COHA denuncia la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad en Colombia
Equipo editorial de COHA
Desde Washington DC
El Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA, por sus siglas en inglés) de Washington DC, denuncia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del gobierno de Colombia. El gobierno del presidente Iván Duque ha desplegado unidades especiales de la policía y el ejército para reprimir brutalmente las amplias manifestaciones que comenzaron el 28 de abril de 2021 contra un paquete de reforma tributaria neoliberal que buscaba rescatar la calificación crediticia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de Colombia, sobre las espaldas de los trabajadores colombianos. Ahora que Duque ha retirado el paquete de reformas propuesto, continúan las protestas por muchos otros temas, incluidas las violaciones a los acuerdos de paz y cuestiones urgentes de financiación laboral, la salud, los problemas medioambientales y la educación.
El 3 de mayo, la gubernamental Defensoría del Pueblo de Colombia registró 19 muertes en varias ciudades y está investigando 140 casos que incluyen otras muertes, desapariciones y abusos policiales.
El 4 de mayo, la portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, declaró que “estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”. Parece ser que incluso los observadores de derechos humanos se enfrentan a grandes riesgos al realizar sus investigaciones. Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Colombia, tuiteó que en Cali “miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado”.
La presencia de nueve bases militares estadounidenses dentro de Colombia y el despliegue de buques de guerra y aviones de la Armada de EE. UU. en el Caribe envía un mensaje ominoso a los pueblos de América del Sur de que Washington se pondrá del lado de los violadores a los derechos humanos en el hemisferio, al tiempo que afirma “defender la democracia y la libertad”.
El 6 de abril, pocas semanas antes de la brutal represión perpetrada por las fuerzas de seguridad colombianas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tuiteó: “Importante discusión ayer con el presidente colombiano @IvanDuque. Nuestra asociación continúa apoyando la paz y la prosperidad en Colombia a través de la cooperación en seguridad, desarrollo rural, lucha contra el narcotráfico y derechos humanos ”.
Luego, el 4 de mayo, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, emitió un comunicado en el que declaró que “Estados Unidos está profundamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas en Colombia en los últimos días” y que “reconocemos el compromiso del Gobierno de Colombia de investigar las denuncias de excesos policiales y abordar cualquier violación de los derechos humanos ”. Sin embargo, numerosas organizaciones de derechos humanos de las Américas no tienen confianza en este “compromiso” dado el terrible historial de derechos humanos de Colombia en los últimos años.
La base real de esta “asociación” entre Estados Unidos y Colombia es que las fuerzas conservadoras colombianas, incluidos los partidarios del ex presidente Álvaro Uribe, han sido fieles aliados en los esfuerzos de Washington por imponer la hegemonía de EE. UU. en la región y utilizar su país para organizar operaciones de cambio de régimen contra naciones en “incumplimiento” de esas políticas, y en particular, contra Venezuela.
La represión que estamos presenciando no es nada nuevo para Colombia, como ha informado recientemente COHA (en inglés). En agosto de 2020, la oficina de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en ese país emitieron un comunicado conjunto “expresando su preocupación por las masacres y la persistencia de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP”.
Las masacres y el desplazamiento de colombianos han continuado hasta este año 2021 sin disminuir, todo bajo el atento “grupo de apoyo” de los benefactores de Duque en Washington DC.
Por lo tanto, COHA hace un llamado al gobierno de Joe Biden para que termine toda la asistencia militar a Bogotá, desmantele su enorme presencia militar dentro de Colombia y establezca un nuevo rumbo de diplomacia en la región basado en la igualdad soberana y el respeto mutuo entre las naciones.
El gobierno de Joe Biden debe ejercer toda su presión política y financiera sobre el gobierno aliado de Colombia, para que detenga la represión, haga responsable judicialmente a los agentes del Estado protagonistas de gravísimas violaciones a los derechos humanos y tome medidas judiciales y de seguridad inmediatamente para proteger a los miles de dirigentes sociales y de derechos humanos que están siendo asesinados cada día en ese país.
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