El largo camino de las víctimas del franquismo para buscar justicia

February 6, 2015November 22, 2019 COHA

Por: Jaime López García. Comentarista Invitado del Consejo de Asuntos Hemisféricos.

En España, como sucedió en Chile y en Argentina después de los regímenes militares, las víctimas del franquismo han emprendido su propio camino para buscar verdad y justicia.

Si Argentina y Chile afrontaron este procedimiento en la década de los 80 y 90, cuando la mayoría de los países de América del Sur abrazaron de nuevo el camino a la democracia, España todavía presenta retrasos en derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas durante la Guerra Civil Española (1936-1939), y el franquismo (1). Tanto Argentina como Chile iniciaron este camino con la formación de Comisiones de la Verdad y Reconciliación en 1983 y 1990, respectivamente, mientras que en España, algunos aspectos de la transición, las Leyes de Amnistía aprobadas en 1977 y la jurisdicción penal nacional, han contribuido a dilatar este proceso, siendo el único país de habla hispana que todavía no ha contado con una Comisión de la Verdad. A 37 años del golpe de estado en Argentina, por ejemplo, todavía continúan numerosos juicios contra militares envueltos en crímenes durante el régimen militar. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un total de 2.071 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado al día de hoy. De ellas, 405 han obtenido sentencia, 370 se encuentran condenadas y 35 absueltas (2).

En España, Timoteo Mendieta es una de las 822 personas asesinadas en juicios sumarios por el franquismo en la ciudad de Guadalajara, a 55 kilómetros de Madrid. Era Secretario General de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Sacedón, y combatió con el bando republicano en la defensa de la capital. Al acabar la Guerra Civil Española, regresó a su hogar, pero fue detenido durante unos meses en la cárcel de su ciudad. Mendieta fue asesinado en un juicio rápido en noviembre de 1939, y sepultado en una fosa vertical con otros cuerpos. Después del asesinato de su padre, su familia fue sometida a un régimen de terror y de estigmatización. Tuvieron que vender sus tierras en Sacedón, y dedicarse al estraperlo de objetos (3).

Siete décadas después, su hija y sus nietos viven pendientes de una resolución judicial para poder exhumar los restos de Timoteo Mendieta. El pasado 28 de noviembre de 2014, cuando cumplió 88 años, su hija Ascensión Mendieta viajó a Argentina para declarar en la querella de las víctimas del franquismo, junto a una delegación de otras 15 víctimas. En su declaración, Mendieta pidió exhumar el cadáver de su padre. “(Mi hermana) Paz se ha muerto sin haber podido ver un hueso de padre. Pero yo voy a intentar conseguirlo por ella”, dijo en una entrevista (4).

Los primeros pasos para investigar y resarcir a las víctimas de la Guerra Civil y los represaliados del franquismo comenzó en la década de los 80, cuando se empezó a trabajar en un archivo documental sobre el tema. En 2007, la Ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), incluía–entre otros puntos—la creación de un Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil (5). Para ello, el Gobierno español unificó todos los archivos de los partidos políticos y de los ministerios, memorias de los exiliados, testimonios orales de México, documentos de la Fundación Pablo Iglesias, de la Fundación de Investigaciones Marxistas, del Archivo del ex presidente Manuel Azaña (1931-1933; 1936-1939) y los Ficheros de Salamanca, entre otros. También se incorporaron los documentos para la recuperación de la Memoria Histórica en la provincia de León, los archivos de la Real Chancillería de Valladolid, del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid y de la Comisión Nacional de Incautación de Bienes.

El problema de este Centro Documental es su variedad fuentes y su desigual estructura. Al tratarse de la suma de muchos ficheros, existen criterios diferentes de uniformidad basados en su heterogénea configuración y origen documental. A pesar de estas deficiencias, el Centro Documental sirve como base para investigadores y víctimas de la guerra civil o de la represión que quieren conocer las circunstancias que rodearon a sus familiares. Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), se realizan entre 12.000 y 15.000 solicitudes por año. Ahora, el principal escollo de la Administración es convertir toda esta suma de ficheros en una base de datos ordenada, unificando criterios de trabajo.

Además del Centro Documental, la Ley de la Memoria Histórica busca incentivar la retirada de escudos e insignias franquistas de las calles y plazas de España (6), la identificación y exhumación de tumbas de la Guerra Civil, y apoyar a organizaciones sociales que hayan defendido a las víctimas de la violencia política. Con la crisis económica, y la entrada en el Ejecutivo del Gobierno Popular, la partida presupuestaría para la Memoria Histórica pasó de 6,2 millones de euros en 2011, a desaparecer de los presupuestos en 2013 (7).

El primer proceso judicial en España iniciado por las víctimas del franquismo se inició en 2008, cuando el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, emitió un auto para exhumar 19 fosas, entre ellas la del poeta Federico García Lorca (8). Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Supremo ordenó al juez suspender las investigaciones, y en 2012 acusó al juez Baltasar Garzón de un delito de cohecho y prevaricación al no tener competencias para abrir diligencias sobre el tema (9).

Por: Javi. "Verdad, justicia y reparación" Granada, España 2009. Tomado en: https://www.flickr.com/photos/javism/4600517369 — Por: Javi. “Verdad, justicia y reparación”
Granada, España 2009.
Tomado en: https://www.flickr.com/photos/javism/4600517369

La búsqueda de justicia y reparación para las víctimas del franquismo recibió un nuevo impulso en septiembre de 2010, cuando la juez del Juzgado Nacional Número 1 de Buenos Aires en Argentina, María Servini de Cubría, inicia un nuevo proceso judicial contra ex funcionarios del franquismo. Hasta la fecha, la jueza ha ordenado dos pedidos de extradición; la primera, en septiembre de 2013, contra cuatro ex agentes de seguridad—dos de ellos ya están muertos—(10), y la segunda, el pasado mes de octubre, cuando la justicia argentina ordenó la detención de 20 ciudadanos españoles—uno de ellos, fallecido—entre los que se encuentran ex ministros, personal sanitario y funcionarios de las fuerzas de seguridad del franquismo (11). En ambos casos, el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional ha llamado a declarar y retirado el pasaporte a las personas imputadas, pero no aprobó su extradición al considerar que todos estos delitos han prescrito (12).

El despacho de Servini ha reunido en total 300 querellas y un centenar de denuncias en Argentina (13). Entre los crímenes que se investigan se incluyen asesinatos, desapariciones, fusilamientos, torturas, penas de prisión, juicios sin garantías, trabajos forzados, abandono de ciudadanos, y robo de niños (una situación parecida a la argentina durante la dictadura). En España, era una práctica habitual durante el franquismo el robo de bebés a familias republicanas o de izquierda con el pretexto de “respetar la raza, y ser garante del nuevo orden establecido”, basándose en las tesis eugenésicas del médico Antonio Vallejo Nájera (14). Distintas organizaciones y colectivos de abogados aseguran que el número de niños robados llegaría a los 30.000 niños desde el fin de la Guerra Civil hasta la década de los 50 (15). Además, según datos del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU (basados en datos de la Audiencia Nacional), el total de desaparecidos ascendería a 114.226 víctimas entre julio de 1936 y diciembre de 1951 (16).

En su último informe ‘El tiempo pasa, la impunidad permanece’, Amnistía Internacional criticó duramente la lentitud y actitud de la justicia española para resarcir daños a las víctimas del franquismo. El organismo internacional denunció su “indefensión” y la continuada tendencia de los jueces españoles a ignorar las “violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario” (17). El informe también considera que la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal, “restringe el alcance y la aplicación de dicho principio jurisdiccional en España”, y constituye “un retroceso sustancial en la obligación de investigar, perseguir y sancionar las más graves violaciones de derechos humanos”.

La búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia de las víctimas del franquismo en los tribunales argentinos basados en principios de justicia trasnacional es comparable a los procesos judiciales que llevó a cabo el ex juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, en Argentina y Chile, y luego fue acompañado por los tribunales nacionales. Una tendencia que se podría repetir con las víctimas del franquismo.

Por: Jaime López García. Comentarista Invitado del Consejo de Asuntos Hemisféricos.

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Referencias:

Imagen destacada tomada por: Imagen en Acción. “Madrid VIII Homenaje a las víctimas del franquismo_20140412_Nieves Caballero_05”. Fecha: 12.04.2014. Obtenida en: https://www.flickr.com/photos/imagenenaccion/13804265983/in/photolist-4oACv5-4oxqLA-eaLMnG-3vbZho-81wRwZ-p1Yy2Q-bNgbft-6hLwC6-4krgCz-ejKEnf-n2QtkV-n2QtfV-n2QsL8-n2QpV9-n2Qfx1-n2Q57G-n2NhrK-n2N97D-n2PAyA-n2MEZz-n2Fo5x-oH4R5y-oXwgso-4PG2rS-oH4QG9-6rQsbY-qFpsVM-hYNNG-FiFr-n2Phuu-n2P91q-n2NZBw-n2NR8N-n2M18V-n2LJxi-n2KrDj-7PUvMd-7PRc7X-4otaZc-n7EtFq-6rLjua-bvqMWP-6N7trK-px2McF-4kutwj-gUYKFQ-7BnL3e-7BnHPB-aPk67c-z6u4M

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