El Acercamiento de Colombia a la OTAN: ¿Una Estrategia Pendular?
Por: Lic. Silvina Sol Gastaldi. Comentarista Invitada del Consejo de Asuntos Hemisféricos.
En junio de 2013, un precipitado anuncio sobre el posible ingreso de Colombia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) suscitó una preocupación en varios países de Suramérica. Los Estados miembros del ALBA en particular, como Bolivia, Ecuador y Venezuela, formularon las más duras críticas hacia la intención colombiana de sumarse a esa alianza militar liderada por Washington.(1)
Dichas alarmas se originaron en el anuncio que en ese entonces efectuó el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al afirmar que “la OTAN [iba] a suscribir un acuerdo con el Gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamiento, de cooperación, con miras también a ingresar a esa organización.”(2) Junto con esa afirmación, el mandatario delineó lo que puede ser entendido como el interés de Colombia de jugar un rol más protagónico en el tablero mundial.
Pese a tales reacciones, el Acuerdo sobre Cooperación y Seguridad de Información se suscribió en Bruselas el 25 de junio de 2013, y fue remitido al Congreso de Colombia, para su correspondiente aprobación legislativa, hecho que se consumó al año siguiente, el 12 de agosto de 2014. No se trató del ingreso de Colombia a la OTAN como había anunciado el mandatario colombiano, pues el Tratado del Atlántico Norte, firmado en 1949, establece que sólo pueden incorporarse a esa organización en el futuro los países europeos. No obstante pueden establecerse asociaciones con países que, aunque estén fuera de la región del Atlántico Norte, desean establecer este tipo de vinculación con la OTAN. Tal es el caso de Australia, Nueva Zelanda, Israel, Suecia, entre otros.
Específicamente, el Acuerdo sobre Cooperación y Seguridad de Información entre el gobierno de Colombia y la OTAN refiere al establecimiento de pautas para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información resultante de las actividades de cooperación mutuas.(3) Colombia es el primer Estado latinoamericano en suscribir este tipo de convenio con la OTAN.(4)
¿Un Nuevo Posicionamiento Estratégico para Colombia?
El acercamiento de Colombia hacia la OTAN puede entenderse si previamente analizamos la asociación estratégica que este país ha consolidado con los Estados Unidos, uno de los miembros más influyentes de la OTAN. Desde el año 2000, Estados Unidos apoya activamente la erradicación de cultivos de coca y combate al narcotráfico colombiano a través de distintos instrumentos, basados en un enfoque netamente militar, como el denominado Plan Colombia. Este abordaje represivo se constata en el programa plurianual del Plan Colombia para el período 2001-2007, del cual el 75 por ciento se destinaba a la asistencia militar, en tanto el 25 por ciento restante se dirigía la asistencia económica.(5) Posteriormente, las Fuerzas Armadas colombianas con el apoyo de los Estados Unidos iniciaron el Plan Patriota, destinado a la lucha contra el grupo guerrillero conocido como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo con documentos oficiales de los Estados Unidos, como la Estrategia de Seguridad Nacional de 1999, la situación del narcotráfico y de la guerrilla en Colombia era percibida en ese entonces como una amenaza para la propia seguridad de ese país.(6) Si bien la preocupación por los asuntos latinoamericanos perdió relevancia en la agenda de seguridad estadounidense luego de los atentados del 11-S, hacia 2006 la región nuevamente empezó a ser objeto de un renovado interés. Al respecto, la Revisión Cuadrienal de la Defensa del 2006, sugería que el contexto latinoamericano enfrentaba una encrucijada geoestratégica en la que Estados Unidos deberá intentar moldear las opciones de estos países en función de sus intereses.(7) Tal encrucijada era resultado de un nuevo paradigma político que asomaba en la región, que a partir de fuertes liderazgos nacionales, como el del expresidente venezolano Hugo Chávez, y de los mandatarios de Bolivia, Evo Morales, y de Ecuador, Rafael Correa, profesaba un discurso y prácticas antiimperialistas, que cuestionaban la tradicional esfera de influencia y hegemonía de los Estados Unidos en Latinoamérica. Un buen ejemplo de ello fue cuando en el año 2009 Washington debió desmantelar la base de operaciones que tenía en Manta, Ecuador, luego de que Correa decidiera no renovar el acuerdo que viabilizaba la presencia militar estadounidense en el territorio de su país.
Otro documento de relevancia es la Estrategia del Comando Sur 2016“Partnership for the Americas”, publicado en el año 2007.(8) Si se analiza en clave prospectiva, puede destacarse que en el mismo se advertía la necesidad de profundizar la cooperación en materia de seguridad con la región latinoamericana. Entre tales esfuerzos, se mencionaba la necesidad de gestionar con los países nuevas membresías de “aliados extra-OTAN” –Major Non-NATO ally–, con aquellos Estados que fomentasen relaciones “constructivas” con los Estados Unidos, y la instalación de una nueva base o infraestructura militar, para reforzar la seguridad hemisférica frente a las principales amenazas, como el narcoterrorismo y las bandas armadas.(9)
Resulta indiscutible que Colombia, como principal aliado suramericano de los Estados Unidos, bien podría facilitar el logro de los objetivos estratégicos de su contraparte. Así, en el marco de esta estrategia estadounidense, en el 2009 ambos países suscribieron un acuerdo en materia de defensa que preveía el acceso y uso por parte de personal militar y contratistas estadounidenses de dos fuertes militares, tres bases aéreas y dos navales en territorio colombiano.(10) Dicho tratado bilateral fue percibido por los países suramericanos como una amenaza para toda la región, principalmente tras conocerse el documento estadounidense denominado Libro Blanco del Comando de Movilidad Aérea “Estrategia Global de bases de apoyo.” En particular, generó preocupación estadounidense en la base aérea colombiana de Palanquero en dicho esquema de proyección militar, puesto que desde allí se podía desplegar una operación contra cualquier objetivo en cualquier punto de Suramérica.(11)
Si bien este acuerdo no entró en vigor, dado que al año siguiente la Corte Constitucional colombiana lo declaró inconstitucional por no haber recibido el tratamiento parlamentario debido, dicho tratado refleja el nivel de cooperación existente entre ambos países y la intención de profundizar dichos entendimientos. En tal sentido, la Corte entendió que tal acuerdo involucraba nuevas obligaciones para el Estado colombiano, por lo debía ser objeto de aprobación en el Congreso.(12) Entre los compromisos que el convenio establecía, de acuerdo a la Corte, se destacaba la “libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales,” en un claro ejemplo de “imperialismo por invitación”.(13)
Pese a este revés, la cooperación entre Bogotá y Washington en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado siguió profundizándose, a través de la creación en febrero de 2012 de un mecanismo de Diálogo Estratégico de Alto Nivel en materia de seguridad, denominado High-Level Strategic Security Dialogue (HLSSD). Esta iniciativa estableció un Plan de Acción de Cooperación en Seguridad Regional, a través del cual Colombia tendría un rol central en operaciones militares en América Central y en África Occidental, así como también en la formación de recursos humanos y entrenamiento de fuerzas especiales y desarrollo de capacidades estatales en estas regiones.(14) Con esta iniciativa, Washington buscaría “exportar” el know-how colombiano y concentrar, delegar o compartir con un socio confiable la conducción de la guerra contra el narcotráfico, representando para Bogotá una oportunidad de proyectar un rol de liderazgo hacia América Central y El Caribe y de consolidarse como un referente mundial en materia de combate al narcoterrorismo.
Colombia, por su parte, enfrenta el desafío de reorganizar su aparato policial y militar frente a un probable escenario de post-conflicto, como consecuencia del logro de la paz y la desmovilización de gran parte de su instrumento militar, de los grupos armados ilegales y paramilitares. En efecto, el presidente Santos ha iniciado negociaciones con los principales grupos armados colombianos (FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional –ELN–) para avanzar en un entendimiento que posibilite el fin del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera.(15) Por lo tanto, bajo un contexto de paz, será un desafío para el segundo gobierno de Santos articular estrategias dirigidas no sólo a reconfigurar funcionalmente a sus Fuerzas Armadas, sino también a garantizar de algún modo la “incorporación” de aquellos que hicieron de la lucha armada y el entrenamiento en técnicas y tácticas de guerra su principal medio de subsistencia. Tal incorporación sería fundamental para evitar una regresión en el proceso de paz y una consiguiente rearticulación de la guerrilla. El anuncio del Presidente Santos efectuado el 26 de septiembre pasado ante la Casa Blanca, sobre el interés de contribuir con tropas a las misiones de paz de las Naciones Unidas en caso de concretarse los acuerdos de paz, se inscribe en este escenario.(16)
Como puede apreciarse, la alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos seguirá a pesar de lograrse un acuerdo de paz viable con la guerrilla. El 10 de octubre de este año el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Chuck Hagel, en su visita a Suramérica –que lo llevó de Colombia, a Chile y Perú–, le confió al mandatario colombiano el apoyo de la Casa Blanca al proceso de paz y su asesoramiento en cuanto a la reconfiguración de las Fuerzas Armadas colombianas.(17)
De acuerdo a lo antedicho, en un escenario de post-conflicto, las Fuerzas Armadas colombianas, además de cumplir con su rol tradicional de defensa del país frente a agresiones militares de otros Estados, probablemente desarrollarán un nuevo rol orientado a contribuir con la paz y seguridad internacional en tres niveles: En misiones de seguridad de lucha contra el narcoterrorismo en el ámbito centroamericano y el Caribe –con posible extensión a países africanos como Guinea Bissau–, en misiones de paz de las Naciones Unidas; y en misiones militares en el marco de la OTAN.
Es así que el acercamiento de Colombia a la OTAN puede explicarse a partir de la necesidad que tiene Bogotá de buscar nuevos teatros operacionales para sus Fuerzas Armadas, sus contratistas de seguridad, y seguramente, los grupos armados desmovilizados (guerrillas y paramilitares), bajo un evidente incremento de su cooperación militar con los Estados Unidos. Implícitamente, marca un posicionamiento estratégico orientado hacia el empleo de sus Fuerzas Armadas en escenarios extra regionales de guerra irregular, bajo el paraguas de la OTAN. El interrogante que asoma sería entonces, a partir de este acercamiento a la OTAN ¿Cuál será la postura de Colombia frente al renovado proceso de integración suramericano?
Colombia y el Proceso de Integración Suramericano
El presidente Juan Manuel Santos, a diferencia del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), ha procurado un acercamiento con los países de la región, principalmente con sus vecinos Ecuador y Venezuela, con quienes las relaciones bilaterales se habían erosionado considerablemente durante el mandato de su antecesor.
En el marco de la ofensiva militar sin precedentes que el expresidente Uribe lanzó contra los grupos guerrilleros, las relaciones diplomáticas con Ecuador y Venezuela se vieron afectadas el 01 de marzo de 2008, luego de que Bogotá emprendiera en la “Operación Fénix”: un bombardeo a un campamento de las FARC ubicado en Angostura, Ecuador, a 1850 metros de la frontera con Colombia, violando así la soberanía del estado vecino.(18) La operación fue considerada como un éxito por el gobierno colombiano puesto que con la muerte del comandante guerrillero Raúl Reyes desarticularon un elemento vital de las FARC. Sin embargo, a nivel internacional, esta acción fue rechazada por el resto de los países de la región, e incluso la Organización de Estados Americanos (OEA), que emitió una resolución condenatoria de dicha incursión militar en territorio ecuatoriano.
Al año siguiente, la suscripción del ya mencionado acuerdo en materia de defensa con los Estados Unidos profundizó el aislamiento de Bogotá con sus vecinos. La firma de este instrumento de cooperación se produjo, además, en medio de un nuevo escenario político regional donde, a partir de la presencia de varios gobiernos progresistas, se facilitó el inicio de un firme proceso de integración que dejaba al margen a los Estados Unidos. El nacimiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2008 fue la señal más fehaciente del nuevo rumbo político-estratégico que asumía la región.
A diferencia de Uribe, el presidente Santos una vez al frente del gobierno, se alejó del estilo de diplomacia confrontacional que Uribe imprimió en su política exterior hacia la región, otorgándole una nueva dirección que permitió el fortalecimiento del proceso de integración suramericano. Un ejemplo de esta nueva política fue el renovado compromiso colombiano con la UNASUR: el Congreso colombiano aprobó en enero de 2011 el Tratado Constitutivo de esta organización, mediante la Ley 1440.
Tras el fallecimiento en 2010 del entonces Secretario General de la UNASUR, el expresidente argentino Néstor Kirchner, la ex canciller colombiana María Emma Mejía representó al organismo regional por el bienio 2011-2012, gracias a la iniciativa de Santos. Posteriormente, en julio de 2014, el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) fue electo para dicho cargo. Tales hechos demuestran dos aspectos: por un lado, que Colombia es considerado por sus pares como un país de suma importancia en la ecuación estratégica suramericana, y por otro, que Colombia entiende que sus fronteras porosas y permeables –por la dificultad de ejercer el control sobre una geografía adversa– hace imprescindible la necesidad de fortalecer –y no diluir– la cooperación en este ámbito, sobre todo por el dilema que plantea la presencia de grupos armados irregulares y el narcotráfico, cuyo accionar no respeta las fronteras nacionales, sirviéndose de esa misma porosidad para el logro de sus objetivos delictivos.
En materia de defensa, el organismo con el que cuenta la UNASUR es el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), como foro de diálogo político dirigido a consolidar la región como zona de paz y construir una identidad estratégica suramericana a partir de medidas de confianza mutua tales como la transparencia del gasto militar y otras actividades de cooperación entre los países que integran la UNASUR.(19) En este ámbito multilateral estrictamente suramericano, Colombia ha sido de los primeros países en entregar información sobre sus gastos militares y, en el marco del Plan de Acción del organismo, mantiene una activa participación junto a Argentina, Chile, Brasil, Perú y Venezuela, encauzando temas tales como desminado humanitario, planeamiento y Derecho Internacional Humanitario. Colombia también ha logrado que este organismo apoye el rechazo a “la presencia y acción de los grupos armados al margen de la ley, que ejerzan o propicien la violencia cualquiera sea su origen”(20) mediante su incorporación a los principios que orientan la Declaración de Santiago de Chile, firmada en ocasión de la primera reunión del CDS en 2009.
Conclusiones
El acercamiento de Colombia a la OTAN se proyecta bajo un contexto de armonización de sus relaciones exteriores con los Estados suramericanos, no sólo a nivel bilateral con los países vecinos, sino también en el marco de la UNASUR. En tal sentido, el pragmatismo que caracteriza a la diplomacia colombiana podría ocasionar dificultades al interior de la alianza suramericana, en caso de profundizarse la cooperación militar con los países del Tratado del Atlántico Norte.
El presidente Santos ha logrado superar con éxito la desconfianza que el tradicional alineamiento con los Estados Unidos había generado en los países de la región, principalmente con aquellos vecinos que orientan su discurso en forma contestataria a la influencia estadounidense, como Ecuador y Venezuela. Esta cuestión quedó claramente evidenciada con la firma del acuerdo de defensa con los Estados Unidos para el empleo conjunto de siete bases militares en 2009. No obstante ello, el acercamiento con la OTAN que propició Santos reinstaló la preocupación en tales Estados. Si bien los gobiernos de la región respetan categóricamente el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, aceptándose que la suscripción de acuerdos con otros países es una prerrogativa soberana, la presencia de fuerzas militares extra-regionales constituye un tema de alta sensibilidad para Suramérica. La posibilidad de una presencia militar norteamericana o de la OTAN se sumaría a los resabios del colonialismo remanente en la región; como la ocupación militar de las Islas Malvinas. En tal contexto es posible entender que, ya entrados en el siglo XXI y cuando estratégicamente se pone en agenda la importancia de garantizar la defensa de los recursos naturales de una región extremadamente rica y diversa como la suramericana, sean las prácticas de poder duro de los países imperiales el principal objeto a cuestionar. La región suramericana ha logrado consolidar además una verdadera zona de paz, y los entendimientos en materia de seguridad y defensa han avanzado positivamente como nunca antes en la historia. Frente a este escenario, es comprensible que el acercamiento de Colombia a la OTAN genere suspicacias. Como lo expresó en su oportunidad el Ministro de Defensa del Brasil, Celso Amorim: “respetamos la soberanía de los países pero vemos con preocupación un acercamiento de un país miembro de la Unasur y del Consejo de Defensa Suramericano con una alianza defensiva militar extra regional.”(21)
Santos intentó disipar tales desconfianzas admitiendo que el acuerdo firmado con la OTAN no implica “en ningún caso […] la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, y tampoco la membresía de Colombia a esta Organización.”(22) Asimismo, debe destacarse que el acuerdo suscripto es público, lo que da cuenta de la intención del gobierno colombiano de transparentar a sus pares de la UNASUR las gestiones con la OTAN. Tal hecho da cuenta que Santos no prevé distanciarse de la región, lo cual exhibiría una dinámica pendular entre dos tableros estratégicos: el regional y el mundial. La reciente reelección de Santos por otro periodo de gobierno seguramente facilitará la implementación de esta estrategia.
A nivel regional, Colombia buscaría proyectar un perfil conciliador y pragmático que le permita avanzar en cuestiones de interés nacional, principalmente porque la concreción de un acuerdo de paz con las guerrillas traerá nuevos desafíos para la seguridad de Colombia, en tanto que las dinámicas delictivas trasnacionales no desaparecerán a pesar de lograr el fin del conflicto armado interno. Tales desafíos requerirán de acciones coordinadas a nivel subregional, particularmente con los países vecinos de Colombia.
A nivel mundial, un acercamiento con la OTAN permitirá que Colombia proyecte sus Fuerzas Armadas en operaciones militares donde podrá desplegar sus capacidades de guerra antisubversiva, bajo el auspicio de los Estados Unidos, su principal aliado estratégico.
La clave será si Colombia podrá manejar con éxito una estrategia pendular entre dos bloques con agendas divergentes en materia de defensa: por un lado la OTAN, que exhibe una actitud estratégica de características ofensivas, con una tendencia a incorporar las funciones tradicionales de defensa colectiva con nuevos desafíos, tales como el terrorismo y el crimen organizado, incluso en escenarios externos a la Alianza. Y por otro lado, la agenda del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR, cuyas premisas dirigidas a consolidar la zona de paz suramericana se materializan a partir de la separación de las dinámicas delictivas de la esfera de actuación de las Fuerzas Armadas –a pesar de las diferencias existentes en algunos marcos nacionales–, desde una doctrina netamente defensiva y opuesta a las prácticas intervencionistas y a la proyección unilateral de poder militar de un país por encima de otro.
De esta manera, la estrategia pendular colombiana seguramente generará desafíos al proceso de integración suramericano. Sin dudas, pronto se formalizará la asociación de Colombia con la OTAN, bajo un esquema de cooperación como el que hoy poseen Australia, Japón y Nueva Zelandia, entre otros socios alrededor del planeta.(23) Tal momento representará un dilema para los países de la UNASUR, en tanto contrastará las diferencias que posee Colombia con el resto de los países que integran el bloque suramericano.
Por: Lic. Silvina Sol Gastaldi. Comentarista Invitada del Consejo de Asuntos Hemisféricos.
(1)“Santos acordó con la OTAN y abrió la polémica”, 04 de junio de 2013. Página 12, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-221509-2013-06-04.html
(2) “Colombia suscribirá acuerdo de cooperación con la OTAN, con miras a ingresar a esta organización”, 01 de junio de 2013. Sistema Informativo del Gobierno, Presidencia de la República, en http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Junio/Paginas/20130601_04-Presidente-Santos-anuncia-suscripcion-de-acuerdo-de-cooperacion-con-la-OTAN-con-miras-a-que-Colombia-ingrese-a-.aspx.
(3) Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre cooperación y seguridad de la información, disponible en http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/AdjuntosTratados/78f8d_OTAN_B-ACUERDOCOOPSEGURIDADYINFORMACION2013-TEXTO.pdf
(4) En la década de los noventa, Argentina fue declarada como Aliado importante extra-OTAN –major non-NATO ally– por su contribución y apoyo a las misiones desarrolladas en los Balcanes. No obstante, debe aclararse que está designación es realizada sólo por el gobierno de los Estados Unidos con el propósito de orientar su asistencia militar, por lo que no implica una mayor asociación o compromiso estratégico con la OTAN.
(5) Russell, R. y Calle, F. (2009). La ‘periferia turbulenta’ como factor de la expansión de los intereses de seguridad de Estados Unidos en América Latina”, en HIRST, Mónica (comp.), Crisis del estado e intervención internacional. Buenos Aires: Edhasa.
(6) Russell, R. y Calle, F. op.cit.
(7) Quadrennial Defense Review Report, 2006. Departamento de Defensa, disponible en http://www.defense.gov/qdr/report/report20060203.pdf
(8) Command Strategy 2016 “Partnership for the Americas”, United States Southern Command, en http://www.fes-seguridadregional.org/images/stories/docs/3813-001_g.pdf
(9) En la Estrategia del Comando Sur 2018 se mantiene este objetivo, pero ya no figura en la correspondiente al 2020.
(10) Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de la república de Colombia y de los estados unidos de América. Disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2040%20Comunicado%2017%20de%20agosto%20de%202010.php
(11) White Paper, Air Mobility Command, Global en Route Strategy. Disponible en http://www.au.af.mil/awc/africom/documents/GlobalEnRouteStrategy.pdf
(12) Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de la república de Colombia y de los estados unidos de América.Op. Cit.
(13) Russell, R. y Calle, F. op.cit. Sería congruente señalar que, en forma similar, el acuerdo firmado con la OTAN establece compromisos diferentes entre las partes. Así, el artículo 2º dispone que “el Gobierno de Colombia acepta el compromiso de hacer que todos sus connacionales quienes, en desarrollo de sus funciones oficiales, requieran o puedan tener acceso a información o material intercambiado de acuerdo con las actividades de cooperación aprobadas por el Consejo del Atlántico Norte, hayan sido investigados y aprobados en materia de seguridad antes de que obtengan acceso a dicha información y material”. Nótese que el mismo trato no se establece respecto a los “connacionales” de la OTAN en ningún articulado del Acuerdo.
(14) Colombia Action Plan on Regional Security Cooperation, 15 de abril de 2012. Media Note, Office of the Spokesperson, Washington, DC, disponible en http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/04/187928.htm
(15) Es importante destacar que el actual proceso de paz iniciado en noviembre de 2012 parece transitar por buen camino: en agosto de ese año, con la participación de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes, se firmó el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Con la voluntad mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz, se acordó una agenda de cinco puntos que prioriza, entre otros asuntos, la reintegración futura en la vida política de los grupos desmovilizados, el desarrollo agrario integral con acceso y uso de la tierra, la solución al problema de las drogas ilícitas, el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado y el definitivo cese al fuego. Las negociaciones, hasta la fecha, se encuentran por el cuarto punto de la agenda, indicando que la consecución de un eventual acuerdo podría producirse en un periodo relativamente breve.
(16) “Colombia enviará tropas a misiones de la ONU cuando firme la paz con la guerrilla”, 10 de octubre de 2014. Reuters América Latina, disponible en http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN0HZ1RD20141010
(17) “EE.UU se ofrece como gran aliado en transición a la paz de FF.AA. colombianas”. 10 de octubre de 2014. El Heraldo. Disponible en http://www.elheraldo.co/nacional/eeuu-se-ofrece-como-gran-aliado-en-transicion-la-paz-de-ffaa-colombianas-169529
(18) Ver http://www.cidh.org/annualrep/2010sp/EC-CO.PI-02ADM.SP.doc
(19) Borda, Sandra (2009). Desafíos y oportunidades de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). En Documentos Cries, Nº 18. Disponible en http://www.cries.org/wp-content/uploads/2013/07/DOC18-web.pdf
(20) Declaración de Santiago de Chile, Consejo de Defensa Suramericano, Marzo 2009. Disponible en http://www.comunidadandina.org/unasur/10-3-09com_defensa.htm. Debe aclararse que la cuestión del narcotráfico, una de las principales preocupaciones de Colombia al igual que el resto de los países suramericanos, es tratada por otro organismo regional, el “Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas”, dedicado a coordinar acciones entre los países miembros de la UNASUR relativas a la problemática de las drogas ilícitas, desde un enfoque que prioriza la salud pública, evitando así la securitización del problema. Es así que el tema del narcotráfico fue incorporado al “Consejo Suramericano de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional” de la UNASUR, que se destaca por un abordaje netamente policial de la temática, en desmedro del recurso al empleo de las Fuerzas Armadas para estos asuntos.
(21) Croda, Rafael (2013). “Colombia-OTAN: Un acuerdo incómodo”. 12 de julio, Prisma Internacional. Disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=347282
(22) Documento del Ministerio de Defensa Nacional, Colombia. Disponible en http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Agenda%20Legislativa/Proy_ley_acuerdo_OTAN.pdf
(23) Al respecto, es pertinente mencionar un informe de prensa de la OTAN, en el que se señala que “the Agreement is a first step toward Colombia being considered as a NATO partner”. Ver “NATO and Colombia discuss future of cooperation”. 19 de marzo de 2014. Disponible en http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_108117.htm
Si le gustaría contactarse con COHA sobre su más reciente análisis, le invitamos a enviar su mensaje a nuestro correo [email protected]. También le recomendamos de subscribirse a nuestro boletín electrónico y seguirnos vía nuestras cuentas sociales. Ésta es una contribución gratuita producida por el Consejo de Asuntos Hemisféricos. Si desea republicarla, por favor ponga nuestra información institucional. Los derechos exclusivos pueden ser negociados.