“Argentina y los Buitres: Una Disputa Política en Múltiples Planos”
Por: Lic. Jorge Ignacio Frechero. Comentarista Invitado del Consejo de Asuntos Hemisféricos.
La pelea suscitada entre la Argentina y los fondos buitre es ya un caso paradigmático de intermestic affairs. Se trata de una disputa que moviliza de manera creciente sinergias y externalidades en múltiples planos, poniendo en tensión las esferas de lo nacional y lo internacional.[1]
El presente escrito ofrece un análisis sintético de los cuatro planos básicos de interacción política por los que se ha reproducido el enfrentamiento desde finales del 2012 y especialmente en el 2014. Dos de estos planos son domésticos: la arena política estadounidense y la arena política argentina; y los dos restantes son internacionales: la relación bilateral Estados Unidos-Argentina y la relación más amplia de estos Estados con la comunidad internacional. En todos ellos se registran desarrollos dignos de seguimiento, algunos más colaterales que otros, que son producto directo de la evolución del diferendo judicial.
Como aclaración de partida, es necesario sentar una posición fundamental: en los Estados Unidos el accionar político de los llamados fondos buitre ha logrado instalar la matriz de opinión de que el origen del problema está en el default del 2001 y en la naturaleza “confiscatoria” de la estrategia de reestructuración argentina.[2] Sin ánimo de perder de vista la vinculación estructural e histórica entre el problema de la deuda externa y el subdesarrollo de la economía argentina, común por cierto a buena parte de la región latinoamericana, esta línea argumentativa enmascara intencionalmente el obrar fundamental de estos actores financieros. El litigio se inicia de manera puntual en el momento mismo en que éstos compraron los bonos a precios de descuento (distressed debt) en el mercado secundario neoyorkino e iniciaron automáticamente demandas por el total del valor nominal de esos bonos, más intereses y punitorios, rechazando los llamados de canje del Estado argentino.[3]
El Primer Plano
Por esto mismo el origen de la disputa está en la arena doméstica estadounidense, el primer plano político a considerar. Allí es donde se encuentra una de las principales plazas financieras del mundo, desde donde operan (especulan) diariamente numerosos fondos de alto riesgo como Elliott Management Corp., el principal demandante de la Argentina a través de su filial NML.[4] Allí es donde la administración de Carlos Menem suscribió el Fiscal Agency Agreement (FAA) de 1994, en virtud del cual se emitieron títulos bajo ley norteamericana que incluían la renuncia de inmunidad soberana en caso de conflicto contractual. Allí nació también la organización política de los grandes tenedores de bonos institucionales, primero con la American Bondholders Committee (ABC) en el fragor del default y luego con la American Task Force Argentina (ATFA) a fines del 2006. ATFA edificó con éxito el relato de que la Argentina es un rogue state financiero, logrando capturar la atención de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, a través del cabildeo directo, el financiamiento político y la construcción y movilización de una coalición variopinta de actores domésticos —integrada en su momento por asociaciones de educadores, productores agrarios y contribuyentes.[5] Asimismo, allí es donde el juez Thomas Griesa y los magistrados de segunda instancia y de la Corte Suprema decidieron que el Estado sudamericano no sólo debía aceptar el reclamo de dudosa legitimidad de un 1 por ciento de los tenedores de los bonos del default sino que, para forzar esto, la cadena internacional de pagos que la Argentina estableció para cumplir con los bonos reestructurados quedaba bloqueada. En Nueva York incluso fue donde se le impuso el rótulo de “default” a este inusitado bloqueo.[6] Por su parte, el gobierno argentino ha desplegado allí no sólo una defensa legal sino también una campaña de contra-lobby a partir del trabajo de su embajada y del activismo de Jubilee USA. Actualmente, a pesar de las órdenes de Griesa y del intento de mediación del Special Master Daniel Pollack, las negociaciones directas Gobierno-fondos buitre han sido canceladas por decisión argentina, tras las jornadas del 29 y 30 de julio pasado.[7] Como se puede apreciar, es en el ámbito doméstico norteamericano donde la disputa tiene su dinámica central.
El Segundo plano
Sin embargo, por efecto de la presión montada por los fondos buitres y su desenlace judicial, ésta dinámica se ha desbordado hacia los otros carriles. El segundo plano inmediatamente abarcado ha sido el de la política nacional argentina. La problemática de los holdouts —como también se denomina a estos fondos por su rechazo a ingresar en los canjes de deuda del 2005 y 2010—, a pesar de que durante años recibió un tratamiento frecuente por parte de los medios locales, se volvió relevante a partir del episodio de la Fragata Libertad. La retención forzosa de la nave escuela de la Armada por la justicia ghanesa durante 77 días fue interpretada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como una afrenta a la soberanía nacional, y aprovechada para rearticular su discurso de épica en torno a la dicotomía “Patria o Buitres”.[8] Con el duro revés judicial del 2014, el uso de este recurso se ha profundizado —“Ayer, Braden o Perón. Hoy, Griesa o Cristina”— al amparo de una corriente mayoritaria de opinión que responsabiliza principalmente a los fondos buitres y al octogenario juez Griesa por el escenario de incertidumbre económica que ha ocasionado el caso.[9] Incluso la popularidad de Cristina se ha visto levemente mejorada.[10]
Esto evidencia que la importación del conflicto a la política doméstica en general tomó mejor preparado al gobierno que a las fuerzas políticas de oposición. Estas últimas han estado muy lejos de una posición mancomunada, advirtiéndose propuestas tan disímiles como el repudio de la ilegitimidad de la deuda externa (la Izquierda) hasta el “cumplimiento irrestricto” del fallo del pari passu de Griesa (el PRO).
Pero la importación de la disputa a la arena doméstica nacional no ha sido meramente simbólica sino también material. Buscando reafirmar la voluntad de pago ante el bloqueo instrumentado por Griesa, el 10 de septiembre pasado el gobierno argentino impulsó la sanción de la Ley 26.984 de Pago Soberano de Deuda por la cual se habilita el canje de bonos reestructurados con el fin de mudar la jurisdicción de pago de Nueva York a Buenos Aires (o París como alternativa), cumpliendo con un plan de acción anunciado en junio pasado.[11] La medida tuvo un recibimiento positivo por parte de algunos grandes y pequeños tenedores, pero como contrapartida desencadenó la declaración de “desacato” por el juez Griesa y la posibilidad concreta de sanciones contra el país.[12] La efectividad general de esta mudanza resta por verse.
El Tercer Plano
El tercer plano es el bilateral o intergubernamental entre la Argentina y los Estados Unidos. Históricamente, las relaciones entre ambos gobiernos han sido distantes, mayormente cordiales y con algunos episodios breves pero significativos de competencia y hasta confrontación. La excepción a ello fue por supuesto el período de “relaciones carnales” de los años de Menem (1989-1999), cuando su gobierno adoptó como propios los imperativos estratégicos de Washington.[13] La crisis del neoliberalismo argentino en el 2001 puso fin a esta proximidad y desde entonces el vínculo político-diplomático se ha asemejado más a su patrón histórico.
En ese contexto, el tema del default y la reestructuración de la deuda fue procesado bilateralmente a partir de un acuerdo implícito propuesto en 2002 por el Departamento del Tesoro estadounidense, e inspirado en la teoría del Riesgo Moral, por el cual el gobierno en Buenos Aires no debía esperar salvataje financiero del Norte y a cambio contaría con autonomía suficiente para establecer nuevas reglas de juego para sus acreedores internacionales. En el marco de ese arreglo, y frente al surgimiento de los primeros juicios, el poder ejecutivo estadounidense combinó un distanciamiento diplomático del tema, con un acompañamiento judicial en el plano doméstico en beneficio de la Argentina que se extendió incluso hasta febrero del 2014 (a través de presentaciones de amicus curiae). Este posicionamiento resultó ser un escollo mayúsculo para los fondos buitre, quienes decidieron precisamente crear el lobby de ATFA en 2006 para “convencer al gobierno de los Estados Unidos, específicamente a miembros del Congreso, del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, de defender a los acreedores estadounidenses demandando que la Argentina honre sus extraordinarias obligaciones de deuda”.[14]
Pero por el efecto combinado de la generosa inversión política de ATFA, la llegada de los demócratas a la Casa Blanca, la intransigencia creciente de Griesa y los demás jueces, y en definitiva el clima de ideas a favor de los fondos buitre, el posicionamiento condescendiente original del ejecutivo estadounidense fue finalmente abandonado. El cambio de actitud fue evidente en marzo pasado cuando el Secretario de Estado John Kerry afirmó que ya no apoyarían judicialmente a la Argentina.[15] Y en efecto, apenas un año después de haber acompañado en segunda instancia la apelación argentina del fallo pari passu, la administración del Presidente estadounidense Barack Obama optó por mantenerse en silencio ante la Corte Suprema de dicho país.
Las resoluciones de esta última, al volver definitivos los fallos pari passu y discovery, significaron un cambio cualitativo en la disputa que repercutió a su vez en este plano bilateral. El siguiente cúmulo de eventos así lo atestigua. En primer lugar, en agosto pasado la Argentina denunció a los Estados Unidos por violación a su soberanía ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya —apelando a la unicidad de la acción estatal—, acción que no obstante quedó sin efecto por la negativa norteamericana a acceder a esta jurisdicción. Luego, en septiembre se produjo un altercado entre la cancillería sudamericana y el encargado de negocios de la embajada estadounidense en la Argentina, Kevin Sullivan, quien describió como un “default” el bloqueo de pagos impuesto por Griesa. El canciller Héctor Timerman incluso amenazó con recurrir a sanciones en el marco de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Tras ello, la declaración de desacato a fines de ese mismo mes motivó que la embajadora ante Washington, Cecilia Nahón, se dirigiera a Kerry para advertirle de la ilegalidad de tal escenario en virtud del derecho internacional, las cartas de la ONU y de la OEA, y denunciar que esto conduciría a “una escalada sin precedentes”.[16] Por último, días atrás, Fernández de Kirchner envió directamente una carta a Obama para denunciar la doble función de Nancy Soderberg como funcionaria de su administración —máxima responsable de la Public Interest Declassification Board— y como co-presidenta de ATFA. La mandataria argentina expresó en la misiva que “[r]esultaría inadmisible que un cargo ‘clave’ del gobierno de los Estados Unidos, con acceso a información clasificada y vinculaciones directas con el Congreso, sea la misma persona que copreside una entidad dedicada a agredir y difamar en los peores términos a una nación soberana que pretende tener relaciones productivas con su país”.[17]
En contrapartida, la posición estadounidense se ha limitado a sostener, en palabras de la responsable del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental Roberta Jacobson, que la disputa “no es un asunto entre los dos gobiernos, sino una cuestión en la que tiene que decidir la Justicia; por lo tanto, no es una materia que debería influir en la relación bilateral”
Sin embargo, estos episodios recientes evidencian la novedosa activación política de la pelea con los fondos buitre en el plano diplomático bilateral, no sólo por la insistencia argentina sino fundamentalmente por el cambio de postura en Washington.
El Cuarto Plano
El cuarto y último plano es el de las relaciones con el sistema internacional. Este ámbito fue priorizado en los últimos meses por el gobierno argentino para conseguir un caudal de apoyos de otros Estados, espacios e instituciones internacionales y actores en general, destinado a evidenciar la legitimidad de su postura ante las cortes estadounidenses. De esta manera, ha recibido la solidaridad regional —manifiesta a través de la UNASUR y de una mayoría de miembros en la OEA—, también del G77+China, del G24, de personalidades prominentes como Joseph Stiglitz y Nouriel Roubini, de organismos del sistema de Naciones Unidas como la UNCTAD y hasta del propio Fondo Monetario Internacional.
La primera manifestación de la activación del litigio en el ámbito internacional se produjo en la reunión de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada en julio, cuando la representante estadounidense decidió no apoyar la declaración de respaldo a la Argentina y pidió en cambio por el respeto a los procesos judiciales de su país.[18]
Tras este episodio, la diplomacia argentina concentró su activismo en las Naciones Unidas, donde, gracias al apoyo del G77+China, logró en septiembre el compromiso de la Asamblea General (AG) para establecer un marco regulatorio que facilite la reestructuración de deudas soberanas (“A/68/L.57/Rev2: Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes”). Dicho compromiso implica una contribución sustantiva desde el punto de vista de la comunidad internacional al atender el vacío legal existente y dar cuenta de una vieja inquietud multilateral.[19] Su trascendencia resulta evidente si se atiende que en la actualidad hay 120 litigios de acreedores agresivos contra países latinoamericanos y africanos, de los cuales 102 han sido radicados en los Estados Unidos.[20] Más aún, la Argentina también logró que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, además de condenar el caso, destine una investigación sobre el fenómeno de los buitres.[21]
Conclusiones
Estos interesantes desarrollos han sido posibles a pesar de la negativa oficial estadounidense, que ha manifestado favorecer por el contrario mecanismos de resolución privados. En todo caso, el acompañamiento internacional de la Argentina no es circunstancial sino genuino, es decir, refleja una voluntad colectiva de cambio y de mayor justicia en las relaciones económicas internacionales frente al flagelo compartido de la especulación con deuda soberana.
Por tanto, el análisis de esta disputa desde la consideración de los distintos planos políticos por los que actualmente discurre, nos permite afirmar que no se trata de un mero diferendo contractual y judicial entre un grupo de inversores privados y un Estado soberano, sino que es un conflicto eminentemente político, cargado de complejidad, con implicancias que van de lo nacional a lo internacional y, por tanto, de una profunda naturaleza interméstica. De esta manera, si bien es cierto que su epicentro aún está en el ámbito doméstico estadounidense, en el propio despacho de Griesa, afirmar que la solución estriba en acatar el fallo pari passu y abonar lo demandado por los holdouts, es simplemente caer en un reduccionismo acrítico y sesgado que no da cuenta del desborde de la pelea hacia nuevos ámbitos.
El accionar de los buitres representa una problemática central de la agenda económica internacional que el activismo diplomático argentino está ayudando a discutir de manera debida, a través del multilateralismo, con apego a los Derechos Humanos y en defensa de su soberanía. El gobierno de los Estados Unidos por su parte debe atender a su responsabilidad sistémica, recuperar su coherencia en relación al fallo pari passu y trabajar en definitiva con la comunidad internacional para garantizar un sistema financiero global menos volátil, más justo y más equitativo.
Por: Lic. Jorge Ignacio Frechero. Comentarista Invitado del Consejo de Asuntos Hemisféricos.
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Fuentes
Imagen destacada tomada por: Benjamin Dumas. Obtenido de: https://www.flickr.com/photos/b00nj/14840970496
[1] Los asuntos intermésticos son aquellos que son simultánea e inseparablemente tanto internacionales como domésticos, ya sea por su naturaleza o por sus implicancias. El adjetivo interméstico denota precisamente la conjunción o enredo creciente de ambas esferas. Asimismo, en términos analíticos puede obrar tanto como una categoría de observación hasta como un enfoque de manejo estratégico en el campo de la política exterior. Ver Bayless Manning, “The Congress, the Executive and Intermestic Affairs: Three proposals”, Foreign Affairs (1977), pp. 306-324 y también Perry Pada: “The Intermestic Affairs: A Theoretical Approach”, The Academia Chronicle (April 5, 2006), http://perrypada.blogspot.com/2006/04/intermestic-affairs-theoretical.html
[2] Robert Shapiro y Nam D. Pham, “Discredited – The Impact of Argentina’s Sovereign Debt Default and Debt Restructuring on U.S. Taxpayers and Investors” (2006) http://www.atfa.org/wp-content/uploads/2012/09/atfa_1006.pdf
[3] El mote de “buitres” se ha popularizado para denotar que el modelo de rentabilidad de estos fondos consiste exclusivamente en la práctica conjunta de la adquisición especulativa de títulos de deuda soberana durante coyunturas de penuria económica nacional y el posterior manejo estratégico de litigios judiciales con los gobiernos deudores.
[4] En el caso de NML, el fallo del juez Griesa le significa una rentabilidad del 1.600 por ciento sobre su inversión.
[5] Jorge Ignacio Frechero, “La erosión de ATFA”, Página/12 (Mayo 5, 2014), http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-245505-2014-05-05.html.
[6] La declaración de un “evento de falla en pago crediticio” corrió por cuenta de un comité de la International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA), una organización integrada por grandes empresas dedicadas al negocio de los derivados financieros, el primero de agosto de 2014, dos días despúes del vencimiento de la moratoria del pago correspondiente al 30 de junio. Entre los miembros de dicho comité, quienes votaron en unanimidad, se destacan el Bank of America, el Citibank, JP Morgan Chase Bank y peculiarmente, Elliott Management Corporation. Esto último alimentó la sospecha de que el fondo cuyo CEO es Paul Singer ha especulado también con la activación de los seguros de default (CDS, credit default swaps) de la deuda argentina. Ver Peter Hayakawa, “Do the Holdout Hedge Funds Hold Argentine Credit Default Swaps?”, Center for Economic and Policy Research (Agosto 13, 2014), http://www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-blog/do-the-holdout-hedge-funds-hold-argentine-credit-default-swaps
[7] Por primera vez en la larga historia de la disputa, el gobierno sudamericano aceptó una negociación directa que tuvo lugar los 29 y 30 de ese mes, ante la inminente expiración de la moratoria que regía. La comitiva argentina, liderada por el propio ministro de economía Axel Kicillof, ofreció a los holdouts las mismas condiciones de pago establecidas en los canjes del 2005 y 2010 y solicitó en su defecto un stay hasta la finalización de la llamada cláusula RUFO (Right Upon Future Offers) en enero de 2015. Por su parte, los abogados de los fondos buitre fijaron que no aceptarían otro monto de pago que no fuera el establecido en el fallo de Griesa (USD 1.500 millones), lo que precipitó el fracaso del acuerdo. Tras ello, Buenos Aires criticó el desempeño “parcializado” de Pollack, solicitó a Griesa su reemplazo de manera infructuosa y adoptó la decisión de no participar en próximas instancias de mediación —al menos hasta enero de 2015—, aludiendo la inexistencia de “condiciones legales, justas, equitativas y sustentables, que permitan el inicio de negociaciones en el caso NML c/República Argentina”. Ver Carlos Burgueño, “Argentina seguirá ignorando citaciones de Daniel Pollack”, Ámbito Financiero (Octubre 17, 2014), http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=763255
[8] La sorpresiva medida judicial sobre la fragata respondió a una solicitud presentada por NML y la firma Huntlaw Corporate Service ante la Corte Suprema de Ghana, en el marco de su campaña global para embargar activos del estado argentino. El buque, que visitaba por primera vez el país y contaba con una tripulación de aproximadamente 330 personas, estuvo detenido desde el 2 de octubre hasta el 19 de diciembre en el puerto de Tema (cerca de Accra) hasta que finalmente el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, determinó unánimemente su liberación por considerarse un navío de guerra y ser por tanto inembargable. El episodio permitió traer al centro de la atención pública nacional (y también internacional) a Singer, quien en ocasión del embargo escribió a sus accionistas de Elliott Management Corp.: “A diferencia de lo que algunos en la prensa quieren hacerles creer, no compramos deuda argentina para quedarnos con un barco demasiado grande para navegar en Long Island”.
[9] Las encuestas disponibles más recientes son de Poliarquia Consultores, http://www.poliarquia.com/pdf/IP%20120814V2.pdf; del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), http://www.telam.com.ar/notas/201408/73353-imagen-positiva-cristina.html; y también la encuesta del Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA: http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Encuesta-sobre-Fondos-Buitres-Agosto-de-2014.pdf
[10] Fernando Laborda, “Cristina sube en los sondeos de la mano de los buitres”, La Nación (Agosto 8, 2014), http://www.lanacion.com.ar/1716714-cristina-sube-en-los-sondeos-de-la-mano-de-los-buitres
[11] La ley fue sancionada con 134 votos a favor, 99 en contra y 5 abstenciones. En la misma se dispuso además la remoción del intermediario financiero responsable de procesar los pagos de bonos, el Bank of New York Mellon (BONY) y su reemplazo por Nación Fideicomisos S.A., a pesar de que este agente carece de las condiciones requeridas en los bonos reestructurados para funcionar como trustee —no posee oficina en Nueva York o Columbia y no cuenta con un portfolio mínimo de USD 50 millones.
[12] El principal apoyo externo a la Ley de Pago Soberano provino del fondo Fintech, del mexicano David Martínez. Ver Horacio Verbitsky, “El tercer canje”, Página/12 (Agosto 24, 2014), http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-253677-2014-08-24.html. También representantes de los bonistas minoristas italianos manifestaron su consentimiento. Con respecto a la declaración de desacato, ésta tuvo lugar el 29 de septiembre, tras la insistencia de los abogados de los fondos buitre. Griesa justificó su decisión en que el llamado al cambio de jurisdicción de pago “era ilegal y no podía llevarse a cabo”. Ver Bob Van Boris, “Argentina Found in Contempt by N.Y. Bond Fight Judge”, Bloomberg (Septiembre 29, 2014), http://www.bloomberg.com/news/2014-09-29/argentina-found-in-contempt-of-court-by-bond-fight-judge.html. Por su parte, la Cancillería argentina emitió un comunicado donde sostuvo que “Griesa ostenta el triste record de ser el primer juez que declara un desacato contra un Estado Soberano por pagar una deuda, luego de fracasar en su intento de obstruir la restructuración de la deuda externa de la Argentina”. Ver “Nuevo fallo del Juez Griesa violatorio del derecho internacional”, Informe para la Prensa, N° 256/14 (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Septiembre 29, 2014), http://www.cancilleria.gov.ar/nuevo-fallo-del-juez-griesa-violatorio-del-derecho-internacional
[13] La metáfora de las “relaciones carnales” fue acuñada en 1991 por el entonces canciller argentino Guido Di Tella en un encuentro en Washington con las máximas autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo. Buscando graficar la estrecha relación que el gobierno del presidente Menem pretendía construir con los Estados Unidos, Di Tella expresó: “No queremos tener relaciones platónicas: queremos tener relaciones carnales y abyectas”. Ver “La frase sobre las relaciones carnales fue una estupidez”, Página/12 (Enero 25, 2001), http://www.pagina12.com.ar/2001/01-01/01-01-25/pag10.htm
[14] En “Objectives”, página web de ATFA, captura del 6 de marzo del 2008 a través de Internet Archive. Link correspondiente: http://web.archive.org/web/20080306135806/http://atfa.org/objectives/
[15] Silvia Pisani, “Kerry descartó un apoyo de EE.UU. en la disputa con los fondos buitre”, La Nación (Marzo 13, 2014), http://www.lanacion.com.ar/1671618-kerry-descarto-un-apoyo-de-eeuu-en-la-disputa-con-los-fondos-buitre
[16] La carta completa puede consultarse en http://www.presidencia.gov.ar/images/stories/nota_kerry_eng.pdf
[17] Ver “Carta al Presidente Obama con respecto a Nancy Soderberg, copresidente de ATFA” (Octubre 31, 2014), http://www.cfkargentina.com/cristina-kirchner-carta-obama-nancy-soderberg-atfa-buitres/
[18] Melisa Cabo, “La OEA aprobó la declaración en ‘respaldo a la posición de Argentina’ en el caso contra los fondos buitre”, Télam (Septiembre 3, 2014) http://www.telam.com.ar/notas/201407/69854-oea-cumbre-cancilleres-fondos-buitre-respaldo-argentina.html
[19] “La Asamblea General dispuesta a aprobar un marco regulador para procesos sobre deuda”, Centro de Noticias ONU (Septiembre 9, 2014), http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30403. En clara señal de avance, el 17 de octubre pasado el G77+China presentó un draft a consideración de la Asamblea General denominado “Modalities for the intergovernmental negotiations and the adoption of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes”, el cual busca asentar los plazos y mecanismos sobre los que se trabajará en el 2015 con vistas al acuerdo multilateral.
[20] Julian Schumacher, Christoph Trebesch y Henrik Enderlein, “Sovereign Defaults in Court” (May 6, 2014), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2189997.
[21] El sociólogo suizo Jean Ziegler fue designado al frente de la comisión investigadora. Ver Martín Granovsky, “Los fondos buitre hacen el trabajo sucio”, Página/12 (Octubre 5, 2014), http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-256853-2014-10-05.html
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