Fuerzas armadas de América Latina: No a su participación en la guerra contra el narcotráfico

Mediante tácticas aéreas y terrestres, son las fuerzas armadas de América Latina quienes llevan adelante la guerra contra el narcotráfico en cada país de la región. El 15 de octubre de 2011, LatinNews informó sobre el ejército mexicano y su detención de Alfredo Alemán Narváez, alias el Comandante Alemán, jefe en San Luis Potosí de la organización de narcotráfico Los Zetas. Posteriormente, el 4 de noviembre de 2011, también llegaron noticias al ser abatido Alfonso Cano, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este logro se considera “el golpe más duro que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han recibido en 47 años de una historia cargada de violencia, muerte, narcotráfico y secuestros.”

Si bien han demostrado su capacidad de combatir organizaciones de narcotráfico cada vez más sofisticadas, sería erróneo considerar a las fuerzas armadas el substituto ideal de las fuerzas policiales. Notables operaciones militares, como las recientes en México y Colombia, podrían persuadir a los dirigentes políticos latinoamericanos de que, con el propósito de erradicar a las organizaciones de narcotráfico, es necesario que las fuerzas armadas asuman una función fija, delimitada rigurosamente, en la guerra contra el narcotráfico. No obstante, si bien así se han logrado desbaratar operaciones de los carteles en ciertas ocasiones, seguir tal procedimiento entraña  conceder a las fuerzas armadas una posición de excesiva influencia social: el primer eslabón en una posible cadena de repercusiones que conviene examinar.

En primera línea, de expandirse la presencia militar, es posible que el gobierno se acostumbre a depender de las fuerzas nacionales para cumplir los objetivos de las fuerzas locales del orden público. Tal grado de visibilidad militar podría significar el resurgimiento de la denominada “mano dura” en la ejecución de medidas de seguridad interna, lo cual representa una extralimitación originada al confundirse las funciones correspondientes a cada una de las fuerzas. Esta extralimitación poco tiene de nueva. Desde un punto de vista histórico, algunos países latinoamericanos enfrentan dificultades en mantener la estabilidad interna con prescindencia de las fuerzas armadas, de modo que enfrentan también dificultades en tolerar la primacía de la sociedad civil por sobre la seguridad interna del país.

En segunda línea, una mayor presencia militar evoca recuerdos de las despiadadas dictaduras en América Latina durante las décadas del 70 y del 80 y podría, en última instancia, propiciar la comisión de violaciones de derechos humanos semejantes a las de aquella brutal época, cuando las fuerzas armadas procuraban destruir, en vez de renovar, el proceso político. Aunque se hayan registrado entonces denuncias similares contra las fuerzas policiales, no es probable que los miembros de las fuerzas armadas se encuentren capacitados para interactuar con civiles, a diferencia de sus pares policiales. En cambio, sí es probable que permitir el estrecho contacto entre la sociedad civil y las fuerzas armadas podría propiciar la comisión de violaciones a los derechos humanos y prácticas ilegales en supuesto favor del orden público.

Y en tercera línea, de recurrirse a las fuerzas armadas para resolver problemas sociales, se abre la posibilidad de que los gobernantes comiencen a ignorar la obligación de invertir lo suficiente en el mantenimiento local del orden público o incluso la obligación de requerir una adecuada capacitación policial. En México, por ejemplo, donde por el bajo salario policial es normal el soborno de agentes de policía por parte de organizaciones de narcotráfico, menor financiamiento supondría mayor corrupción policial y, por consiguiente, un nuevo revés en el combate contra el delito.

Bien entendido que la presencia militar en los asuntos internos resulta habitual en el mantenimiento local del orden público en América Latina, potenciar la efectividad policial debería seguir siendo una prioridad en la consideración de las autoridades latinoamericanas con el objeto de quebrar los carteles de narcotráfico. Hoy como ayer, depender de las fuerzas armadas obstaculiza el desarrollo de fuerzas policiales profesionales y eficientes que garanticen la seguridad interna a largo plazo. Con mejor capacitación y equipamiento, las fuerzas policiales resultarán fundamentales en el esfuerzo por aminorar la necesidad de presencia militar, lo cual permitirá reservar a las fuerzas armadas la función de defender la soberanía nacional ante amenazas externas. De realizarse mayores inversiones en las fuerzas policiales mediante mayores salarios y mejor capacitación, es probable que los países de la región latinoamericana logren alcanzar la posibilidad de investir a los agentes de policía con el poder de velar por el cumplimiento de la ley, sin que ello implique tenderle la mano a las fuerzas armadas.

Este análisis fue traducido por el colaborador de COHA Iván Ovejero.