Comisión Interamericana de los Derechos Humanos: El debate y las polémicas sobre el traslado de la sede
Por: Lavinia Tombolini, Analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos
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El debate del traslado de sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha generado mucha controversia en los países del hemisferio occidental durante los últimos años. La Comisión interamericana es una entidad independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Creada por la OEA en 1960, la Comisión se encarga de la promoción y la defensa de los derechos humanos en el continente y además, ejerce como órgano consultivo de la organización. La Comisión forma parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), y monitoriza la situación de los derechos humanos en cada uno de los estados miembros, garantizando la protección de los derechos de libertad de expresión y el respeto de los derechos esenciales del hombre.
La Comisión tiene su sede en Washington DC, Estados Unidos, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que tiene sus cuarteles generales en San José, Costa Rica. Por ello, el establecimiento de la sede de la Comisión en la capital estadounidense ha sido motivo de desacuerdo y desconformidad entre los estados miembros del Pacto de San José de Costa Rica, puesto que los Estados Unidos no forman parte de él. Esto representa un problema teniendo en cuenta que actualmente, Estados Unidos se encuentra sujeto únicamente a la jurisdicción de la Comisión de Derechos Humanos debido a que es miembro de la OEA, pero no acata las órdenes de la Corte IDH ni tampoco de la susodicha Comisión, cuando ésta actúa de acuerdo a lo establecido en el Pacto de San José.
Breve contextualización
Es importante destacar que en el marco del proceso de fortalecimiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos, que comenzó en 2008 auspiciado por el SIDH, mucho se ha argumentado en favor del cambio de la sede de la Comisión a uno de los países firmantes de la Convención de San José. Específicamente, países como Ecuador y Venezuela no sólo han argumentado que la CIDH esta influenciada por los intereses politicos estadounidenses, sino que también ha manifestado una atención selectiva a las denuncias sobre abusos a los derechos humanos, politizando así la cuestión de los susodichos derechos. A modo de ejemplo, varios miembros de la OEA, han criticado la posición de la CIDH con respecto al golpe de estado en Venezuela (2002) y en Honduras (2009), ya que no están satisfechos con el informe relacionado a las violaciones de derechos humanos.
En 2008, la Comisión y la Corte propiciaron un proceso de diálogo sobre el fortalecimiento del Sistema de derechos humanos, con el fin de revisar los procedimientos y los aspectos operativos del mismo. El proceso culminó con la aprobación de reformas reglamentarias en 2009, las cuales fueron expresamente adoptadas para adecuar el sistema a las nuevas realidades que estaban transformando el continente, de manera que la Comisión pudiera estar más “preparada para enfrentar los desafíos de las décadas venideras”[1].
Posteriormente, en 2011, manifestando preocupación por la insuficiencia de recursos destinados al Sistema de derechos humanos, la Comisión presentó un plan informativo sobre las necesidades financieras de los proyectos del SIDH. Por su parte, la Asamblea General de la OEA, en su Sesión Ordinaria de Junio 2011, solicitó al Consejo Permanente de la organización que profundizara y revisara el funcionamiento de la Comisión. De este modo, el Consejo Permanente decidió crear un Grupo de Trabajo Especial ex profeso, con la tarea de preparar un informe con recomendaciones para fortalecer el SIDH.
Entre los temas abordados por el Grupo, se discutió ampliamente la posibilidad de incrementar la autonomía de la Comisión. Adicionalmente, es importante destacar que de las 67 recomendaciones incluidas en el informe, 53 se dirigían al propio CIDH. De igual manera, la Comisión inició un proceso de consulta por medio de foros de análisis con la finalidad de consensuar y dialogar con los actores del Sistema Interamericano sobre el proyecto de reformas. Este proceso concluyó en 2013 con la aprobación y la entrada en vigencia de las nuevas reformas en el Reglamento y en las prácticas de la Comisión. Aunque ésta no fue la primera vez que se entablaba una iniciativa para examinar el SIDH, fue la primera vez que se promovía una iniciativa en un contexto tan desfavorable para la CIDH.
El debate sobre el traslado de sede
En diciembre de 2012, Argentina propuso el traslado de la sede de la Comisión a Buenos Aires, manifestando la intención de refundar de manera real y con significado a la CIDH. Consecuentemente, Ecuador no solo respaldó la propuesta argentina sobre el traslado de sede a Buenos Aires, sino que además planteó, durante una reunión realizada en Guayaquil en marzo de 2013, la posibilidad de cambiar la sede de manera definitiva. La razón fundamental tras las acciones del gobierno ecuatoriano, según confirmó el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, se deben fundamentalmente al hecho de que el CIDH se había “convertido en un ente inquisidor en contra de los Estados”[2].
Además, es importante destacar que Ecuador ya había criticado algunas decisiones tomadas por la Comisión. En el caso del diario “El Universo”, la CIDH aceptó la solicitud de medidas cautelares a favor de los directivos de este último. Sin embargo, cinco días antes, la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana declaró improcedente el recurso de casación introducido por los representantes del Diario. De esta manera, la CIDH contrastó la decisión de la Corte Nacional de Justicia y solicitó al Gobierno que suspendiera los efectos de la sentencia condenatoria para los directivo del Diario, a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión.
Esa decisión fue gravemente cuestionada por el estado ecuatoriano, que presentó una acusación formal contra el CIDH por romper su proprio reglamento al conceder las medidas aun cuando el veredicto carecía de solidez. Las acusaciones de Ecuador fueron respaldadas por países como Venezuela, Cuba, Bolivia, y Honduras, ya que estos también coincidían con Ecuador sobre la inminente necesidad de reinventar el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos tomando en cuenta su notoria degradación.
No obstante, el tema del traslado de sede de CIDH no fue definido en esta ocasión. Adicionalmente, México, Estados Unidos, Panamá y Canadá se han negado rotundamente al traslado de la sede a Buenos Aires, ya que a su parecer esto solo obstaculizaría la representación del Caribe en esta institución, y esto significaría que la CIDH sería mas latinoamericana que hemisférica.
Posteriormente, en mayo de 2013, otra moción referente al traslado de la sede fue retomada por algunos países durante la segunda reunión de los estados miembros celebrada en Cochabamba, Bolivia. En esta ocasión se propuso a la Secretaría General de la OEA la creación de una comisión para realizar un estudio sobre los costes y los requerimientos necesarios para el cambio de sede de la CIDH. De igual modo, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), planteó al Consejo Permanente de la OEA la creación de un estudio sobre el sistema de relatorías de la CIDH y el financiamiento necesario para cada una de ellas. UNASUR solicitó, además, que los estados miembros se hagan responsables de la financiación del SIDH, ya que gran parte de los fondos estaban y siguen estando a cargo de los Estados Unidos.
Así, en el marco de este proceso, lo que más inquietud generó entre los estados miembros fueron algunas de las propuestas de reformas presentadas en el foro de la Declaración de Haití en 2014. Dichas propuestas estaban dirigidas hacia la reducción substancial en la financiación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), por ser susceptible de manipulación mediática debido a que cuenta con más recursos por donaciones extranjeras. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), pidieron la creación de un fondo único fiscalizara cualquier donación y distribuyera el presupuesto de la Comisión, aumentando así el control sobre la CIDH por parte de los gobiernos, y reforzando el poder regulador de los estados miembros.
Adicionalmente, en la Conferencia de Haití, Ecuador y algunos participantes propusieron nuevamente trasladar la CIDH de Washington, con el argumento de que la misma Comisión sigue siendo dominada por los países “hegemónicos”. Además, el gobierno de Venezuela acusó a la CIDH de no ser imparcial, apoyados por el presidente Ecuatoriano Rafael Correa, quien no solo recriminó a Estados Unidos el no haber firmado aún el Pacto de José, sino que también intentó con Venezuela promover la posibilidad de trasladar la sede a Haití.
A pesar de las numerosas críticas al funcionamiento de la CIDH, el proyecto de reformas presentado por Ecuador y Venezuela, no fue aprobado por falta de apoyo. Es más, los Estados Unidos calificaron el proyecto del fondo único dirigido por los estados miembros como “un precedente muy peligroso” y según la embajadora estadounidense ante la OEA, Carmen Lomellin, la Comisión “necesita la flexibilidad (..) para poder decidir sobre la asignación de recursos”[3] y debe conservar su autonomía e independencia.
Los obstáculos al traslado
La Comisión a diferencia de la Corte, es un órgano principal de la OEA que depende de la Secretaria General y del Consejo Permanente. Por lo cual, el cambio de sede no solamente haría muy complicado el trabajo de la CIDH, sino que implicaría también trasladar la sede de la Secretaria General de la OEA. Según el ex Secretario General, José Miguel Insulza, el cambio de sede de la CIDH requeriría la modificación del Pacto de San José y la propia Carta de la OEA y se trata de “un camino inconducente, porque todos sabemos que no va a ocurrir” y añadió que así “se vulnera la imagen del órgano central de la OEA”. Además, Insulza defendió la plena autonomía de la Comisión e insistió que un debate acerca de la sede de la CIDH podría solo debilitar y dividir una de las “principales riquezas de la OEA”[4]. De la misma manera, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga afirmó que el fortalecimiento de la Comisión no pasa por el cambio de la sede ubicada en Washington.
De manera adicional, el posible traslado de la CIDH exigiría el gasto de una gran cantidad de fondos, sin tener en cuenta que es difícil encontrar un lugar en el que todos los países miembros del Pacto de San José se pongan de acuerdo. De igual modo, es importante destacar que de ser establecida la sede en Haití, Colombia estaría en desacuerdo ya que la misma carece de representación en dicho país.
La influencia regional de UNASUR
Creada en 2008, UNASUR está encargada de construir un espacio de integración en el ámbito cultural, político, social y económico en la región sur-americana. Desde que Ecuador y Venezuela empezaron el debate sobre el traslado de sede de la CIDH, UNASUR ha manifestado su influencia sobre el rol y la legimitad de la CIDH. En el marco de la reunión de Galápagos de 2014, UNASUR debatió sobre la posibilidad que la CIDH sesione en países diferentes, para así disminuir las criticas dirigidas a la autonomía de la misma.
Adicionalmente, en junio, los representantes de Venezuela plantearon la voluntad de pedir a UNASUR la creación de un organismo similar a la CIDH. De hecho, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que a través la creación de un observatorio diferente a la CIDH en materia de derechos humanos, se permitiría un trabajo “más independiente e imparcial”, considerando que la CIDH es susceptible de ser influenciada por los intereses políticos estadounidenses.[5]
Estas criticas sólo buscan una alternativa al SIDH, ya que algunos de los miembros de UNASUR aducen que el sistema no ha funcionado como esperaban. Además, algunos miembros han establecido que UNASUR y MERCOSUR serían más efectivos que la OEA a la hora de garantizar buenas relaciones entre sus miembros.
La situación de Ecuador y Venezuela
El debate sobre la autonomía y del adecuado funcionamiento de la CIDH sigue abierto. A comienzos del 2015, el tema del traslado de sede fue nuevamente reiterado por el presidente Ecuatoriano Rafael Correa, durante la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Rafael Correa, cuestionando el SIDH por sus “deformaciones” y basándose en el hecho de que “los Estados Unidos no han firmado el Pacto de San José y tienen la sede de la Comisión y la financian”, afirmó que se siente con “solvencia moral” para criticar estos atropellos, así como también la legalidad de la CIDH[6]. A raíz de este inconveniente el gobierno ecuatoriano se negó por cuarta vez consecutiva a enviar a alguno de sus representantes a la audiencias programadas por la CIDH.
De igual manera, Venezuela, después de rechazar la presencia de observadores de la CIDH en su territorio, fue acusada por violaciones a los derechos humanos. En palabras del representante del gobierno Venezolano, Germán Saltrón, el rechazo de observadores fue debido por al apoyo de la CIDH al golpe de estado de abril 2002. Igualmente, como consecuencia del rechazo Venezolano en recibir los comisionados desde 2002, la CIDH afirmó que este país se encuentra en una situación especial dentro de la región interamericana y tal como pasó en Cuba, la CIDH ha resaltado que la situación sobre los derechos humanos de estos dos países no ha cambiado en los últimos anos.[7]
De hecho, a partir de 2009, la CIDH y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han condenado Venezuela por la persecución hacia opositores políticos, por ataques a la libertad de expresión de los periodistas y por las condiciones deplorables de las cárceles venezolanas. Por ello, Venezuela ha sido incluida en el informe anual de la CIDH como uno de los países de la región con más abusos a los derechos humanos.
En 2012, un año después de acusar a la Convención Americana, Venezuela ha decidido retirarse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, argumentando que la CIDH es selectiva en analizar las inobservancia de los derechos humanos, politizando el asunto de los susodichos derechos en la región. Según Venezuela, el sistema internacional de protección de los derechos humanos es fuertemente influenciado y controlado por los Estado Unidos, gracias a la CIDH que presenta y recomienda casos en materia de derechos humanos hacia la Corte Interamericana. Es decir, dado estos argumentos, Venezuela no reconoce a la CIDH ni a la Corte Interamericana, ya que para ellos, la OEA y sus órganos de protección buscan desestabilizar la región.[8]
Conclusión
El nuevo Secretario General, el Uruguayo Luis Almagro, elegido en marzo de 2015, asume la Secretaria General de la OEA en un momento complicado para sus países miembros, tal como Ecuador y Venezuela que siguen viendo la CIDH como un órgano dominado por los Estados Unidos. Sin embargo, Almagro, “incansable luchador por la unidad americana”[9], proclamó su voluntad de alejar las opiniones políticas de la CIDH y prometió “reforzar la autonomía técnica” de la Comisión, así como su papel de órgano de promoción y protección de los derechos humanos.
Según Almagro “ la CIDH debe de establecer una base de diálogo con los países que concluya en agendas positivas, que cree condiciones de confianza con los países y que genere una cooperación de doble vía entre la CIDH y los países”[10]. Es el caso de Cuba, que después de ser tradicionalmente excluida de las cumbres de la OEA debido a las presiones estadunidense, ha participado este año por primera vez en las cumbres de la misma organización. Desde entonces, Venezuela y Ecuador han sido aliados a Cuba y han sostenido que este país debe ser incluido en la organizaciones internacionales tal como la OEA.[11]
El 16 de junio de 2015, la OEA eligió nuevos comisionados para la CIDH, completando un proceso de renovación en un órgano que ha sido y sigue siendo cuestionado por algunos miembros de la OEA. Por ello, el desafío del nuevo jefe máximo de la OEA en sus cinco años de mandato será, por lo tanto, no solamente fortalecer el Sistema Regional de los Derechos Humanos, sino también apuntalar el rol y la legitimidad de la CIDH para así disuadir el debate sobre el cambio de sede de la organización, y además garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos en la región interamericana.
ACTUALIZACIÓN (12:58 p.m. Viernes, el 14 de agosto de 2015): Una versión anterior de este artículo dijo, “Desde entonces, Venezuela y Ecuador han sido aliados a Cuba y han sostenido que este país debe ser incluido en la organizaciones internacionales tal como la OEA y las Naciones Unidas.” Eso era incorrecto ya que Cuba es parte de las Naciones Unidas. Esta frase ha sido corregida.
Por: Lavinia Tombolini, Analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos
Foto destacada: Audiencia a sociedad civil sobre fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De: Juan Manuel Herrera / Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[1] CIDH, Comunicado de prensa No 84/09, 16 diciembre de 2009, http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/84-09revsp.htm
[2] Guayaquil recibe a los delegados de la CIDH para analizar las reformas, Explored.com, 11 marzo 2013, http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/guayaquil-recibe-a-los-delegados-de-la-cidh-para-analizar-las-reformas-576135.html
[3] OEA discute equidad en el financiamiento de la CIDH, Eltelegrafo.com, 5 Junio 2014, http://www.eltelegrafo.com.ec/politica/item/oea-discute-equidad-en-el-financiamiento-de-la-cidh-galeria.html
[4] Secretario José Miguel Insulza rechaza cambio de sede de la CIDH”, Eluniverso.com, 3 Junio 2014, http://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/03/nota/3052016/secretario-insulza-rechaza-cambio-sede-cidh
[5] Plantean en Unasur creación de organismo similar a la CIDH, Unionradio.net, june 2 2015, http://www1.unionradio.net/actualidadur/Nota/visorNota.aspx?id=201379&tpCont=1
[6] Ecuador reitera cuestionamiento por sede de la CIDH en país que no ha ratificado convención de DDHH, Andes.info, 29 Enero 2015, http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-reitera-cuestionamiento-sede-cidh-pais-no-ratificado-convencion-ddhh.html
[7] Venezuelan gov’t keeps refusing permission to IACHR visit, Eluniversal.com, october 29 2014, http://m.eluniversal.com/nacional-y-politica/141029/venezuelan-govt-keeps-refusing-permission-to-iachr-visit
[8] Accidental Detention: A Threat to the Legitimacy of Venezuelan Democracy, Scholarscommons.edu, January 2013, http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5864&context=etd
[9] Discurso de aceptación por Luis Almagro Lemes, OAS.org, 18 marzo 2015, http://www.oas.org/es/acerca/discurso_secretario_general.asp?sCodigo=15-0034
[10] Almagro apuesta por una CIDH mas tecnica y con menos opiniones politicas, Elpais.com, 19 febrero 2015, http://www.elpais.com.uy/informacion/almagro-cidh-menos-opiniones-politicas.html
[11] Venezuela Withdraws from OAS Civil Society Forum in Solidarity with Cuba, Venezuelanalysis.com, april 10 2015, http://venezuelanalysis.com/news/11326