Derechos humanos en peligro: La desnacionalización y Los dominicanos de ascendencia haitiana
Este artículo apareció originalmente en Inglés en el sitio web de la revista del SAIS, especializada en Asuntos Internacionales. Para más informaciones: http://www.saisreview.org/2015/02/20/human-rights-under-threat-denationalization-and-dominicans-of-haitian-ancestry/ La versión española publicada por COHA fue editada ligeramente por cuestión de estilo, y la traducción realizada por los autores.
“Mi vida ha estado paralizada durante más de siete años”, dice sobriamente Elena, una joven de veinticinco años de edad Aunque nació y se crió en la República Dominicana, las recientes reformas legales y judiciales utilizan su ascendencia extranjera como una excusa para revocar su derecho a la nacionalidad dominicana. Al igual que Elena, otros dominicanos de ascendencia haitiana han sido afectados de manera desproporcionada.
Elena se crió en un batey, un pueblo cañero, y tenía que caminar regularmente varios kilómetros para asistir a la escuela secundaria. Sus padres fueron contratados y traídos de Haití para trabajar en el batey antes de que ella naciera. En 2010, cuando ella fue a la oficina del registro civil para obtener la documentación necesaria para asistir a la universidad, dichos documentos le fueron negados porque sus padres eran considerados “extranjeros” por el Estado. Dada la oportunidad, Elena probablemente se habría graduado de la universidad este año. En cambio, actualmente ella está trabajando para pagar los tratamientos médicos de su madre y mantener a su familia. Desde 2007, ella ha pagado innumerables viajes a la capital, Santo Domingo, además de los gastos burocráticos sustanciales exigidos por el sistema médico y legal. La carga financiera y personal significativa a Elena es simplemente un gasto más en conjunto con una serie de leyes contradictorias y perjudiciales implementadas por funcionarios dominicanos.
Sin embargo, la historia de Elena no es única. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ella es una dominicana dentro de una estimación de 210 mil dominicanos de ascendencia haitiana apátridas cuyas vidas y bienestar permanecen suspendidos en un limbo jurídico.[1] Los Dominicanos de ascendencia haitiana han tenido que confrontar una serie de obstáculos para enfrentar las políticas discriminatorias del Estado con el fin de obtener la documentación adecuada.
El deterioro rápido e inconsistencia legal: El Estado Actual de los migrantes y la ciudadanía por nacimiento
Aunque la República Dominicana tiene una larga historia de anti-haitianismo, las raíces de la situación legal de Elena se pueden rastrear a 2004, cuando se aprobó la Ley 285. [2] Esta ley migratoria, basada en el estado migratorio alegado de sus madres, intentó despojar la ciudadanía por nacimiento de los niños nacidos en la República Dominicana,. Posteriormente, la ley impuso un fin a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de los trabajadores temporales, como Elena, aun cuando la desnacionalización constituye una violación de los derechos humanos y contradice la misma Constitución Dominicana. [3] Anteriormente, el derecho a la ciudadanía fue garantizado a todos los nacidos dentro del territorio dominicano.
El proceso de desnacionalización se basa en la interpretación errónea de la situación migratoria irregular de las madres como “en tránsito”. Los orígenes de la definición legal de “en tránsito”, de acuerdo con una ley de inmigración de 1939, se refiere a las personas con planes de proceder a un tercer país y, por lo tanto, cuya estancia en la República Dominicana no era mayor de diez días. [4] Sobre la base de esta definición, el término “en tránsito” no se aplica a la mayoría de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana. Históricamente, ni la resolución migratoria 279, que describe el registro de las leyes de 1939, ni la Constitución Dominicana intentaron a caracterizar la situación de los trabajadores migrantes -que son principalmente de ascendencia haitiana, como “en tránsito”, que concedió inicialmente Elena y muchos otros la ciudadanía dominicana. [5]
Un legado de desnacionalización retroactiva
En 2005, Dilcia Yean y Violeta Bosico impugnaron la discriminación arbitraria en que fueron privadas de sus actas de nacimiento a muchos dominicanos. El caso de Yean y Bosico versus la República Dominicana fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Yean y Bosico ganaron el caso ante la CIDH, la cual ha prohibido a la República Dominicana la transferencia de la condición migratoria de padres a hijos. Además se declaró que una persona que se ha establecido legalmente en la República Dominicana no puede considerarse “en tránsito”. [6 ] Sin embargo, el gobierno dominicano ha continuado emitiendo declaraciones discriminatorias en contra de los dominicanos de ascendencia haitiana y sigue definiendo su presencia en la sociedad dominicana como “en tránsito.”
A partir de 2007, la definición nueva de “en tránsito” se aplicó retro-activamente a los residentes que fueron elegibles para, o a los que se les había concedido legalmente la ciudadanía dominicana, como Elena. El proceso de desnacionalización se inició desde la aplicación de notas administrativas como el circular 017 y la resolución 012 por la Junta Central Electoral. Dichas notas administrativas requieren que los funcionarios del gobierno verifiquen el estatus migratorio de los padres cuando un individuo solicita una copia de su acta de nacimiento, lo que lleva es la suspensión de los documentos y la desnacionalización esencial de muchos dominicanos de ascendencia haitiana. [7]
Durante este mismo período de tiempo, la Constitución también experimentó una serie de cambios, la mayoría de ellos siguen privando los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana y prohíben la consecución de la ciudadanía por nacimiento. En 2010, la República Dominicana aprobó una constitución nueva con un cambio significativo en su definición de la ciudadanía dominicana y elegibilidad. En concreto, el artículo 18 establece ahora que todos los que tenían el estatus de ciudadanía dominicana antes de 2010 serían considerados ciudadanos de la República Dominicana. Sin embargo, los niños nacidos en la República Dominicana de padres extranjeros que no son residentes legales en el país no serían elegibles para convertirse en ciudadanos como un derecho de su nacimiento. [8] La desnacionalización alcanzó su punto máximo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 de 2013 que redujo retro-activamente el derecho de ciudadanía por nacimiento, o jus soli. No sólo es que la sentencia se consideraba inconstitucional en la República Dominicana y en el extranjero, pero impidió también a miles de dominicanos elegibles de nunca poder adquirir sus documentos legales, mientras que despojan retro-activamente la ciudadanía de muchos de los que previamente habían recibido documentos de identidad. [9]
La lucha por la identidad y la nacionalidad: “Sin cédula, no eres nadie.”
En la República Dominicana, los documentos oficiales de identidad son necesarios para llevar a cabo las tareas más rudimentarias. Sin una cédula (el documento oficial de identidad dominicana), Elena, y otros como ella, no pueden abrir una cuenta bancaria, casarse, votar o registrar el nacimiento de sus hijos actuales o futuros. Para mantener cierta normalidad en su estilo de vida, los dominicanos desnacionalizados son completamente dependientes de la ayuda de buenos samaritanos para satisfacer sus necesidades básicas, tales como la obtención de un teléfono o cobrar un cheque. A principios de este año, Elena fue a una clínica para recibir un examen de la vista, pero se le negó el servicio porque ella no tenía una cédula. Siendo estos servicios denegados se ha convertido en una carga diaria para Elena.
Debido a sus consecuencias jurídicas y sociales, la Sentencia 168-13 provocó una protesta internacional y local, resultando en la censura por parte de los socios comerciales principales del país y organizaciones extranjeras. Los miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), en particular San Vicente y las Granadinas, pidieron sanciones basadas en las leyes. [10] Mantener el statu quo de la post-sentencia 168-13 se hizo políticamente y socialmente insostenible.
El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, ordenó la implementación de un Plan Nacional de Regularización para los Migrantes irregulares, según el mandato de Sentencia 168-13. Dicho plan se había estipulado en la Ley de Migración de 2004, pero nunca fue aplicado. Cuando se hizo evidente que los sometidos a la desnacionalización no serían elegibles para la regularización- que está destinado para las personas que han nacido fuera de la República Dominicana- los legisladores trabajaron rápidamente para aprobar la Ley de naturalización 169-14 en mayo de 2014. Esta ley ordenó la re-emisión de documentos oficiales a todos los que antes los tenían (designados como el grupo A de los afectados) y propusieron un plan de naturalización para aquellos que no tenían previamente los documentos legales, pero que tenían raíces en la República Dominicana desde su nacimiento en el país (definido como el grupo B).
Esperanza entorpecida: “Con la nueva ley, estamos de vuelta a [la resolución 012].” [11]
La ley generó algo de esperanza, sobre todo entre los dominicanos y organizaciones internacionales de alto perfil, que el tema de la reforma migratoria se resolvió parcialmente. El vicepresidente de los Estados Unidos, Sr. Joe Biden, y el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) Sr. Ban Ki-moon, expresaron su esperanza sobre la legislación nueva. [12] En julio de 2014, el reglamento fue presentado para determinar las medidas necesarias para que los grupos A y B obtuvieran sus documentos. Los procedimientos nuevos también fueron creados para la restauración inmediata de los documentos del grupo A y la naturalización del grupo B.
Mientras esta ley fue elogiada por crear las herramientas legales e institucionales para resolver el problema de la negación de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, tanto el reglamento como la ley han sido criticados por los defensores de derechos humanos. Una de las críticas principales es que la ley pone el grupo B en una situación de apatrídia por al menos dos años antes de que las personas afectadas puedan tener derecho a la nacionalidad dominicana. Además, los miembros del grupo B tienen que registrarse como “extranjeros” aun cuando antes del 2010, habían sido considerados elegibles para la nacionalidad por el principio entonces constitucional de jus soli.
Otra crítica se refiere al procedimiento burocrático de la restauración de documentos para el grupo A y los procesos de naturalización para el grupo B. A pesar de las disposiciones que permiten el acceso a los procesos gratuitos para los dos grupos, el transporte y los costos necesarios para el notario, obligatorios para participar en el procesamiento, representan una carga importante para una población que lucha diariamente para alcanzar a comer dos veces al día. A esto se añade el caos persistente y la confusión por parte de los funcionarios de las oficinas de los gobernadores locales, donde los procesos concurrentes de regularización para los inmigrantes irregulares nacidos en Haití y la inscripción para la naturalización de los dominicanos de ascendencia haitiana están tomando lugar. Los testimonios de los afectados sugieren que el proceso no se está ejecutando como planeado. Después de la aprobación de la ley de naturalización, Elena, parte del grupo A, fue a recoger una copia de su acta de nacimiento, pero se le negaron una copia. Hoy en día, su acta se marca en rojo, mostrando que su documentación ha sido suspendida temporalmente. Aunque aquellos documentos han sido re-emitidos, en algunos casos los afectados no pudieron acceder a los derechos que tenían con sus documentos originales.
Las vidas de los individuos en el grupo B han llegado a un alto aún más difícil. Dilia, una madre de ocho hijos de Batey Verde, ha sido incapaz de completar la declaración de nacimiento de su hija menor, considerada miembro del grupo B, debido a las trampas legales de la oficina del registro civil local. Como ella explica, “Después de dar luz a nuestra hija, mi marido se fue a declarar su nacimiento en las oficinas estatales. Una vez que llegó allí rechazaron su solicitud y le dijeron que yo tenía que venir y declararla [personalmente]. ” Este es uno de los muchos obstáculos que enfrentan las personas afectadas. Los funcionarios suelen imponer condiciones adicionales sobre las personas de ascendencia haitiana, incluso en el caso de parejas de ”etnias mixtas”. Aunque el padre sea dominicano, como en el caso de Dilia, se requiere que la madre inscriba al niño, poniendo aún otra carga encima de las mujeres en esta situación. Además, Dilia afirmó que: “Como mi marido no podía declarar a nuestra hija, fui con todos los papeles necesarios. Esperé durante horas y me dijeron ‘no te podemos ayudar aquí’ después de que tomaron el acta de nacimiento. Es probable que lo botaron. “
En el caso de Dilia y en muchos otros, la carga de permanecer indocumentados se convierte en un problema inter-generacional cuando las madres que forman parte del grupo afectado no pueden declarar los nacimientos de sus hijos. [13] Por lo tanto, los niños heredan la misma incertidumbre que sus padres, especialmente de las madres. Desde entonces, Dilia no ha podido registrar el nacimiento de su hija. Siendo no registrada, será difícil que su hija asiste a la escuela y obtenga una educación formal. Elena ha expresado quejas similares en el intento de inscribir a su hermano menor: “Debido a que no tenga documentos, su vida probablemente será más difícil que la mía.” Las diferencias en los requisitos necesarios para obtener la documentación, incluso dentro de la misma familia, hace que el proceso de naturalización es aún más confuso para las familias afectadas y puede proporcionar otra barrera potencial para la consecución de la documentación.
Una débil aplicación de la Ley
Debido a la falta de una campaña de información a nivel nacional, junto con los funcionarios del gobierno no preparados que también puedan tomar decisiones arbitrarias, es poco probable que la Ley-169-14 hará una diferencia significativa. La ley siguió sin aplicarse hasta un mes después del inicio del período de solicitud de noventa días para los miembros no registrados del grupo B. [14]
En la más reciente audiencia de la CIDH, la abogada Jenny Morón llamó la atención acerca de los varios fracasos de la aplicación de la Ley 169-14, a saber, la falta de oficinas equipadas para procesar documentos, servicios insuficientes o deficientes, y los requisitos de documentación excesivos de los solicitantes y sus padres. [15] Además, Morón proporcionó evidencia de que los funcionarios siguen violando los procedimientos establecidos por la Ley 169-14. Los testimonios de las personas afectadas han demostrado que los funcionarios del Ministerio del Interior y de la Policía han procesado incorrectamente los nacidos en el país a través del Plan de Regularización de Extranjeros, los cuales se niegan a registrar a los niños nacidos después de abril de 2007- cuando la definición nueva de “en tránsito” comenzó a aplicarse hacia ellos, y están exigiendo más declaraciones juradas para el procesamiento solicitante que la ley exige. [16] Si las personas afectadas son incapaces de completar este proceso antes del 28 de enero, podrán ser sujetos a una deportación posible de la República Dominicana. Teniendo en cuenta que hace aproximadamente un año, estos dominicanos tuvieron acceso a los plenos derechos de la ciudadanía por nacimiento, la gravedad de la situación es especialmente llamativa. [17]
Aun si la ley se había aplicada desde el principio, sus efectos probablemente habrían sido, y seguirán siendo, limitados. De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, menos de uno por ciento de los dominicanos de ascendencia haitiana afectada probablemente serán capaces de beneficiarse de la Ley 169-14. [18] Además, la Junta Central Electoral no sólo ha dejado de aplicar efectivamente la ley, pero, en algunos casos, la ha violado de manera obvia. En un caso particularmente atroz, en el 23 de septiembre de 2014, los inspectores de la Junta interrogaron 13,000 dominicanos de ascendencia haitiana en el grupo A sobre su estatus legal a puerta cerrada, sin permitir el acceso a la representación legal o consejo. [19] Después del período finito de los seis meses para el Grupo B ha expirado a finales de enero de 2015, sólo 8.755 personas, según cifras oficiales, han logrado registrarse y puede ser elegible para la naturalización después de dos años. [20]
El futuro de los dominicanos de ascendencia haitiana y la República Dominicana
A finales de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en contra de la República Dominicana por violar los derechos humanos de cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana desde la década de 1990. [21] Además de ordenar que la República Dominicana restablezca la nacionalidad de 27 personas que fueron deportadas de manera fraudulenta, la corte instó a la anulación de la condena 168-13 y artículos de la Ley 169-14. [22] Desde que la República Dominicana ratificó los convenios de la Corte en 1999, este fallo es jurídicamente vinculante. [23]
Mientras que la sociedad civil considera el fallo como una oportunidad para rectificar violaciones pasadas y presentes de los derechos humanos, el gobierno dominicano sigue siendo reticente. Como se puede esperar del precedente de cumplimiento parcial establecido en el 2005 con la decisión de Yean y Bosico v. República Dominicana, los funcionarios del gobierno han rechazado abrumadoramente las recomendaciones de la CIDH. Un documento emitido por el gobierno de Medina declaró el fallo de la Corte como una amenaza a la soberanía nacional. [24] Además, varios legisladores han pedido al gobierno de la República Dominicana de abandonar la CIDH debido a su potencial para provocar “rebelión y un golpe de Estado constitucional”. [25] En noviembre del 2014 el Tribunal Constitucional del país dictó una sentencia al intentar de desvincular la República Dominicana de la jurisdicción de la CIDH. El Constitucionalista Jorge Prats ha declarado públicamente que la decisión de dejar la CIDH tendría “graves consecuencias para el desarrollo del país en el contexto de la integración de América.” [26] Estas consecuencias podrían venir en forma de sanciones económicas y políticas que afectan el comercio exterior y la inversión extranjera. Agregó que “sería un serio revés para aislar [la República Dominicana] de nuestros principales socios comerciales, los EE.UU. y Europa, y continuar a someternos a la crítica constante en los foros internacionales”. [27]
En respuesta a la renuencia de la República Dominicana para hacer frente a los abusos de derechos humanos contra los dominicanos de ascendencia haitiana, las organizaciones de la sociedad civil continúan abogando por el derecho de las personas afectadas a la ciudadanía dominicana. El 10 de diciembre de 2014, las organizaciones de la sociedad civil en la República Dominicana hicieron una serie de presentaciones y paneles de expertos en el tema de los derechos humanos. La intención de esta programación era para crear conciencia y “fortalecer la cultura de respeto a la cuestión de los derechos humanos en la República Dominicana.” [28] Es el esfuerzo colectivo de defensores dedicados y las personas afectadas, junto con la presión internacional, que mantiene a este tema en la conciencia pública y que serán responsable para las medidas eficaces que restablezcan los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana.
Conclusión
El año 2015 ha estado marcado por un aumento en las políticas de mano dura. El ejercicio militar Operación Escudo, destinado a controlar la inmigración irregular y el tráfico ilegal de drogas y armas en la frontera, llevó a 22.000 extranjeros a ser detenidos. [29] Además, la Comisión de Fronteras de la Cámara Dominicana de Representantes anunció su propuesta de construir un muro entre la República Dominicana y Haití con el fin de “evitar una avalancha de haitianos ilegales”, que fue presentado en el Congreso el 27 de febrero de 2015.[30]
La marginación institucionalizada de los dominicanos de ascendencia haitiana continuará mientras la clase política actual se mantiene en el poder. Las facciones ultra-conservadores del partido gobernante, el Partido de Liberación Dominicana (PLD) y los partidos minoritarios, como la Fuerza Nacional Progresista (FNP) siguen siendo los principales impulsores de las políticas anti-inmigrantes y las medidas restrictivas de ciudadanía. [31] La comunidad internacional debe permanecer vigilante en el apoyo a los defensores de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana y exigiendo la rendición de cuentas del gobierno dominicano.
Este articulo fue escrito por : -Natalia Cote-Muñoz es una alumna de Swarthmore College que se graduó en 2012. Ha investigado, publicado artículos sobre, y trabajado en América Latina y los Estados Unidos. Actualmente trabaja en la docencia en la Universidad de Asuntos Exteriores de China en Beijing a través de la fundación universitaria Princeton en Asia. También es una investigadora del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA) un centro de investigaciones en Washington D.C. .
–Verónica Alma Rosario está en su último año de estudios en la Universidad de Tufts, donde se va a graduar con una doble titulación en Relaciones Internacionales y Español con concentraciones en estudios africanos y latino americanos. Es también parte del programa Gill a través del Centro de la Raza y la Democracia y del programa Tisch para la Ciudadanía y Servicio Público. Actualmente está terminando su tesis sobre la desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana y el efecto que ha tenido sobre la gobernabilidad del Estado dominicano.
Agradecimiento
Este artículo fue escrito basado en la investigación de Cote-Muñoz y Rosario mientras trabajaron juntas en el Observatorio Migrante del Caribe (OBMICA) y Dominican@s por Derecho (DxD).
Un agradecimiento especial a Bridget Wooding, Allison Petrozziello, Clara Morel, y Juan Carlos González Díaz por su apoyo a lo largo de la investigación, la escritura y publicación de este artículo. Extendemos nuestros agradecimientos al licenciado Horacio Rodríguez, , por su experiencia legal en la Constitución dominicana y la reciente legislación que afecta a los dominicanos de ascendencia haitiana.
También queremos agradecer las contribuciones de los afectados a los cuales hemos entrevistado para este artículo, específicamente Elena, Dilia, y sus familias. Este artículo está dedicado a ellos, ya que es su valentía y perseverancia ante la adversidad que nos ha inspirado a escribir. Seguimos en la lucha con ellos.
Referencias:
Imagenes destacadas tomadas por los autores.
Bibliografía
[1] “Dominican Republic.” UNHCR News. Accessed October 11, 2014, http://www.unhcr.org/pages/49e4915b6.html.; “Dominican Republic-Haiti Relations.” Americas Quarterly, July 14, 2014, http://www.americasquarterly.org/tags/dominican-republic-haiti-relations.
[2] Wilhelmina Agyapong, “Troubled Haitian-Dominican Bilateral Relations Await Progress,” Council on Hemispheric Affairs, February 27, 2014, https://coha.org/troubled-haitian-dominican-bilateral-relations-await-progress/.
[3] “Ley 285 De La República Dominicana (Law 285 of the Dominican Republic),” August 15, 2004, Articles 36.5 and 36.10.
[4] Peynado, Jacinto “Reglamento de migración n° 279 (Migration Ruling n° 279),” May 12 1939, Section V.a) and V.b).
[5] Horacio Rodríguez esq. in discussion with co-author Verónica Rosario at the Centro Bonó, July 2014.
“Constitución de la República Dominicana (Constitution of the Dominican Republic),” November 26, 1966, Article 11.1.
[6] Inter-American Human Rights Court, “Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana (Case of Yean and Bosico vs. Dominican Republic),” September 8, 2005, pars. 239-241.
[7] Junta Central Electoral (Central Electoral Board), “Resolución 12/2007 (Resolution 12/2007),” par. 1.
[8] “Constitución de la República Dominicana (Constitution of the Dominican Republic),” January 26 2010, Article 18.
[9] Horacio Rodríguez esq. in discussion with co-author Verónica Rosario at the Centro Bonó, July 2014.
Dominicanos por Derecho (Dominicans for Rights), “Análisis de la Sentencia No. 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (Analysis of the Dominican Republic’s Constitutional Tribunal Sentence 168-13),” October 2013, http://dominicanosxderecho.files.wordpress.com/2013/10/puntos-de-anc3a1lisis-de-la-sentencia-no-168-13-definitivo.pdf.
[10] “Haiti – Denationalization: Sanctions requested against the Dominican Republic,” Haiti Libre, November 13, 2013, http://www.haitilibre.com/en/news-9861-haiti-denationalization-sanctions-requested-against-the-dominican-republic.html.
[11] Elena in discussion with co-author Verónica Rosario, August 23, 2014.
[12] Ezequiel Abiu Lopez, “VP Biden in Dominican Republic Talks Energy, Crime,” AP: The Big Story, June 19, 2014, http://bigstory.ap.org/article/biden-dominican-republic-talk-energy-crime.
[13] Allison Petrozziello, “Género y el Riesgo de Apatridia para la Población de Ascendencia Haitiana en los Bateyes de la República Dominicana,” OBMICA, July 2014,
[14] Dominicans X Derecho, “#Plataforma169 Denuncia Decreto 250-14 No Se Está Cumpliendo,”August 27, 2014, http://dominicanosxderecho.wordpress.com/2014/08/27/plataforma169-denuncia-decreto-250-14-no-se-esta-cumpliendo/.
[15] Dominicanos X Derecho, “DXD En Audiencia Temática CIDH: Ley 169-14 No Resuelve El Problemas De Dominican@s Desnacionalizados,” November 1, 2014.
[16] Ibid.
[17] Dominicanos X Derecho, “URGENTE: Plazo De 90 Días Del Reglamento Ley 169-14 Dio Inicio El Pasado 29 De Julio,”August 6, 2014, http://dominicanosxderecho.wordpress.com/2014/08/06/urgente-plazo-de-90-dias-del-reglamento-ley-169-14-dio-inicio-el-pasado-29-de-julio/.
[18] “ONU Afirma Menos De Un 1% Se Ha Beneficiado Ley De Naturalización,” El Nuevo Diario, September 23, 2014, http://www.elnuevodiario.com.do/app/article1.aspx?id=392171.
[19] Dominicanos X Derecho, “Comunicado Dominican@s Por Derecho: Reclamamos la Intervención del Presidente de la República y del Congreso Nacional para hacer a la JCE Cumplir con la Ley,” October 8, 2014, http://dominicanosxderecho.wordpress.com/2014/10/08/comunicado-dominicans-por-derecho-reclamamos-la-intervencion-del-presidente-de-la-republica-y-del-congreso-nacional-para-hacer-a-la-jce-cumplir-con-la-ley/.
[20] Viviano de León, “Suman 8,755 Los Extranjeros Inscritos Para Naturalización,” Listín Diario, February 3, 2015, http://www.listindiario.com/la-republica/2015/2/3/354846/Suman-8755-los-extranjeros-inscritos-para-naturalizacion.
[21] Inter-American Court of Human Rights, “Expelled Dominican and Haitian People v. the Dominican Republic,” October 22, 2014, http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf.
[22] Ibid.
[23] Inter-American Court of Human Rights, “Basic Documents – Ratifications of the Convention,” http://www.cidh.org/Basicos/English/Basic4.Amer.Conv.Ratif.htm.
[24] Adriana Peguero, “Gobierno Emite Declaración De Rechazo a Sentencia CIDH,” Listín Diario, October 23, 2013.
[25] Degenis de León, “Legisladores Piden RD Abandone La Corte Interamericana De Los Derechos Humanos,” El Día, October 23, 2014, http://eldia.com.do/legisladores-piden-rd-abandone-la-corte-interamericana-de-los-derechos-humanos/.
[26] Panky Corcino, “Juristas Entienden Que Fallo Del TC No Anulará La Competencia De La Corte Interamericana Sobre RD,” 7dias.com.do, 5 Nov. 2014.
[27] Ibid.
[28] “Día Internacional De Los Derechos Humanos: Calendario De Actividades Conmemorativas Sociedad Civil En RD.” Dominicans X Derecho, December 10, 2014.
[29] “Ejército dominicano redobla esfuerzos en Operación Escudo,” Traslashuellasdigital.com.do, January 26, 2015. Accessed on January 26th 2015. http://www.traslashuellasdigital.com.do/2015/01/26/ejercito-dominicano-redobla-esfuerzos-en-operacion-escudo/.
[30] “FNP propondrá construir muro para envitar (sic) migración de haitianos a RD,” Acento.com.do, January 13, 2015, http://acento.com.do/2015/actualidad/8212359-fnp-propondra-construir-muro-para-envitar-migracion-de-haitianos-a-rd.
[31] Horacio Rodríguez esq. in discussion with co-author Verónica Rosario at the Centro Bonó, July 2014.
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