Lo que está en juego
Ex investigador de defensa y miembro del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres y funcionario de asuntos públicos de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), de las Naciones Unidas, en Chile, Larry Birns ha dictado materias sobre la América Latina, gobierno comparativo y derecho y orgtanizaciones internacionales durante 15 años en varias universidades.
Es indudable que Chávez ha sido una figura controversial, contenciosa y pugnaz, pero él se ha ajustado a las reglas del juego democrático mucho más de lo que lo ha hecho la oposición. Sus múltiples fallas han sido más de estilo que de sustancia. Pero si Chávez es derrocado en los próximos días —lo que no es improbable— la tragedia será mucho más grande para el presente y futuro de Venezuela que para Chávez. Los venezolanos pobres, los venezolanos genuinamente patrióticos, recordarán a Chávez como un líder que peleó por ellos —no siempre sabiamente, pero siempre con la mejor de las intenciones— y no por su ganancia personal. El ariete con el que la oposición ha atacado a Chávez ha tomado su impulso de argumentos tendenciosos y falaces, de objetivos motivados por interés personal y posturas meretrices, así como de una interpretación falaz de la Constitución y de una gama de justificaciones fraudulentas para encubrir intereses particulares.
Una investigación detallada del enfrentamiento entre Chávez y la oposición arrojaría como resultado que es esta última la que busca bloquear las negociaciones promovidas por la OEA. Es también la oposición quien llama a los militares a amotinarse. Es la oposición la que utiliza su casi total control de los medios para difundir información falsa y una interpretación consistentemente incendiaria y parcializada de los hechos. Es la oposición y no el gobierno la que arriesga la vida de los venezolanos al promover enfrentamientos de calle y es la oposición la que está promoviendo la guerra de clases y el odio entre pobres y ricos.
La historia detrás de la historia
La oposición le teme, fundamentalmente, a un conjunto de leyes reformistas que incluyen un programa de reforma agraria en el que las parcelas ociosas o excesivamente grandes pueden ser transferidas a pequeños propietarios. En este momento el 41% de la tierra cultivable está en manos de menos del 5% de la población. Y, de acuerdo a la Comisión Económica para Latinoamérica de la ONU, Venezuela tiene una de las distribuciones de riqueza más desiguales de toda la región. Los análisis demográficos demuestran que de sus 23 millones de pobladores, 80% son pobres o viven debajo del umbral de pobreza. Es este estrato social el que sustenta mayoritariamente a Chávez. Y es esta gente la que no va a renunciar fácilmente a las modestas reformas implementadas durante su presidencia. Reformas que han llevado a los niños leche y almuerzo en las escuelas, a humildes empresarios microcréditos y a todo el país programas de construcción urbana y rural.
La oposición sostiene que Chávez fraterniza con terroristas, pero la realidad es que Chávez, como sus predecesores, se ha reunido con sus colegas de la OPEP para discutir precios y normas de producción. La oposición reitera que existe una alianza oculta entre Chávez y Castro, pero nunca presenta evidencia al respecto, ni especifica sus acusaciones y ni siquiera presenta argumentos para apuntalar lo que no es más que propaganda pura. La oposición habla de corrupción alrededor de Chávez, pero nunca menciona las acusaciones en contra de algunas de las más controversiales y dudosas figuras en la comunidad empresarial, en el movimiento sindical y en los medios. Nadie menciona, asimismo, que la inmensa mayoría de los funcionarios de la asfixiante burocracia de Venezuela fueron nombrados en gobiernos anteriores; y que la mayoría de estos empleados están del lado de la oposición.
Una solución a la crisis de gobierno en Venezuela tendrá que ser el resultado de la adherencia a la Constitución, no el resultado de agitación callejera o confrontación armada. Hay varios escenarios que implican un grave peligro a las instituciones orgánicas de Venezuela. Una solución que no siga el mandato de la Constitución socava las perspectivas de paz, estabilidad y continuidad del civismo político que ha sido tradicional en Venezuela.
Puede haber una salida para los venezolanos de buena voluntad. La oposición podría esperar hasta agosto, cuando la misma Constitución que ellos alegan está siendo «vulnerada» permite un referéndum para decidir si Chávez debería o no terminar su mandato. La Asamblea Nacional podría implementar un procedimiento para llamar a elecciones antes del 2006, ó aún quizás antes de agosto. Un posible triunfo de la oposición puede y tiene que venir por la vía del respeto a la ley, no por intermedio de la extorsión, o la manipulación del poder financiero y mediático de una minoría.
Resolver los problemas de Venezuela mediante la amenaza de incinerar sus instituciones políticas y financieras nos recuerda lo que pasó en Chile en 1973. En aquél momento, el Partido Demócrata Cristiano cometió la imprudencia de usar a los militares para salir de Allende con el resultado, no de obtener el poder que deseaban, sino 17 años de represión brutal bajo Pinochet.