extradición de Washington ya no forma una parte central del acuerdo, al menos en el caso de los paramilitares. En otras palabras, la Casa Blanca ha dejado del lado lo que antes había declarado que era el fundamento de su política hacia Colombia. Las personas acusadas de violaciones de derechos humanos y narcotráfico que afecten a ciudadanos norteamericanos deberían ser extraditadas a las cortes norteamericanas ya que la administración ha declarado que dichos juicios en Colombia no serían justos ni confiables. Irónicamente, aun cuando poco ha cambiado en el sistema judicial colombiano, ahora de repente puede proveer “la justicia.”

Intereses Corporativos de los EEUU en el Plan Colombia
Desde 1996, Occidental Petroleum, centrada en Los Ángeles, ha tenido mucho interés e influencia en la creación e implementación de Plan Colombia. Occidental International Corporation, la firma lobby de Occidental que opera en Wahsington, ha gastado 8.6 millones de dólares para hacer lobby en el congreso norteamericano a favor de la ayuda militar a Colombia. Bogotá le hizo socio con Ecopetrol en el campo de petróleo de Caño-Limón en el departamento de Arauca, a solo seis millas de la frontera con Venezuela. La presión diplomática sobre Colombia fue sin duda apoyada por el lobby que hizo Occidental, dándole a la compañía los derechos a 44 por ciento de las ganancias de las futuras ventas de petróleo. Además, no queda ninguna duda de que la ayuda diplomática norteamericana se ha centrado en crear las condiciones favorables para las operaciones de la compañía, especialmente en Arauca. Pero la diplomacia petrolera de Washington a favor de Occidental, lo cual compone solo un aspecto de Plan Colombia, anuló la política de la administración Clinton de sólo apoyar a las fuerzas armadas colombianas para objetivos contra-narcóticos y no a las operaciones anti-guerrillas en el país.

Los motivos actuales de la Casa Blanca por continuar apoyar al Plan Colombia van mas allá de lo que se ha declarado públicamente. En los años 2003 y 2004, el congreso norteamericano aprobó la petición del presidente Bush de destinar 98 y 110 millones de dólares de Plan Colombia en cada año a proteger el petroducto de Caño-Limón con una brigada de las fuerzas especiales colombianas, entrenados y pagados por los EEUU. Ha habido especulación por parte de algunos observadores que para proteger el enorme inversión de Occidental, cuya exportación de 55 por ciento de su producción a los EEUU representa dos por ciento de todos las importaciones estadounidenses de petróleo, la corporación ha cooperado con los paramilitares para disminuir los más de 180 ataques anuales que el petroducto recibía por parte de las FARC. Cuando COHA preguntó si Occidental podía confirmar tener relaciones con los paramilitares, un portavoz de la compañía se negó fuertemente haber colaborado con esa organización.

No obstante, de los $579.7 millones que los EEUU ha donado al Plan Colombia para el año fiscal 2006, $427.5 millones (o 74 por ciento) se han sido destinados para la policía y las fuerzas armadas de Colombia, dejando sólo $152.2 millones para fundar iniciativas sociales y económicas. Dado las llamadas para reformas sociales que ha hecho constantemente la población colombiano, el hecho de que Washington proporciona más fondos de Plan Colombia para ayudar a Occidental Petroleum sugiere que la exportación de petróleo colombiano es la prioridad principal norteamericana, no las necesidades sociales o económicas del país.

Reformas Sociales y Económicas
La concentración de Plan Colombia en las operaciones militares ha amplificado los problemas sociales y económicos de la población colombiana. El fracaso del Plan para mejorar la vida de la mayoría de colombianos ha motivado a Uribe a recurrir a fuentes de ingreso generadas localmente, independientes de la ayuda dada por Washington para iniciativas similares bajo el Plan Colombia. La inversión de Uribe de $900 millones para su Estrategia de Reforma Social y Económica, fundamentada en un impuesto sobre los colombianos más ricos que se paga sólo una vez, está compuesta por cuatro programas importantes. Empleo en acción es un esfuerzo de reducir el 15 por ciento de desempleo de Colombia al intentar contratar a trabajadores con poca o ninguna experiencia técnica; el programa asigna a los trabajadores uno de los mas de 1.500 proyectos públicamente organizados en más de 200 municipalidades en la nación. Familias en acción da subsidios de comida para familias pobres a cambio de un compromiso por parte de ellos de mantener a sus hijos en el colegio. Juventud en acción entrena a jóvenes para un futuro trabajo en empresas del sector público. Caminos para la paz es un programa que repara las carreteras que han sido destruidas por ataques de la guerrilla, algo que ha hecho daño al crecimiento económico del país al limitar el comercio inter-departamental. Además, las esfuerzas de Uribe han centrado sobre todo en las regiones que tradicionalmente han sido ignorado por el gobierno, tal como Putumayo en el sur del país, donde un gran porcentaje de la tierra se usa para cultivos ilícitos.
El Final Irónico de Plan Colombia

Aparte de un relativo nivel de control, el papel de Colombia en la guerra de Washington contra las drogas está decayendo. Plan Colombia se ha convertido en otro camino abierto a los EEUU para proteger sus intereses económicos y sus aliados en Colombia, abandonando al pueblo colombiano y los objetivos anti-narcóticos que tanto han sido promocionados. Las grandes cantidades de ayuda militar de Washington han ayudado a aliviar en algo las deudas que Bogotá ha obtenido a causa de su guerra contra las FARC, pero Colombia sigue siendo uno de los mayores productores y procesadores de cocaína en el mundo. A través de sus políticas y esfuerzos, Uribe ha logrado contestar y debilitar la influencia de grupos guerrilleros y narcotraficantes poderosos y obtener el objetivo colombiano del momento: firmar el pacto con las AUC, una de las organizaciones criminales más peligrosas de la turbulenta historia del conflicto Colombiano.