El Gobierno calla mientras más periodistas mueren en Honduras

Avances

• Honduras ocupa el deshonroso segundo puesto como el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio occidental.
• Desde que el presidente Porfirio Lobo asumió el poder, 15 periodistas han sido asesinados; el gobierno niega que estos crímenes hayan sido cometidos por motivos políticos.
• Organizaciones de derechos humanos y de periodistas insisten con mayores exigencias al sistema judicial y a la policía hondureña a fin de identificar y castigar a los responsables.

Desde siempre, pero con una inusitada agresividad desde 2010, la libertad de expresión y los periodistas de Honduras se encuentran bajo ataque permanente por parte de grupos, organizaciones e individuos hasta ahora no identificados. El periodista Medardo Flores, cercano al ex presidente Manuel Zelaya, es la última víctima de esta ola de violencia, dirigida contra los periodistas en Honduras. Con el debido respeto al gobierno de Porfirio Lobo, desde este espacio no es descabellado presumir que alguien con motivaciones muy particulares procura acallar a los periodistas. Presidente Lobo, “¿quién es el responsable de asesinar a los periodistas?” es la insistente pregunta que formulan varios frentes nacionales e internacionales. Las respuestas son el silencio y la impunidad. Sin embargo, este estado de arbitrariedad desemboca en una autocensura generalizada y en la ausencia de un periodismo de investigación en el momento en que los hondureños más necesitan la protección de su democracia y de sus derechos humanos, una protección que aún se mantiene en ciernes. Esas fuerzas oscuras detrás de esta extendida ola de incertidumbre demuestran un amplio espectro que abarca la violencia común, la violencia política y los carteles de drogas, que han conseguido que los periodistas, por temor a perder la vida, dejen de informar sobre los actos de corrupción y los crímenes relacionados con el narcotráfico.

La sociedad hondureña está sumida en una pesadilla donde los abusos a los derechos humanos, la muerte de periodistas y la permanente violación a la libertad de expresión se ocultan con el manto obscuro de la impunidad. Los medios de comunicación son objeto de acoso incesante por su intento de mantener al país informado de lo que sucede tanto en el ámbito político como en el social. Desde el golpe de estado en 2009, 15 periodistas han sido asesinados; además, detrás de esta fachada democrática, cualquier líder que disiente políticamente resulta también víctima de persecución, al extremo de que Honduras ha caído en un estado de miedo e inseguridad constantes.

Cuando el 28 de junio del 2009, con el apoyo del parlamento, los militares expulsaron del poder al presidente Manuel Zelaya por sus supuestas violaciones constitucionales, deterioraron aún más esa frágil democracia. Es sabido que en un país donde la Constitución no es la que dirige los destinos de sus ciudadanos, los derechos humanos y la libertad de expresión son lo primero que resulta perjudicado. Tras una intensa confrontación política y social, Honduras eligió a Porfirio Lobo como nuevo presidente el 29 de noviembre de ese mismo año. Zelaya, con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y tras 23 meses desde aquella madrugada en la que un fusil le arrebató el poder, volvió el pasado mes de mayo. Está por verse si su retorno, como aspiran sus partidarios y gobiernos afines, contribuirá a la reconciliación ideológica que tanto necesita esa nación. No obstante, las divergencias políticas han resultado infranqueables en Honduras, donde considerables vulnerabilidades institucionales y grandes ambiciones individuales impiden anteponer el bien colectivo y devolverle su significado a la democracia. El asesinato, el pasado seis de septiembre, del dirigente popular Mahadeo Roopchand Sadloo prueba que la paz sociopolítica es una meta aún lejana para los hondureños. Sadloo, de 62 años y originario de la India, era un ferviente defensor del ex presidente Manuel Zelaya. Su muerte es para el ex mandatario “una declaración de guerra contra nosotros” y un crimen de Estado.

Con anterioridad al levantamiento en Honduras, ni los derechos humanos ni la prensa gozaban del pleno respeto del poder institucional ni estaban libres de peligro. Además, a partir de 2010, tanto la seguridad como la libertad de expresión de los periodistas entraron en crisis, de manera que el presidente Lobo se comprometió a proteger la vida de los periodistas. Sin embargo, su gobierno ha sido reacio a reconocer su responsabilidad sobre lo que ocurre en Honduras con la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Con esta actitud,  Lobo deja un amplio margen para que sus críticos siembren sospechas de que el actual Gobierno se encontraría vinculado con tales asesinatos, puesto que varios periodistas que han perdido la vida habían expresado públicamente su rechazo al golpe de Estado que llevó a Lobo al poder en 2009. Por ejemplo, Victoria Amato, representante de Freedom House en Latinoamérica, sin dejar de reconocer que la violencia y la censura a los medios de comunicación eran realidades que ya existían antes del golpe de Estado, precisó que “muchos de los periodistas asesinados fueron contrarios al golpe”[1]. De esta manera, Amato sostiene que éste obstaculiza la investigación de dichos asesinatos por parte del grupo político que se encuentra en el poder.[2]

El Gobierno niega rotundamente que esos hechos fatales tengan algún tinte de represión política y opone como defensa que en abril de 2010 ofreció 5.000 dólares a quien proporcionara información confidencial que facilitase las investigaciones sobre la muerte de cinco periodistas. Aun con estas aparentes buenas intenciones, el Gobierno debe demostrar su compromiso de que la justicia por estos crímenes no sea un derecho postergado indefinidamente.

El segundo país más peligroso

Detrás de México, Honduras ostenta el humillante segundo lugar en el continente americano como el país donde es más peligroso ejercer el periodismo y como la nación que más cercena la libertad de expresión.[3] El informe “La Libertad de Prensa”, publicado en 2011 por Freedom House y referido al libre derecho de informar, otorgó a esta nación centroamericana la deshonrosa calificación de ser país donde es más difícil hacer valer la libertad de expresión. Amato reconoció que “existe preocupación porque al gobierno le falta efectividad para entregar a los culpables ante la justicia.”[4] Press Emblem Campaign también ubicó a Honduras el segundo lugar de la lista, detrás de México. En un comunicado en 2010, el secretario general de la organización, Blaise Lempen, hizo un llamado “urgente” a todos los actores involucrados en la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión para proteger y respetar la vida de estos profesionales de los medios.[5]

En este sentido, defensores de derechos humanos y líderes sindicales peticionaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exigiera a Lobo respetar los principios universales de los ciudadanos y garantizar la seguridad de quienes han sido amenazados. Sin embargo, como ya se ha vuelto costumbre, el Gobierno se hace esperar con el anuncio de medidas orientadas a proteger los derechos humanos y las libertades de los hondureños, en particular aquellas de los periodistas y los disidentes políticos. Sin embargo, Ramón Custodio, el comisionado nacional de derechos humanos, ventiló su desacuerdo con la CIDH y negó que las autoridades hondureñas hayan sido negligentes frente al estado de incertidumbre. Según Custodio, “la CIDH tiene una actitud negativa contra el Gobierno de Honduras. Hice denuncias sobre las muertes de periodistas en el 2008 y 2009 y me responden que han desestimado mis reclamos porque no reúnen los requisitos. Eso me hace pensar que la OEA [Organización de Estados Americanos] protege los derechos humanos conforme a la ideología de los gobiernos”[6]. Sus cuestionamientos se extendieron a Estados Unidos, que indebidamente restaría importancia al problema del tráfico ilícito de drogas. También acusó a los carteles del narcotráfico, así como a las pandillas como las Maras Salvatrucha, de estar detrás de los crímenes contra los periodistas. Así es como Custodio rechazó las insinuaciones de que estos asesinatos sean parte de un ardid político. “Cierto que Honduras antes fue un país donde había terrorismo de estado, pero ahora estamos a merced de las bandas criminales, por eso las acusaciones en contra del Gobierno son dañinas distorsiones y manipulaciones.”[7]

Asimismo, un informe gubernamental estadounidense señala que Estados Unidos y México, al intensificar la guerra contra las drogas, llevaron involuntariamente a los carteles del narcotráfico a Guatemala, El Salvador y Honduras. “Creo que hemos desperdiciado nuestro dinero inmisericordemente. Nuestro esfuerzo ha tenido efectos muy corrosivos en todos esos países”, dijo Bruce Bagley, quien analiza los efectos contra el terrorismo.[8]

Ante la falta de acciones y respuestas del Gobierno hondureño, el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) demandó del “presidente Lobo y del resto de representantes gubernamentales denunciar con firmeza y a tiempo los atentados en contra de la prensa. Su gobierno tiene que cumplir frente a la OEA y reforzar las órdenes de protección para los periodistas y otros opositores ideológicos.”[9] Sin embargo, los llamados del CPJ y Freedom House han sido desoídos por el Gobierno, quizá porque, según Lisseth García, presidenta del Colegio de Periodistas en San Pedro Sula, Honduras, “las muertes y las amenazas contra los periodistas no son fáciles de identificar de dónde vienen. Nuestros terribles enemigos son la impunidad y la falta de voluntad de llegar hasta el fondo de esta tragedia. Nuestros periodistas están siendo asesinados desde 1993, pero el 2010 fue el más trágico.” La imparable violencia ha hecho que los periodistas se autocensuren, mientras la lista de periodistas amenazados de muerte aumenta. “Tres colegas más están amenazados. Hemos hecho el llamado oficial para que los protejan y se investigue de dónde vienen esas amenazas, porque ya no queremos seguir llorando muertos.”[10]

Defensa propia y licencia para matar

Mientras las organizaciones nacionales e internacionales denuncian la impunidad y la poca voluntad de las fuerzas de seguridad hondureñas para investigar estos crímenes, la policía procuró calmar la tensa situación asegurando que al menos tres periodistas fueron asesinados por razones no atinentes a su trabajo profesional. En virtud de los 15 periodistas asesinados desde 2010, tal versión resulta simplista e frívola, porque no se justifica que más periodistas pierdan la vida ni que la libertad de expresión en Honduras se encuentre entre la espada y la pared, mientras el Gobierno no emplea todos los medios posibles a fin de garantizar la transparencia de la información y la seguridad de los periodistas.

El temor generalizado y el aumento de los asesinatos entre los periodistas no se aplacan con declaraciones como las del fiscal general, Luis Rubí, quien ha insistido que se encontrará a los culpables: “Usaremos todos los medios a nuestro alcance para que esos crímenes no se queden sin castigo”.[11] A la vista de los hechos, ésta es otra promesa incumplida en un país donde hasta Estados Unidos ha acudido en auxilio con el envío de agentes del FBI. No haber podido garantizar la seguridad ni la vida de los periodistas es uno de los puntos débiles del gobierno de Lobo.

En rigor de verdad, las amenazas, los ataques y los asesinatos no apuntan solamente a los periodistas. Desde el 2008, en Honduras han muerto 60 abogados, 155 mujeres y 59 homosexuales y transexuales. Según la empresa periodística McClatchy, tales atrocidades han convertido a Honduras en la nación con la tasa de asesinatos más alta del hemisferio.[12] Dados los 4.473 asesinatos en 2008 y 6.236 en 2009 en un país de apenas ocho millones de habitantes, el futuro de Honduras se ve atrapado en una vorágine de violencia, si las instituciones políticas y de seguridad privilegian el perdón y el olvido en vez de buscar el castigo de aquellos que pretenden debilitar a la sociedad hondureña asesinando a sus periodistas.

Para José Osmán López, presidente del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la policía y el sistema judicial no toman en serio los reclamos cuando insisten que los asesinatos de los periodistas nada tienen que ver con asuntos políticos.[13] Esta actitud ha creado un ambiente de impunidad que parece extender una “licencia para matar” a los periodistas y coartar a la libertad de expresión. “En vez de avanzar hacia una relativa calma la tendencia es agravarse. Este año el hostigamiento parecería estar dirigido a las radios campesinas y a los periodistas que informan sobre la convulsión social. Los comunicadores han sido víctimas de atropellos policiales, con bombas lacrimógenas y balas de corcho.”[14] No existe nadie a quien dirigir con firmeza las acusaciones de estos crímenes, que aumentaron significativamente a raíz del levantamiento. El golpe de Estado contra Zelaya se llevó por delante los principios democráticos y alteró el contexto político del país. Según López, “nos dejó en un estado de indefensión, porque no sabemos en manos de quién está el control de nuestra seguridad”.[15]

Quienes demuestran que la violencia e intolerancia política va más allá de los periodistas son los maestros, la tradicional fuerza de choque contra las rupturas constitucionales. Ellos también son objeto de amenazas de muerte y despidos. Freddy Alberto Castellanos, líder del sindicato de maestros, acusa directamente a Lobo “del actual estado de violación a los derechos humanos.”[16] Una huelga de maestros que reclamaba la devolución de más de 40 millones de dólares al seguro social del magisterio y que se oponía a la privatización de la educación pública terminó recién cuando Lobo aceptó restituir a 300 maestros, entre ellos numerosos dirigentes, que habían sido despedidos por su gobierno. Algunos dirigentes, como Castellanos, están protegidos por medidas precautelares de la CIDH.  “Mi vida está en riesgo permanente, así como la vida de muchos de mis compañeros. Estamos siendo testigos del mismo patrón de violencia que vivimos en el 2002 y el 2005, cuando Óscar Álvarez era Ministro de Seguridad y ahora ocupa el mismo cargo”.[17]

Conclusión

Las exhortaciones a que el gobierno de Lobo se comprometa a proteger los derechos humanos y la libertad de expresión han caído en oídos sordos. Las organizaciones regionales carecen de fortaleza para demandar el estricto cumplimiento de estas garantías democráticas. Aun con estas debilidades que ponen en peligro la democracia latinoamericana, es una obligación hemisférica trabajar con el Gobierno de Honduras con el objetivo de retirarle el vergonzoso título de ser “uno de los países más peligrosos para los periodistas”. No huelga decir que, a la postre, la paz y la seguridad internas son también una responsabilidad del establecimiento político, las cámaras de la producción, los sindicatos y la sociedad civil en Honduras. Con la participación de todos esos frentes quizá puedan curarse las heridas sociales y reconstruirse las relaciones destruidas a lo largo de esta turbulenta historia política.

El 22 de mayo de 2010, sin embargo, con el Acuerdo de Cartagena, se sentó un precedente al permitir el reingreso de Honduras al seno de la OEA. Tal regreso destruyó la confianza de la organización hemisférica y guió el porvenir de las democracias latinoamericanas y la seguridad de sus ciudadanos hacia un callejón sin salida. Al aceptar la derrota que representa haber negado un castigo a quienes quebrantaron los principios constitucionales, la OEA dio a entender que al final nadie paga por las consecuencias de echar por tierra la democracia e imponer a sus pueblos gobiernos autoritarios. Esto establece un antecedente para futuras acciones de esta naturaleza y un lamentable ejemplo para la frágil tolerancia política latinoamericana.

Hasta tanto se restablezca una democracia genuina en Honduras, es preciso mantener la presión internacional por todos los medios posibles. La intimidación se ha apoderado de la sociedad del país y ha desmantelado sus derechos y libertades más esenciales. El Gobierno carga con la responsabilidad de contener la violencia política, restaurar los principios de libertad de expresión y llevar ante la justicia a los culpables de los crímenes contra los periodistas. No obstante, si el Gobierno posterga el reconocimiento de estas responsabilidades, la OEA y sus miembros estarán en deuda con la democracia latinoamericana, porque con el Acuerdo de Cartagena no se ha honrado este derecho, sino que se ha abierto la posibilidad de nuevos golpes de Estado en la región.

En julio de 2010, cuando se publicó el artículo “Washington ha inventado la democracia hondureña”, el Consejo sobre Asuntos Hemisféricos (COHA) registraba la siguiente lista de periodistas asesinados en Honduras durante el mencionado año:

1. Joseph Ochoa (1 de marzo, Tegucigalpa);
2. David Meza (11 de marzo, La Ceiba);
3. Nahún Palacios (15 de marzo, Topoa, cerca de La Ceiba);
4. Bayardo Mairena (26 de marzo, en una carretera de la provincia de Olancha, fronteriza con Nicaragua)
5. Manuel Juárez (junto a Mairena)
6. Luis Antonio Chávez Hernández (12 abril, San Pedro Sula)
7. Jorge Alberto “Georgino” Orellana (20 de abril, San Pedro Sula)

Otros periodistas asesinados y amenazados de muerte desde nuestro último informe incluyen a:

1. Luis Arturo Mondragón Morazán (14 de junio, El Paraíso);
2. Israel Zelaya Díaz (24 de agosto, San Pedro Sula);
3. Henry Suazo (28 de diciembre, La Masica)
4. Héctor Francisco Medina Polanco (11 de mayo, Morazán)
5. Luis Mendoza (19 de mayo en la ciudad de Danli)
6. Adán Benítez (4 de julio en La Ceiba)
7. Jeremías Orellana (14 de julio 2011, Lempira).
8. Medardo Flores, (8 de septiembre, Bijao, norte de Honduras).

Un atentado

Manuel Acosta resultó herido en un tiroteo (23 de mayo 2011)

Para ver las referencias mencionadas en este artículo, haga click aquí.

Este análisis fue editado por analistas de COHA Gabriela Acosta, Lauren Paverman y Katie Steefel y colaborador Iván Ovejero.