Brasil, Chile y Bolivia: El endeble equilibrio económico-ambiental

• Esmerados en satisfacer su demanda de energía, los Gobiernos de Brasil y Chile impulsan proyectos de construcción de represas que enardecen la resistencia de grupos aborígenes.
• En Bolivia, se han organizado manifestaciones de tribus indígenas en rechazo de la propuesta de construcción de una autopista que atravesaría la zona donde subsisten.
• Involucrado en cada conflicto se encuentra también el poder judicial, que ha ordenado la suspensión de los proyectos en varias oportunidades.

¿Cuán compatibles son el impulso urbanizador y la búsqueda de la sostenibilidad ambiental y la conservación de los suelos? ¿Es concebible un modelo de desarrollo que no comprometa el medio ambiente y que respete los derechos de los grupos aborígenes? Interrogantes básicas de esta índole asoman en Brasil, Bolivia y Chile, tres países donde se registra un auge económico, en diversas manifestaciones, que exige inversiones en materia de energía e infraestructura. En cada miembro de esta tríada se debaten actualmente determinados proyectos que, salvando las considerables distancias, han provocado protestas y otros enfrentamientos entre gobernantes y gobernados. A su vez, enfocar tales conflictos desde un punto de vista global presenta la clásica pregunta: ¿Cómo actuar ante dos modos tan distintos de medir los beneficios del “progreso”?

Brasil: La Represa de Belo Monte

Durante treinta años estuvo en etapa de planificación la Represa de Belo Monte, una central hidroeléctrica que se proyecta construir sobre el río Xingú, en el estado brasileño de Pará. El boceto original de la represa se remonta a 1975, cuando bajo el nombre “Kararaô” se pretendía levantar un complejo de seis embalses que darían lugar a la inundación de 20.000 km² de selva tropical, inclusive áreas protegidas y tierras indígenas. Por consiguiente, en 1989, grupos aborígenes y organizaciones ambientalistas internacionales convocaron en la ciudad de Altamira la primera gran manifestación contra la Represa de Belo Monte, lo cual logró captar la atención internacional e interesó a celebridades como el cantante Sting y la empresaria Anita Roddick, la fundadora de la cadena The Body Shop. Además de la pérdida del financiamiento del Banco Mundial a causa de las insistentes protestas, la compañía estatal responsable del proyecto encontró que había agotado sus fondos tras haber construido la Represa de Tucurí y la Represa de Balbina, de modo que el Gobierno de Brasil se vio obligado a reconocer, dada la delicada situación financiera inducida por la su crisis brasileña de endeudamiento, su imposibilidad de subvencionar el emprendimiento.

Treinta y seis años después se desempolvaron los planos de “Kararaô”, ahora renombrados “Belo Monte”. A diferencia del boceto original, el nuevo proyecto prevé únicamente la construcción de dos diques: el primero creará un embalse y desviará el caudal, mediante dos canales artificiales, hacia el segundo dique, donde se instalará la central eléctrica. [1] Pese al redimensionamiento, se estima que la Represa de Belo Monte genere un profundo impacto ambiental negativo. Producirá la inundación de 500 km² de suelos tropicales (inclusive una porción de la ciudad de Altamira), el resecamiento de más 100 km del río Xingú, el desplazamiento de entre 20.000 y 50.000 habitantes y la pérdida del sustento de las comunidades ribereñas debido al desagüe de la represa. [2] Por si fuera poco, tal inundación se extenderá hasta una zona virgen en el corazón de la selva amazónica, donde se teme por el exterminio de la irreemplazable biodiversidad regional.

Con una capacidad de generación de 11.200 MW, la Represa de Belo Monte será la tercera más grande del mundo, superada sólo por la Presa de las Tres Gargantas en China y la Represa de Itaipú en Paraguay. [3] Se calcula que el costo de la Represa de Belo Monte ascenderá a 17.000 millones de dólares, de los cuales 2.500 millones se destinarán a las líneas de transmisión eléctrica. De la construcción se encargará el consorcio Norte Energia, donde el Gobierno brasileño participará como un influyente accionista por medio de la empresa estatal Electrobras. Del 80% del financiamiento se ocupará el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil mediante créditos y préstamos. Esta firme voluntad gubernamental estriba en que el proyecto significará un avance importante en el cumplimiento del eterno objetivo brasileño: la independencia energética. Hoy en día, Brasil obtiene el 80% de su electricidad a partir de la energía hidráulica gracias a las plantas hidroeléctricas erigidas en el marco del Programa de Aceleración del Crecimiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. [4] A tal iniciativa se suma el Plan Decenal de Expansión de Energía, lanzado en 2007 a fin de gestionar la construcción de 71 centrales hidroeléctricas, que contarán con una capacidad de generación de 29.000 MW y se ubicarán en su mayoría dentro de la región amazónica. [5]

De acuerdo con el Gobierno de Brasil, se precisan proyectos que, como la Represa de Belo Monte,  contribuyan al sostenimiento de la creciente demanda energética nacional suministrando energía a los hogares brasileños a un precio asequible. Aun así, se ha determinado que sólo el 70% de la energía proveniente de Belo Monte se destinará al consumo público, mientras que el 30% potenciará la industria minera y su alto consumo energético. Conforme a un estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), si Brasil invirtiera en eficiencia energética, podría reducir en un 40% su demanda estimada de electricidad hacia 2020. [6] Es decir, la energía así ahorrada equivaldría a la generada por catorce centrales de la magnitud de Represa de Belo Monte. El estudio indica asimismo que, de reacondicionarse las actuales plantas hidroeléctricas, podrían incorporarse miles de megavatios adicionales a la red de energía sin la necesidad de construir una nueva represa.

La construcción de la Represa de Belo Monte fue autorizada en junio de 2011 por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, el órgano ejecutivo de fiscalización ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. [7] No obstante, ya en septiembre de 2011, el juez federal brasileño Carlos Castro Martins resolvió a favor de una agrupación de pescadores que denunciaba las repercusiones de la represa sobre las poblaciones de peces y sobre las comunidades aborígenes dependientes de la pesca. Según Martins, debía ponerse un alto a los procedimientos del proyecto que alteraran el curso natural del río Xingú. Desde entonces, no ha habido tregua en la guerra contra la Represa de Belo Monte, pero se espera que Norte Energia interponga un recurso de apelación.

Chile: La Represa de HidroAysén

La construcción de represas encuentra resistencia también en Chile, donde ha originado entre el gobierno y grupos aborígenes un prolongado enfrentamiento. Su culminación provisional tuvo lugar el 6 de octubre de 2011, fecha en que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt anuló la orden de suspensión del proyecto. En junio, el mismo tribunal había suspendido la autorización de construcción de la represa al declarar admisibles los recursos de protección promovidos por organizaciones ambientalistas como Patagonia Sin Represas. [8]

Con un costo de 3.500 millones de dólares, la Represa de HidroAysén es un proyecto de construcción de cinco diques en los ríos Baker y Pascua en Aysén, una región patagónica virgen localizada en el sur de Chile y conocida por sus lagos y glaciares. El proyecto será llevado a cabo por una sociedad anónima constituida conjuntamente por Colbún S.A., una firma chilena, y ENDESA, una subsidiaria española de la empresa pública italiana Enel. Según se proyecta, se levantarán dos diques en el río Baker y tres en el río Pascua a fin de generar 2.750 MW, el equivalente a cerca del 35% del consumo energético de Chile.

La energía se transportará desde Aysén hacia las ciudades más importantes del norte del país [9] mediante 2.300 km de líneas de transmisión de alta tensión, con un costo de 4.000 millones de dólares, que afectarán propiedades tanto públicas como privadas en nueve regiones chilenas. Además, ENDESA posee la gran mayoría de los derechos acuíferos en Chile: el 85% de los cuerpos de agua del país son propiedad privada y la empresa controla el 80% de tal porcentaje. En 1981, el dictador Augusto Pinochet aprobó el Código de Aguas, que establecía que la totalidad del agua de Chile no constituye propiedad pública, sino privada. Conforme al modelo de Pinochet, el agua tiene valor comercial, al igual que un bien inmueble, de modo que es susceptible de locación y compraventa. Es por ello que en la actualidad los ríos, los lagos y las napas de agua subterránea se hallan principalmente en manos del sector privado. [10]

Al igual que el Gobierno brasileño, el presidente Piñera respalda el proyecto con el fundamento de que en el país urge procurar más energía al menor costo posible a fin de mantener el crecimiento económico. Es más, en virtud del alto consumo energético de la industria minera y el constante mejoramiento de las condiciones de vida en Chile, ciertos analistas conjeturan que el país deberá triplicar su capacidad de generación de energía dentro de los próximos quince años. Chile importa el 90% de sus combustibles fósiles, pues no cuenta con vastas reservas de petróleo o gas natural y, tal como Brasil, depende en gran medida de la energía hidroeléctrica. Descartada queda la energía nuclear en razón del terremoto de Japón de este año. Ante la significativa fragilidad del sistema energético en Chile, el Gobierno asevera que la Represa de HidroAysén será una fuente energética más segura para todo el país.

Como sucede en Brasil, la oposición chilena exclama que la represa asolará un medio ambiente virgen: a causa de la inundación de 14.000 ha, se perderán rápidos y cascadas que tientan cada vez más a los ecoturistas. En vez de proseguir con el proyecto, los críticos afirman que el Gobierno debería incrementar la eficiencia energética y desarrollar las fuentes renovables de energía. Menos del 5% de la electricidad actual chilena proviene de fuentes renovables, muy a pesar de sus numerosas posibilidades energéticas, que incluyen la energía solar en los desiertos del norte, la energía eólica en la costa del Océano Pacífico, la energía geotérmica en numerosas ubicaciones favorables y la energía de biomasa en zonas agrarias. Entre las personalidades internacionales disconformes se destaca Robert F. Kennedy Jr., letrado principal del Consejo de Defensa de Recursos Naturales de EE. UU., quien exhortó al presidente Piñera a que cancelara el proyecto.

Asimismo, en la última asamblea de accionistas de Enel, tres accionistas chilenos solicitaron a la junta directiva de la empresa que detuviera el proyecto hidroeléctrico a fin de evitar una catástrofe ambiental en la Región de Aysén. Lamentablemente, sin embargo, la solicitud cayó en oídos sordos. Fulvio Conti, el director ejecutivo de Enel expresó al respecto que la obra, clave en el futuro de Chile, generará un impacto ambiental mínimo y que la compañía no pretende abandonar el proyecto. [11]

Se espera que las organizaciones ambientalistas persistan en su contienda contra la Represa de HidroAysén, pero se entiende que sólo Italia, que posee el 32% del capital social de Enel, puede impedir la realización del proyecto. Por su parte, el Gobierno de Chile tampoco podría aspirar a poner fin a la obra, pues el Código de Aguas dicta que los derechos acuíferos, una vez conferidos a una persona física o jurídica, no admiten intervención estatal. La única obligación impuesta a los titulares de derechos acuíferos es declarar dónde, cuándo y para qué se utilizará el agua. Por tanto, el Gobierno chileno se limita meramente a controlar tal utilización y verificar que cada empresa privada cumpla con el propósito declarado. Esta privatización del agua en su totalidad no necesariamente conlleva una mejora en el servicio para los consumidores; al contrario, el precio del agua no deja de aumentar, mientras que el porcentaje de la población con acceso al agua potable y al alcantarillado permanece en casi el mismo nivel en que estaba antes de la privatización. [12]

Bolivia: La autopista en tierras indígenas

El tercer punto en cuestión es la construcción de una autopista de 305 km en Bolivia, un proyecto distinto a los anteriores pero con repercusiones similares. El 20 de octubre de 2011, más de 1.500 manifestantes bolivianos pertenecientes a grupos aborígenes arribaron a La Paz, tras una marcha de 603 km durante 66 días, con el objeto de exigir que el presidente Evo Morales renegociara la construcción de la carretera, que atravesará la zona que conecta el altiplano andino en el corazón de Bolivia con las tierras bajas amazónicas en el norte. La construcción tendrá lugar en tres secciones: la primera y la tercera se encuentran en curso, pero la controversia de la segunda ha motivado manifestaciones de tribus indígenas. Tal sección cruzará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure, hábitat de más de 700 especies de fauna y 400 de flora y hogar de los particulares árboles del parque, que resultan fundamentales en la regulación del clima y del ciclo del agua. Se estima que, de realizarse el proyecto, en 18 años se perderá el 64% del parque nacional. [12] La empresa brasileña OAS Construtora será la responsable de la construcción de la carretera, que costará 415 millones de dólares, de los cuales el 80% será financiado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil y el 20% por el Gobierno de Bolivia.

El movimiento indígena en Bolivia aclara que no se opone a la construcción de una carretera entre las regiones de Beni y Cochabamba, sino que protesta por el hecho de que el Gobierno boliviano no haya respetado sus derechos al obviar cualquier consulta con los grupos aborígenes, cuyo territorio quedaría efectivamente partido a la mitad por la autopista. Una protesta con justificativo: conforme al Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo ratificado por Bolivia en 1989, los grupos aborígenes poseen el derecho de participar de un proceso consultivo respecto de todo proyecto que afecte sus tierras. También en la Constitución de Bolivia de 2009 se consagra este derecho. [13] Los opositores temen asimismo que se produzca una “colonización” de la zona por parte de los cocaleros (cultivadores de coca), quienes constituyen buena parte de las bases populares de apoyo al presidente Morales. Al respecto, la opinión pública boliviana se encuentra polarizada: mientras que los grupos aborígenes objetan la construcción de la autopista, cocaleros y algunos sindicatos abogan por ella alegando que esta obra propulsará el desarrollo.

Según portavoces del Gobierno, el proyecto propiciará tal desarrollo una vez que llegue a los grupos aborígenes que habitan en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure, en las regiones de Beni y Cochabamba y, en última instancia, en la totalidad de Bolivia. Explican que, gracias a la obra, los productores agrarios en Beni y Cochabamba podrán acceder más cómodamente a los mercados y habrá todavía más disponibilidad eléctrica y de otros servicios públicos, lo cual redundará en una mayor integración de Bolivia.

Finalmente, tras meses de protestas y enfrentamientos con la policía, los grupos aborígenes triunfaron en la contienda el 25 de octubre de 2011, cuando el presidente Morales promulgó una ley por la que se prohibía la construcción de la carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure. [14] Tomada la decisión, Marcel Biato, el embajador de Brasil en Bolivia, declaró que el Gobierno brasileño ahora está a la espera de que se defina la ruta alternativa que interconecte las dos secciones ya construidas de la autopista. [15]

Conclusión

Brasil, Chile y Bolivia deben sortear obstáculos diferentes, pero tienen la mirada puesta en la misma meta: sostener su crecimiento económico. Sin embargo, al procurar satisfacer las demandas de su economías, cada Gobierno entra en conflicto con el estilo de vida de los grupos aborígenes, los actores más perjudicados y por tanto los más acérrimos opositores, quienes reivindican su derecho de habitar y proteger sus tierras. Ante esta situación, cada Gobierno busca por todos los medios amparar el valor de sus proyectos como impulsores del desarrollo económico, hasta que resultan doblegados por la opinión pública, como ocurrió en Bolivia.

En estos países surge el problema de equilibrar el desarrollo económico y la protección ambiental. A todas luces, el cariz de la cuestión no es simplemente ideológico, pues Piñera es un multimillonario que dirige una coalición de centro-derecha, mientras que Morales es un hombre con raíces aborígenes que reconoce sus tendencias de izquierda y lidera a los cocaleros, quienes en 2009 aprobaron una nueva Constitución centrada en la Pachamama, la Madre Tierra.

A la vista de esta tensión entre el crecimiento económico y los derechos de los grupos aborígenes, se disputa cuán viable resulta la industrialización en desmedro de los recursos naturales. ¿Es concebible otro modelo? A medida que se agotan los recursos naturales y se sienten los efectos del cambio climático, empieza a urgir la necesidad de encontrar una alternativa. Tal como lo demuestran las manifestaciones populares alrededor del mundo, escuchar la opinión de la comunidad sobre el desarrollo económico-ambiental es un buen comienzo.

Este análisis fue traducido por el colaborador de COHA Iván Ovejero.