El próximo acuerdo colombiano: Buenaventura
Escrito por Felipe Galvis-Delgado, Analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos
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Después de casi ocho meses de negociar el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno colombiano ha llevado a cabo otro acuerdo – esta vez con la ciudad de Buenaventura del departamento de Valle del Cauca. De Mayo 16 a Junio 6, los residentes de Buenaventura hicieron un paro cívico y protestaron contra las pobres condiciones de vivienda de la ciudad, tales como la falta de agua potable, la inaccesibilidad a servicios hospitalarios, y una policía corrupta e ineficiente. No fue hasta que Colombia empezó a perder miles de millones de pesos por cargas represadas en el puerto de Buenaventura que el gobierno federal tomó las protestas seriamente y negoció un acuerdo con el Comité de Paro de Buenaventura. En el acuerdo, llamado el Fondo de Patrimonio Autónomo de Buenaventura (Fonbuenaventura), el gobierno promete invertir millones en la infraestructura de la ciudad. Sin embargo, casi dos meses después de la negociación, el acuerdo todavía no ha sido implementado. Aunque esta negociación ha dado esperanza a la gente de Buenaventura, el gobierno debe cumplir su promesa e implementar el acuerdo lo más pronto posible. Lo puntos más destacados de la situación en Buenaventura son:
Buenaventura necesita inversión federal inmediatamente
Buenaventura, una ciudad en la costa pacífica con 400.000 residentes – de los cuales la mayoría son Afro-Colombianos – ha sido una de las ciudades más violentas y pobres en Colombia por años.[i] Según Human Rights Watch, los bonaverenses viven en constante temor de grupos paramilitares como los Urabeños y la Empresa. Estos grupos imponen su voluntad sin piedad a través de desmembramientos en “casas de pique,” desapariciones, y desplazamientos forzados.[ii] De hecho, Buenaventura es la ciudad con más desplazamientos forzados en Colombia con más de 107.000 desplazados entre el 2011 y el 2014.[iii] Las autoridades locales han sido inútiles en la lucha contra estos crímenes por la poca cantidad de policías en la ciudad. De los pocos oficiales de policía, muchos están involucrados en la corrupción, mientras otros temen el desquite de los Urabeños y la Empresa.[iv] En casos de enjuiciamiento, los criminales usualmente no son condenados por la falta de legitimidad en las cortes de Buenaventura.[v]
Además de extorsión y violencia, los residentes de Buenaventura también sufren de condiciones de vivienda inhabitables. Por falta de inversión del gobierno federal, el acueducto de la ciudad es comparable al de uno de un país de bajos recursos; 71 por ciento de los residentes solo tienen acceso a agua potable ocho horas del día y muchos pescadores tienen que pescar en aguas contaminadas por las alcantarillas de la ciudad.[vi][vii] Para los enfermos y lesionados, las clínicas de Buenaventura no tienen la capacidad para atender a toda la población, algo perjudicial teniendo en cuenta el alto nivel de pobreza y violencia en la ciudad. En muchos casos, los pacientes son referidos a hospitales en Cali, una ciudad localizada aproximadamente a 123 kilómetros de Buenaventura, y mueren en el camino.[viii] Adicionalmente, la ciudad tiene una tasa de desempleo de 62 por ciento, cuyo empeora la alta pobreza de la ciudad.[ix] En general, 91 por ciento de la población rural y 64 por ciento de la población urbana vive por debajo de la línea de pobreza.[x]
El pequeño tamaño de Buenaventura no representa su importancia a Colombia
El porte de Buenaventura es esencial para la economía colombiana ya que mueve el 60 por ciento del comercio internacional del país.[xi] De hecho, según la Cámara de Comercio de Buenaventura, durante los 22 días de paro en la ciudad Colombia perdió aproximadamente $300.000 millones de pesos.[xii] Fue esta dependencia en el puerto de Buenaventura que ayudó a convencer el gobierno a aumentar los fondos federales para la ciudad. El impacto que tuvo el paro en la economía colombiana le demostró al gobierno que la pequeña ciudad de Buenaventura merece mucha más inversión y atención nacional debido a su grande contribución al país.
El acuerdo tiene un gran potencial – si es implementado
Después de más de tres semanas de protestas el gobierno colombiano negoció un acuerdo con el Comité Cívico de Paro a través de la creación de Fonbuenaventura.[xiii] El proyecto tiene un presupuesto de $1,6 billones de pesos, el cual será invertido durante los próximos diez años en la infraestructura, economía, y servicios sociales de Buenaventura.[xiv] De esta cifra, $350.000 millones serán destinados al sistema de acueducto y el alcantarillado de la ciudad, asegurando que la población tenga acceso a agua potable las 24 horas al día.[xv] Adicionalmente, $180.000 millones se invertirán en la construcción de hospitales, $170.000 millones en el sector educativo, y $62.000 millones en el sistema judicial.[xvi][xvii][xviii]
El proyecto de Fonbuenaventura es esperanzador para los residentes de Buenaventura; sin embargo, la lucha dentro del congreso colombiano para implementar el acuerdo está por venir. Es probable que la implementación del proyecto sea obstruida, ya que las autoridades colombianas tienen otros gastos pendientes como la implementación financiera del acuerdo de paz con las FARC.[xix] Adicionalmente, el presupuesto de ayuda extranjera del 2018 de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, incluye una reducción de 36 por ciento de fondos de asistencia para Colombia, resultando en una pérdida de aproximadamente $140 millones de dólares.[xx] Con más gastos y menos ingresos, la implementación de Fonbuenaventura muestra poco propicio.
El exceso de uso de fuerza del ESMAD no fue justificado
Aunque la negociación del gobierno colombiano con el Comité Cívico de Paro de Buenaventura es un primer paso hacia el desarrollo de Buenaventura, es importante notar que el gobierno ignoró las protestas y después trató de silenciarlas violentamente antes de que las negociaciones finalmente se llevaran a cabo. Específicamente, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) usó gas lacrimógeno y tanques para dispersar los protestantes incluyendo menores de edad, ancianos, y personas con discapacidades físicas.[xxi] Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha declarado que hubo discriminación racial de parte de ESMAD contra la comunidad Afro-Colombiana en Buenaventura.[xxii] La violenta y discriminatoria supresión del los derechos de reunión pacífica de los residentes de Buenaventura es reprobable y contradice los supuestos valores del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien recientemente ganó el Premio Nobel de la Paz.
Fonbuenaventura es de suprema importancia y urgencia
El congreso colombiano debe ratificar Fonbuenaventura lo más pronto posible. Los residentes de Buenaventura simplemente no pueden esperar más – algo que demostró el paro cívico En los últimos diez meses el presidente Santos ha priorizado la negociación e implementación del acuerdo de paz con las FARC. Ahora Santos debe enfocar la atención de Colombia hacia las zonas menos favorecidas del país – algo que por mucho tiempo se ha necesitado. Para ayudar con los gastos y ejecución del proyecto, la comunidad internacional debe involucrarse en la implementación de Fonbuenaventura. Por ejemplo, el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial ha ayudado ciudades en Latinoamérica a desarrollar acceso sostenible a agua potable.[xxiii] En la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hay una división llamada ONU-Agua, la cual coordina organizaciones internacionales enfocadas en problemas de agua y saneamiento.[xxiv] Si el gobierno colombiano colaborara con organizaciones internacionales como éstas, no tendría que afrontar los gastos de Fonbuenaventura solo, haciendo su implementación más factible. De cualquier manera, si Santos quiere producir armonía y estabilidad en el país, tiene que crear un fundamento para que las administraciones futuras puedan implementar Fonbuenaventura y otros proyectos de desarrollo en ciudades empobrecidas.
Escrito por Felipe Galvis-Delgado, Analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos
Apoyo editorial adicional proporcionado por Clement Doleac, y Emma Tyrou, Becarios de Investigación, Peter Kohne, Analista Externo, y Emma Pachon, Laura Schroeder, Martina Guglielmone, y Laura Ruiz, Analistas del Consejo de Asuntos Hemisféricos
Imagen: Buenaventura De: Flickr
[i] Max Schoening. “The Crisis in Buenaventura – Disappearances, Dismemberment, and Displacement in Colombia’s Main Pacific Port.” Human Rights Watch. November 2013.
[ii] Ibid.
[iii] “Colombia: New Killings, Disappearances in Pacific Port.” Human Rights Watch. March 2015.
[iv] Schoening.
[v] Ibid.
[vi] “¿En qué van las promesas del Gobierno tras el paro cívico en Buenaventura?” El País. July 2017.
[vii] William Neuman. “Colombian City’s New Face and Violent Underbelly Collide.” The New York Times. July 2015.
[viii] “Las seis deudas históricas por las que protestan en Buenaventura.” Semana. May 2017.
[ix] Ibid.
[x] Ibid.
[xi] “Represamiento crítico de carga en puerto Buenaventura por paro camionero.” El País. June 2016.
[xii] Hans Vargas Pardo. “Así se llegó al acuerdo para levantar el paro en Buenaventura.” El Espectador. June 2017.
[xiii] “¿Empieza a ’embolatarse’ el fondo de inversión para Buenaventura?” El País. July 2017.
[xiv] Vargas Pardo.
[xv] Ibid.
[xvi] Ibid.
[xvii]“En firme acuerdo que pondrá fin al paro cívico en Buenaventura.” El Espectador. June 2017.
[xviii] Jared Wade. “Colombia Ends 22-Day Strike in Buenaventura with Agreement to Invest more than $500 Million USD in Development.” Finance Colombia. June 2017.
[xix] “Aún no está listo el proyecto de ley para crear fondo autónomo en Buenaventura.” El País. July 2017.
[xx] Adam Isacson. “Trump’s 2018 Foreign Aid Budget Would Deal a Devastating Blow to Latin America.” Washington Office on Latin America. May 2017.
[xxi] “Colombia: violence against protestors in Buenaventura Civic Strike must stop.” Amnesty International. June 2017.
[xxii] “CIDH expresa preocupación por el uso de la fuerza en protestas en Colombia.” Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). June 2017.
[xxiii] “Water and Sanitation Program: about.” The World Bank.
[xxiv] “About United Nations Water.” United Nations.