Dime con Quién Andas y te Diré Quién Eres: Como los Estados Unidos Permite Abusos de Derechos Humanos en Honduras

Escrito por Jessica Farber, Analista del Consejo de Asunto Hemisféricos

Traducido al español por Jordan Bazak, Analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos

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En un artículo de opinión que apareció en el New York Times  el 11 de agosto, titulado “How the Most Dangerous Place on Earth got Safer” (Como el lugar más peligroso del mundo se convirtió más seguro), Sonia Nazario retrata una imagen equivocada de Honduras como un país que fue arrasado por la violencia pero, desde entonces, ha sido rescatado y ahora está estable gracias a la ayuda de los Estados Unidos.[i] Por un lado, la autora recalca un punto importante, algunos de los programas anti-violencias financiados por el E.E.U.U. están funcionando. El enfoque de fortalecer el capital humano y la justicia social es un componente positivo adicional a las medidas de seguridad que han caracterizado las intervenciones estadounidenses del pasado. Lo que la autora obvia mencionar es que una enorme porción de la asistencia estadounidense es canalizada al gobierno hondureño a través de un ejército y policía corruptos, los cuales llevan a cabo violaciones de derechos humanos contra la ciudadanía. Dado el número creciente de casos de activistas asesinados con impunidad bajo el gobierno de derecha— cuyo poder los Estados Unidos ayudó a consolidar después del golpe de estado contra el presidente elegido democráticamente, Manuel Zelaya— los fondos enviados a Honduras merecen más escrutinio.

Una Estrategia Contradictoria

Como Nazario reconoce, el retiro de todo el financiamiento para Honduras sería perjudicial porque interrumpiría iniciativas locales para la prevención de violencia que han tenido éxito. Los programas de prueba que la autora describe, en los cual la Agencia de Desarrollo Internacional de los E.E.U.U. (U.S.A.I.D.) trabaja con líderes de la comunidad para involucrar y aconsejar a pandilleros y otros jóvenes en riesgo, son innovadores y ejemplares. Con tales programas, los Estado Unidos parece entender que el intensificar las medidas de seguridad para matar a los miembros de las maras no hace nada más que echar leña al fuego. Nazario enfatiza bien la necesidad de enfrentar a los factores estructurales de largo plazo detrás de la violencia pandilleril y aboga por la implementación de más programas de esta variedad en todo Centroamérica. Además, en “negación fuerte contra las crecientes políticas aislantes de los Estados Unidos,” Nazario subraya el impacto positivo que el gasto de E.E.U.U podría tener tanto para los estadounidenses – en términos de reducir el influjo de migrantes – como para las poblaciones marginadas de los países en desarrollo.[ii] El Consejo de Asuntos Hemisféricos, un viejo proponente de programas de justicia social, aplaude a Nazario por sus buen intenciones.[iii]

Mientras Nazario no se equivoca sobre las iniciativas estadounidenses que están dando buenos resultados, aún es demasiado temprano declarar que los esfuerzos de los E.E. U.U. son la causa de una Honduras mucho más seguro. Al contrario, tal posición ignora las raíces complejas de la violencia en Honduras y hace cuestionar si la autora no está intentando ofuscar la complicidad de los Estado Unidos en la violencia que aún existe en el país. Como menciona Nazario, el crimen y la violencia son problemas grandes que aun azotan a la sociedad hondureña, pero la periodista atribuye la mayoría de la culpa a las pandillas, narcotraficantes y otros grupos criminales contra los que el gobierno de Honduras necesita ayuda para lidiar. Sin embargo, para contribuir de manera verdadera al desarrollo amplio y sostenible de Honduras, es esencial que los E.E.U.U. comprenda que mucha de la violencia perpetrada, como docenas de asesinatos de activistas que no han sido investigados, tienen motivos políticos y son llevados a cabo por el ejército y la policía. El artículo de Nazario distrae efectivamente al lector del pésimo record de derechos humanos del gobierno y su papel en perpetuar el problema por permitir que el 98 por ciento de los crímenes no hayan sido esclarecidos.[iv] Marselha Gonçalves Margerin, de Amnistía Internacional, dijo recientemente al Radio Publico Nacional (NPR) que “el gobierno de los E.E.U.U. ha tratado a gobiernos (Centroamericanos) como víctimas del crimen organizado y no los ha considerado responsables por cómo están fallando en la protección de sus ciudadanos.”[v]

Berta Cáceres: Un Símbolo de la Impunidad

Este año, la colaboración entre actores privados, el ejército, y el gobierno en Honduras, fue puesto en la atención internacional. El asesinato de la activista Berta Cáceres hace seis meses solo es la punta del iceberg en cuanto a las violaciones de derechos humanos a largo de los últimos siete años. Su muerte, no obstante, es la “smoking gun” (pista decisiva) prueba que hace imposible que los E.E.U.U. se haga de vista gorda a la culpabilidad del gobierno hondureño en las violaciones de los derechos humanos.

Justo antes de la medianoche el 2 de marzo de este año, Berta Cáceres, de 44 años, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada a bala en su casa. Durante los meses que precedieron a su muerte, Berta dirigía una campaña pacifica, pero bien conocida que buscaba prevenir la construcción de la represa de Agua Zarca en un rio sagrado para los Lenca, una población indígena. Mientras el gobierno tenía conocimiento de las amenazas a su vida, y fue urgido múltiples veces por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a protegerla, queda obvio que cualquier protección que le ofreció no fue suficiente. Dada la fama de Berta como ganadora del Premio Ambiental Goldman (2015) y como una líder inspiradora de un movimiento para preservar los derechos indígenas, su muerte ha demostrado a activistas en todas partes de Honduras que nadie está seguro.

La respuesta del gobierno hondureño a la muerte de Cáceres fue inadecuada y emblemática de la manera en que lidia con violaciones de derechos humanos contra sus críticos. En vez de entrevistar inmediatamente a una de las 33 compañías de construcción a las que Berta había denunciado por amenazas de muerte, el gobierno interrogó a individuos dentro de su propia organización. No fue hasta el 2 de mayo, dos meses después del asesinato, que el gobierno abrió una investigación “comprensiva” para encontrar a los culpables.[vi]

El estado inició Operación Jaguar mayormente por el escrutinio internacional creciente sobre su inacción. Este resultó en las detenciones de cinco personas. No sorprendente, dos de los individuos acusados fueron vinculados a la compañía construyendo la represa de Agua Zarca, Desarollos Energéticos S.A. (DESA), dos más eran militares actuales y un quinto era oficial jubilado del ejército. No obstante, la evidencia indica que los asesinos no planearon el ataque solos y que recibieron órdenes del estado.[vii] En un artículo previo, COHA se ha referido a Operación Jaguar como una “investigación falsa” que “no fue diseñado para servir a la justicia” sino una “estrategia para proteger los autores intelectuales del asesinato.[viii]

Lo que la investigación sí reveló fue la “colusión obvia entre los intereses privados vinculados a DESA, miembros activos del ejército hondureño, y la administración corrupta,” según la analista de COHA, Emma Tyrou.[ix] Un artículo publicado por el periódico británico, The Guardian, en julio, expuso más prueba de los lazos del estado atados al asesinato. También se divulgó testimonio de ex-sargento, Rodrigo Cruz, sugiriendo que el nombre de Berta había aparecido en una “lista de amenazados de muerte.” “Estoy seguro, 100 por ciento, que Berta Cáceres fue asesinada por las Fuerzas Armadas,” dijo al periódico.[x] La reticencia del gobierno a entrevistar al único testigo ocular—activista mexicano Gustavo Soto, también una víctima del ataque—como su atribución preliminar del crimen a un robo fracasado, implica el papel probable del estado en subvertir la investigación.[xi]

En los síes meses desde la muerte de Berta, la administración de Juan Orlando Hernández ha ignorado de manera constante las apelaciones de su familia y de la comunidad internacional que piden permitir una investigación independiente.  Como rama de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH es el único órgano que puede crear una comisión de expertos independientes para llevar a cabo una investigación imparcial.[xii] “El estado hondureño está demasiado vinculado con la muerte de mi madre como para realizar una investigación independiente,” dijo Laura Cáceres, la hija más joven de Berta, a The Guardian el mayo pasado.[xiii] “Es el gobierno quien otorgó el contrato de la represa y que mandó a los militares y los policías que, trabajando como guardas privadas de DESA, amenazaron a mi madre.”[xiv] Hasta la fecha, el estado ha rechazado permitir investigadores del CIDH entrar el país, implicando que hay algo para esconder.[xv]

Como el aliado más cercano y el donante bilateral más grande del gobierno hondureño, los Estados Unidos está en la posición de presionar al Presidente Hernández a hacer algo sobre el estado de los derechos humanos en su país. Al menos, tal presión podría persuadir a permitir una investigación independiente del asesinato de Cáceres.

El dudoso papel del gobierno en el caso de Berta Cáceres ilustra la naturaleza controversial de la asistencia estadounidense al país. Sin embargo, el asesinato de Berta no es un incidente aislado y Washington no puede interpretarlo así. Ella es solo un ejemplo de los cientos de activistas acosados y asesinados por el gobierno, las Fuerzas Armadas y la policía. Justo unos días después de la muerte de Berta, el activista ecológico Nelson García fue asesinado y, en julio, Lesbia Yaneth Garcia, otra empleada de COPINH, fue encontrada muerta con una lesión provocada por un machete en su cráneo. Por lo menos un militar y otro hombre que trabajaban en el proyecto hidroeléctrico, contra el cual Lesbia protestaba, han sido vinculados a su muerte.[xvi] La ONG Global Witness reportó recientemente que Honduras es el segundo país más peligroso para los activistas, y el periódico español El País describió la nación como “un campo de muerte para los ecologistas.”[xvii] Por lo tanto, mientras el número total de homicidios ha ido disminuyendo en los últimos años (como nota bien Nazario), el número de activistas asesinados ha aumentado. Desde 2010, 114 ambientalistas han sido asesinados en Honduras.[xviii] Y los defensores del medio ambiente no están solos; cualquier persona que exprese su oposición al estado, se enfrenta a un peligro similar. Según el Comisionado Nacional Derechos Humanos (CONADEH), 43 periodistas fueron asesinados entre 2010 y 2014, y solo doce de estos casos han sido procesados al final de esos años.[xix] La CIDH recibió reclamos sobre las muertes de 86 abogados y 22 defensores de derechos humanos durante el mismo periodo.[xx] El Informe Mundial 2016 de Human Rights Watch también estableció que los activistas de derechos de campesinos y de la comunidad LGBTQ han sido víctimas de cientos de atentos que no han sido investigados.[xxi] En esencia, es imposible expresar el descontento con el gobierno sin convertirse en blanco del estado.

Hacia un Honduras más Seguro

El aumento de los asesinatos de activistas puede ser remontado al periodo justo después del golpe de estado en 2009 contra el Presidente Manuel Zelaya. Zelaya había apoyado a campesinos rurales y movimientos ecológicos, como el de Berta, en su lucha contra la expropiación y la minería. No obstante, después de 2009, el nuevo gobierno, dirigido por Porfirio Lobo, cortó las asistencias a programas sociales, retrotrajo las reformas agrarias progresivas, e intentó atraer inversiones extranjeras para la construcción de infraestructura. Declaró en 2011 que Honduras estaba “abierto para el negocio.”[xxii] Alentado por los E.E. U.U., los recientes gobiernos de derecha han conseguido otorgar concesiones mineras y contratos de construcción a compañías extranjeras, desplazando muchas comunidades indígenas en el proceso.[xxiii] Estas políticas han convertido a los activistas de los derechos de indígenas y campesinos – quienes sostienen que las comunidades afectadas no fueron consultadas legalmente por las empresas internacionales – en opositores políticos del gobierno.[xxiv] Como Greg Grandin informó en The Nation, “desde la salida de Zelaya, había un asalto total contra estas personas decentes—tortura, asesinato, militarización del campo, leyes represivas, la prohibición absoluta de la pastilla contraceptiva, la subida de fuerzas paramilitares, y  el traspaso de la tierra y los recursos a los saqueadores transnacionales.”[xxv]

Mientras la evidencia existente no resulta suficiente para probar la participación del E.E.U.U. en el golpe, ya es claro que el Departamento de Estado, dirigido por Hillary Clinton, fue un jugador clave en legitimar el nuevo gobierno y previendo a Zelaya postularse para reelección. Aunque la administración de Obama inicialmente criticó a los líderes del golpe que puso en poder a Roberto Michelletti, los Estados Unidos fue el primer país en reconocer el nuevo gobierno de Lobo después de las elecciones de 2009.[xxvi]  Este reconocimiento fue otorgado pese al hecho que todos los candidatos opositores boicotearon las elecciones y los observadores internacionales se retiraron del país.[xxvii] Mientras la Asamblea General de ONU llamó para la “restauración inmediata e incondicional de Zelaya,” y la Unión de Naciones Suramericanos (UNASUR) se negó a reconocer los resultados de las elecciones, el Departamento del Estado de E.E.U.U. obstruyó una resolución de la OEA que condenara al golpe.[xxviii] Al contrario,  Washington elogió a Lobo por “restaurar la democracia” y promover “la reconciliación nacional.”[xxix]

Tal vez poco sorprendente, los E.E.U.U. sigue quedándose quieto mientras el estado de derecho en Honduras deteriora. Al mismo tiempo que el secretario de estado y candidato presidencial actual Hillary Clinton continúa desviando crítica de su participación en el golpe, y su compañero electoral, Tim Kaine, promociona su tiempo en Honduras cuando era estudiante como los ochos meses más importantes de su formación, el gobierno estadounidense mantiene su compromiso a sostener los actores que perpetúan la injusticia. Desde 2009, los E.E.U.U. han enviado $200 millones de dólares en asistencia directa a las fuerzas armadas y policiales hondureñas con el propósito de acabar con el crimen y el narcotráfico.[xxx] Pero este dinero solo ha permitido que el estado y el ejército mantenga el status quo, el cual es caracterizado por la represión violenta de sus ciudadanos. Describir tal asistencia como una contribución heroica que hace a Honduras más seguro es un análisis superficial. Su error es enfocarse en el papel de gastos no militares en vez de los asignados a las Fuerzas Armadas. El año pasado, el Congreso aprobó $750 millones de dólares para el Plan de Alianza para la Prosperidad (APP) para ser administrados por los gobiernos de E.E.U.U., Guatemala, Honduras y El Salvador. El plan apunta a abordar los factores que impulsan la violencia en el Triángulo Norte. Como ha sido analizado en artículos previos de COHA, el APP podría ser, en teoría, beneficioso, pero un llamativo 60 por ciento de los fondos a Honduras irán a las Fuerzas Armadas.[xxxi]  Ya queda por verse como la falta de condiciones afectarán esta asistencia en práctica.[xxxii]

Con tanto dinero invertido en el entrenamiento de fuerzas de seguridad, los Estados Unidos no pueden ignorar la creciente evidencia que el ejército está detrás de los recientes asesinatos. Fusina, una de las unidades militares que recibió la lista de amenazados a muerte con el nombre de Berta Cáceres, recibe capacitación del Cuerpo de Marineros y del F.B.I..[xxxiii]

La policía también está llena de corrupción. Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso de Honduras estima que 40 por ciento de la fuerza policial está involucrada en el crimen organizado.[xxxiv] Además, Human Rights Watch reporta que “el uso de fuerza letal por la policía nacional es un problema crónico… Investigaciones de abusos policiales son arruinadas por la corrupción e ineficacia… e impunidad es la norma.”[xxxv] Aún más preocupante, los asesinatos de dos investigadores hondureños—quienes investigaban los lazos entre narcotraficantes, policías, y líderes del crimen organizado—fueron vinculados a oficiales de cargos altos en la policías según documentos filtrados.[xxxvi] Por supuesto, el gobierno ha refutado enérgicamente las acusaciones que el estado o el ejército tienen un rol en las violaciones de los derechos humanos.[xxxvii] Siguiendo las declaración del presidente Hernández, el portavoz del departamento de estado, John Kirby, sostuvo que no “hay alegaciones creíbles de violaciones claras de derechos humanos” en Honduras. [xxxviii]

Entonces: ¿Por qué los Estados Unidos apoya tan fuertemente al estado de Honduras a pesar de toda la evidencia que indica que se está permitiendo a sus ciudadanos ser asesinados con impunidad? La repuesta está basada en la importancia militar y económica del país centroamericano. Honduras alberga la única base de la Fuerza Aérea estadounidense entre Sudamérica y los Estado Unidos y, desde la Guerra de las “Contras” en Nicaragua en los años 80, la nación ha servido como un núcleo regional para operaciones militares.  Corporaciones de los E.E.U.U. tienen activos extensivos en la minería, poder hidroeléctrico y otras industrias incluyendo las bananas (con Dole y Chiquita), la ropa y la automotriz. Además, de todos los gobiernos centroamericanos, el de Honduras es el más alineado con el de E.E.U.U.

La Presión Pública Crece dentro del E.E.U.U.

Aparte de las tres hijas de Berta Cáceres, quienes han recorrido el mundo en meses recientes llamando a la presión internacional sobre el gobierno de Honduras, también organizaciones internacionales, grupos de la sociedad civil, y legisladores de E.E.U.U. han urgido a la administración de Obama que aproveche de la dependencia de Honduras en su asistencia y demande justicia. Desde 2009, en conjunto con evidencia creciente que los Estados Unidos está financiando un régimen criminal cuya conspiración con intereses privados ya está bien documentada, la presión sobre el gobierno de E.E.U.U. ha aumentado. En 2010, treinta legisladores enviaron una carta a la secretaria de estado Hillary Clinton, pidiendo a la administración que acabe el financiamiento al estado hondureño hasta que la cultura de impunidad sea eliminada.[xxxix]

Después de años de presión similar al departamento de estado, incluyendo otra carta de Congresistas dirigida a John Kerry el año pasado, la oposición llegó a su punto más alto este verano después de la muerte de Berta. En junio y julio, una campaña pública llamada “Stop Aid to Honduras” (Alto a la Ayuda a Honduras) ganó terreno en los E.E.U.U. citando como base legal la ley de Leahy. Bajo esta ley, se prohíbe a la rama ejecutiva contribuir fondos a una fuerza armadas extranjera cuando hay “evidencia creíble de abusos de los derechos humanos.”[xl] A los E.E.U.U. también se le prohíbe  proveer fondos a un gobierno instituido por un golpe militar.[xli] A pesar del correo electrónico expuesto por Wikileaks, en que el embajador estadounidense sostuvo a Honduras que la derroca de Zelaya sin duda “constituyo un golpe ilegal e inconstitucional,” la administración de Obama ha evitado llamarlo un golpe militar por permitir que la asistencia siga.[xlii]

El 14 de julio, Henry C. Johnson (demócrata de Georgia) propuso el proyecto de ley “Berta Cáceres Human Rights Act, que ofrece la oportunidad a E.E.U.U. responsabilizar al gobierno de Honduras por sus acciones. La ley cesaría toda la asistencia a Honduras para operaciones militares, entrenamiento y armas hasta que el gobierno lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre las muertes de activistas que han sido vinculadas con la policía e ejército.[xliii] Esto es el proyecto de ley a que se refiere Nazario en su artículo, clasificándola como “un ataque de la izquierda.” Aunque reconoce que las preocupaciones son legítimas, sostiene que su promulgación “sería un error,” debido a los programas convenientes de la prevención de violencia que manejan la policía.

Conclusión

Por la relación fuerte entre los E.E.U.U. y Honduras, Washington tiene la responsabilidad con el pueblo hondureño de hacer un compromiso serio para acabar con la crisis actual de los derechos humanos. Solo proveer al gobierno fundos para que se “arregle a sí mismo” no será suficiente. Es hora que los E.E.U.U. reconozca que está siendo cómplice al apoyar un régimen criminal, y parar toda la asistencia al ejército y a la policía hasta que el gobierno pueda probar su compromiso a la justicia. Cuando esto ocurra, los E.E.U.U. podría seguir con programas beneficiosos como los que menciona Nazario en su artículo. Pero antes, los defensores de derechos humanos y ecológicos seguirán enfrentándose al gran peligro a manos del gobierno que no tiene ningún incentivo de protegerlos. En las palabras propias de Berta Cáceres, en su discurso de aceptación del premio Goldman 2015, “Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo.”

Escrito por Jessica Farber,Analista del Consejo de Asunto Hemisféricos

Traducido al español por Jordan Bazak, Analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos

Investigación original sobre Latinoamérica por COHA. Ésta es una contribución gratuita producida por el Consejo de Asuntos Hemisféricos. Si desea republicarla, por favor ponga nuestra información institucional. Los derechos exclusivos pueden ser negociados.

Fotografía presentada: Crowd. Descargada de Flickr.

[i] Nazario, Sonia. “How the Most Dangerous Place on Earth got Safer.” 11 August 2016. New York Times. Accessed 26 August 2016. http://www.nytimes.com/2016/08/14/opinion/sunday/how-the-most-dangerous-place-on-earth-got- a-little-bit-safer.html

[ii] Ibid.

[iii] Farber, Jessica. “War in Peace: Exploring the Roots of El Salvador’s Gang Violence.” 18 July 2016. Council on Hemispheric Affairs. Accessed 26 August 2016. https://coha.org/war-in-peace-exploring-the-roots-of-el- salvadors-gang-vio-lence/

[iv] Farr, Sam. “Obama Asked to Curtail Assistance to Honduras.” 19 October 2010. The North American Congress on Latin America. Accessed 26 August 2016. https://nacla.org/news/obama-asked-curtail-assistance-honduras

[v] Gonsalves Margerin, Marcelha. “Seeking Justice after the Murder of Honduran Activist Berta Cáceres.” National Public Radio. 27 April 2016. Accessed 26 August 2016. http://www.wnyc.org/story/seeking-justice-after-murder- honduran-activist-berta-caceres/

[vi] “Una amplia y exhaustiva investigación basada en métodos técnicos y científicos,” statement issued by the Public Ministry of Honduras, published on social media by the Honduras media TN5 Estelar. May 2, 2016. Accessed July 7, 2016.

[vii] Lakhani, Nina and Ed Pilkington. “US investigating allegations Honduran military had hitlist of activists to target.” 8 July 2016. The Guardian. Accessed 26 August 2016.

[viii] Tyrou, “The Symbol of Berta Cáceres Continues to Expose Criminal Coup Regime and its Deadly Extracgive Formula for Honduras.” 12 July 2016. The Council on Hemispheric Affairs. Accessed 26 August 2016. https://coha.org/the-symbol-of-berta-caceres-continues-to-expose-criminal-coup-regime-and-its-deadly- extractive-formula-for-honduras/#_ftn11

[ix] Tyrou, Emma. “Justice for Berta Cáceres: Yet Another Murder Proves that Death and Impunity Prevail.” 11 July 2016. Washington Report on the Hemisphere, vol. 36, issue 11. Accessed 26 August 2016.

[x] Lakhani, Nina. “Berta Cáceres’ name was on Honduran military’s hitlist, says former soldier.” 21 June 2016. The Guardian. Accessed 26 August 2016. https://www.theguardian.com/world/2016/jun/21/berta-caceres-name- honduran-military-hitlist-former-soldier

[xi] Birss, Moira and Gustavo Castro-Soto, “In Crisis, we Find Hope.” 28 April 2016. The North American Congress on Latin America. Accessed 26 August 2016. http://nacla.org/news/2016/04/28/crisis-we-find-hope

[xii] Oscar Arias Sánchez to President of the Republic of Honduras Juan Orlando Hernández. April 27, 2016. Accessed 26 August, 2016. http://bertacaceres.org/wp-content/uploads/2016/04/Ex-Costa-Rican-president-and-Nobel-Peace- Prize-winner-Oscar-Arias-urges-JOH-to-allow-IACHR-investigation.pdf

[xiii] Lakhani, Nina. “Berta Cáceres murder: four men arrested over Honduran activist’s death.” 2 May 2016. The Guardian. Accessed 26 August 2016. https://www.theguardian.com/world/2016/may/02/berta-caceres-murder-four- men-arrested-honduras

[xiv] Ibid.

[xv] Blitzer, Jonathan. “Should the U.S. Still be Sending Aid to Honduras?” 17 August 2016. The New Yorker. Accessed 26 August 2016. http://www.newyorker.com/news/news-desk/should-the-u-s-still-be-sending-military-aid- to-honduras

[xvi] Associated Press. “ Police in Honduras arrest three in slaying of activist.” 13 July 2016. The Los Angeles Times. Accessed 26 August 2016. http://www.latimes.com/world/la-fg-honduras-activist-arrest-20160713-snap-story.html

[xvii] “New Data on the Murder Rate of Environmental and Land Activists in Honduras, the Highest in the World.” 4 March 2016. Global Witness. Accessed 26 August 2016. https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global- witness-releases-new-data-murder-rate-environmental-and-land-activists-honduras-highest-world/

[xviii] Planas, Roque. “U.S. Aid to Honduras in Doubt after Killings of Activists.” 11 August 2016. The Huffington Post. Accessed 26 August 2016. http://www.huffingtonpost.com/entry/honduran-aid-activist- killings_us_57acf39fe4b007c36e4dec10

[xix] “The World Report 2016: Events in Honduras in 2015.” The Human Rights Watch . Accessed 26 August 2016. https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/honduras

[xx] Ibid.

[xxi] Ibid.

[xxii] “Honduras is Open for Business.” 26 July 2011. The Council on Hemispheric Affairs. Accessed 26 August 2016. https://coha.org/honduras-is-open-for-business/

[xxiii] Carasik, Lauren. “Blood in Honduras, Silence in the United States.”16 July 2016. Boston Review. Accessed 26 August 2016. http://bostonreview.net/world-us/lauren-carasik-blood-honduras-silence-united-states

[xxiv] Isacson, Adam, and Sarah Kinosian. “Which Central American Military and Police Units Get the Most U.S. Aid?” Washington Office on Latin America. April 15, 2016. Accessed July 08, 2016. https://www.wola.org/analysis/which-central-american-military-and-police-units-get-the-most-u-s-aid/

[xxv] Grandin, Greg. “The Clinton-Backed Honduran Regime is Picking Off Indigenous Leaders.” 3 March 2016. The Nation. Accessed 26 August 2016. https://www.thenation.com/article/the-clinton-backed-honduran-regime-is- picking-off-indigenous-leaders/

[xxvi] Frank, Dana. “Honduras: Which Side is the US on?” 22 May 2012. The Nation. Accessed 26 August 2016. https://www.thenation.com/article/honduras-which-side-us/

[xxvii] Ibid.

[xxviii] Zunes, Stephen. “The U.S. Role in the Honduras Coup and Subsequent Violence.” 19 June 2016. The Huffington Post. Accessed 26 August 2016. http://www.huffingtonpost.com/entry/the-us-role-in-the-honduras-coup- and-subsequent-violence_us_5766c7ebe4b0092652d7a138

[xxix] Frank, Dana. “Honduras: Which Side is the US on?” 22 May 2012. The Nation. Accessed 26 August 2016. https://www.thenation.com/article/honduras-which-side-us/

[xxx] Blitzer, Jonathan. “Should the U.S. Still be Sending Aid to Honduras?” 17 August 2016. The New Yorker. Accessed 26 August 2016. http://www.newyorker.com/news/news-desk/should-the-u-s-still-be-sending-military-aid- to-honduras

[xxxi] Iesue, Laura. “The Alliance for Prosperity Plan: A Failed Effort for Stemming Migration.” Council on Hemispheric Affairs. 1 August 2016. Accessed 26 August 2016. https://coha.org/the-alliance-for-prosperity- plan-a-failed-effort-for-stemming-migration/

[xxxii] Ibid.

[xxxiii] Isacson, Adam, and Sarah Kinosian. “Which Central American Military and Police Units Get the Most U.S. Aid?” Washington Office on Latin America. April 15, 2016. Accessed July 08, 2016. https://www.wola.org/analysis/which-central-american-military-and-police-units-get-the-most-u-s-aid/

[xxxiv] “Ponce claims 40% of police tied to organized crime.” 21 July 2011. Honduran Weekly. Accessed 26 July 2016. http://www.hondurasweekly.com/joomla-pages-iii/archieved-articles/53-news/national/6730-ponce-claims-40-of- police-tied-to-organized-crime

[xxxv] Frank, Dana. “Honduras: Which Side is the US on?” 22 May 2012. The Nation. Accessed 26 August 2016. https://www.thenation.com/article/honduras-which-side-us/

[xxxvi] Malkin, Elizabeth and Alberto Arce. “Files Suggest Police Leaders Ordered Killing of Antidrug Officials.” 15 April 2016. The New York Times. Accessed 26 August 2016. http://www.nytimes.com/2016/04/16/world/americas/files-suggest-honduras-police-leaders-ordered-killing-of- antidrug-officials.html?_r=0

[xxxvii] “HONDURAS: Government Denies That Military Killed Cáceres” Latin News, June 24, 2016. Accessed July 8, 2016. http://www.latinnews.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=69211&uid=17952&acc=1&Itemid=6&cat_i d=802664 &utm_content=buffer7ec07&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

[xxxviii] “Press Briefing with John Kirby.” 22 June 2016. U.S. Department of State. Accessed 26 August 2016. http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/06/258980.htm

[xxxix] Farr, Sam. “Obama Asked to Curtail Assistance to Honduras.” 19 October 2010. The North American Congress on Latin America. Accessed 26 August 2016. https://nacla.org/news/obama-asked-curtail-assistance-honduras

[xl] Carasik, Lauren. “Blood in Honduras, Silence in the United States.”16 July 2016. Boston Review. Accessed 26 August 2016. http://bostonreview.net/world-us/lauren-carasik-blood-honduras-silence-united-states

[xli] Ibid.

[xlii] “A Selection from the Cache of Diplomatic Dispatches.” 19 June 2011. The New York Times. Accessed 26 June 2016. http://www.nytimes.com/interactive/2010/11/28/world/20101128-cables-viewer.html?hp&_r=0#report/cables- 09TEGUCIGALPA645

[xliii] “H.R. 5474: Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act.” 14 June 2016. Govtrack Accessed 26 August 2016. https://www.govtrack.us/congress/bills/114/hr5474/text