Chile: La desigualdad tras la prosperidad
Los extranjeros en viajes de negocios normalmente se trasladan del Aeropuerto de Santiago al barrio El Golf, el centro financiero de la ciudad, vía las autopistas Costanera Norte o Vespucio Norte. A los márgenes de estas carreteras, en marcado contraste, subsisten en su mayoría chilenos de vecindarios de clase baja, víctimas de una cruel realidad bastante apartada de la opulencia del barrio El Golf y sus exclusivas viviendas. Si bien Chile ostenta una de las economías más estables de América Latina, la desigualdad enquistada en su creciente bienestar económico supone un problema significativo para la afamada nación andina.
Durante la conmemoración del bicentenario chileno el año pasado, el Presidente Sebastián Piñera lanzó su agenda “Chile, país desarrollado: más oportunidades y mejores empleos”, un proyecto de aproximadamente cincuenta iniciativas con el objetivo de llevar a Chile a la categoría de “país desarrollado” hacia 2018. En aquella ocasión, Piñera expresó:
Quiero invitar a todos y cada uno de los chilenos, a los que votaron por el Gobierno y a los que votaron por otros candidatos, a que hagamos nuestra esta misión: que nuestra generación, la generación del Bicentenario, cumpla con su tarea y su responsabilidad histórica, y logremos que Chile sea el primer país de América Latina que pueda decir con orgullo que hemos derrotado el subdesarrollo, superado la pobreza y creado una sociedad en que todos y cada uno de los chilenos y chilenas tienen oportunidades de progresar. [1]
A la luz del crecimiento sostenido de su producto interno bruto (PIB), bien podría categorizarse a Chile como “país desarrollado” ya con anterioridad al año propuesto por el Presidente Piñera. Conforme al Banco Central de Chile, el PIB chileno se incrementó en un 8,4% el primer semestre de 2011. En tanto, el Fondo Monetario Internacional estima que el PIB chileno en 2011, medido según la paridad del poder adquisitivo, superará los 250 millones de dólares y que el mismo año el PIB chileno per cápita alcanzará los 15.900 dólares. [2]
En noviembre de 2011, la Organización de Naciones Unidas levantó el ánimo de la población chilena al publicar su Informe sobre Desarrollo Humano, donde Chile se ubica en la 44° posición en el índice de desarrollo humano y lidera a América Latina en este punto, un relevamiento que contempla factores más allá del PIB. Sin embargo, tales números no convencen a Matías Cociña, Magíster en Economía Aplicada y estudiante de doctorado en Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison, quien explica en términos generales que este índice se elabora mediante la recopilación de promedios nacionales, que a menudo ocultan amplias desigualdades dentro de cada país. Cociña profundiza: “Cuando tomamos en cuenta el ajuste por desigualdad antes mencionado, Chile pierde casi el 20% del valor de su indicador, baja 11 puntos en el ranking global (entre países en los que existe indicador ajustado), y cae al tercer puesto en la región, detrás de Bahamas y Uruguay.” [3] Resulta evidente que, detrás del PIB y demás índices de promedios, aún se percibe la distancia existente entre la mayoría de los chilenos y el “país casi desarrollado” en que se han embanderado la clase política y los medios de comunicación durante los últimos años.
La disparidad de los ingresos
“En Chile está mal repartida la torta” afirma Gonzalo Durán, economista e investigador de la Fundación Sol, una organización sin fines de lucro centrada en la problemática laboral. [4] Respecto del crecimiento chileno de 8,4% del primer semestre de 2011, Durán argumenta que el 75% de tal crecimiento benefició al 10% más rico de la población, mientras que resulta bastante menor para el chileno promedio. [5] Cuando la clase política y los medios de comunicación se refieren al crecimiento chileno, siguen la tendencia de obviar donde se registra tal crecimiento y quienes se benefician de él. No cabe duda de que los datos estadísticos sean positivos, pero sobre la mayoría de los chilenos no incide esta positividad.
Andrés Zahler, especialista del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Diego Portales de Chile, ha planteado preocupaciones similares sobre la disparidad de los ingresos en Chile. En un artículo publicado recientemente por el Centro de Investigación Periodística, Zahler razona que el ingreso promedio no es un valor indicativo de la realidad chilena, razonamiento que fundamenta al dividir a la población chilena en diez grupos equitativos y al comparar el PIB de cada grupo con el PIB de un país con ingresos similares. [6] Así concluye que apenas el 20% de la población chilena percibe ingresos comparables con los de un país desarrollado, mientras el porcentaje restante percibe ingresos comparables con los de un país con medianos o bajos ingresos. Bien entendido que Zahler deriva tal conclusión mediante la utilización de promedios, un método que él mismo critica, es impactante cómo su análisis ilustra dos imágenes de Chile considerablemente diferentes y demuestra que basarse exclusivamente en el PIB imposibilita efectuar una medición precisa del país en su totalidad.
En un principio motivaron al investigador estas dos imágenes de Chile, el país de la minoría que percibe ingresos al nivel de un país desarrollado y el país de la mayoría que percibe ingresos al nivel de un país subdesarrollado. Zahler presenta asimismo una segunda conclusión: cuando la disparidad de los ingresos resulta tan marcada, el elevado PIB puede constituir la premisa verdadera de una conclusión falsa sobre la economía chilena. Por consiguiente, de alcanzar Chile un PIB per cápita similar al de un país desarrollado, sería lógico afirmar que la mayoría de la población chilena no cosechará, de manera directa, los beneficios de los países desarrollados en general. [7]
La desigualdad en la distribución de la riqueza en Chile figura como la mayor entre los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El Banco Mundial, que clasifica a los países según la desigualdad de distribución de sus ingresos mediante el coeficiente de Gini, adjudica a Chile un valor de 52 en una escala donde el 0 representa la igualdad perfecta y el 100 representa la desigualdad perfecta. [8] Por su parte, la OCDE señala además que “[e]l 38% de los chilenos reporta que le es difícil o muy difícil vivir de sus ingresos actuales, un porcentaje muy por encima de la media de la OCDE de 24%”. [9] Tal como lo manifestó Felipe Kast, quien fuera Ministro de Planificación y Cooperación del Presidente Piñera, semejante desigualdad en un país con el crecimiento de Chile es nada menos que “una vergüenza social”. [10]
A pesar de este lamentable nivel de desigualdad, el crecimiento del PIB chileno no aminora su marcha y, según se prevé, mantendrá su velocidad mediante diversos motores. Uno de ellos es el célebre cobre. Como su principal productor mundial, Chile depende en gran medida del valor del cobre: cuando asciende el precio de este metal, asciende también el PIB chileno. No obstante, la Comisión Chilena del Cobre advirtió en 2008 que “la participación de la minería no supera el 2% del empleo nacional”. [11] Aunque el PIB chileno se refuerza con la alta rentabilidad del cobre, la industria minera no genera suficientes puestos de trabajo que transformen esta riqueza colectiva en prosperidad individual. De esta forma, se observa una vez más que no necesariamente la mayoría de la población puede beneficiarse del crecimiento del PIB.
El admirable progreso chileno poco tiene de nuevo. Ya durante la década de los 90, el PIB chileno recibió un impulso de productividad. Según Durán, se crea la suposición falsa de que la productividad y los salarios crecen a la par, pero la brecha visible en los datos estadísticos expone el error. [12] En los datos estadísticos de la Fundación Sol se verifica la cuantiosa diferencia entre el incremento de la productividad y el aumento de los salarios. [13] Si bien el PIB demuestra este incremento de la productividad, este indicador no revela cómo se ha distribuido la riqueza generada por tal incremento. Se sobreentiende que sólo una minoría dentro la sociedad aprovechó el incremento de la productividad, de modo que esta situación ha redundado en una desigualdad aún mayor.
Con la experiencia de haber trabajado bajo el ex Presidente Ricardo Lagos y el ex Ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, Zahler sabe que el nivel de desigualdad ha permanecido inmóvil desde comienzos de la década de los 90. De acuerdo con el especialista, la Concertación, que gobernó Chile entre 1990 y 2010, alcanzó el crecimiento y redujo la pobreza, pero no logró modificar en absoluto la estructura de poder en el país . [14]
A fin de describir esta torcida estructura de poder, la Fundación Sol se basa en los datos obtenidos mediante la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional de 2009 para calcular que 4.459 familias chilenas disponen de un ingreso autónomo mensual promedio de 18.951.931 pesos chilenos (38.000 dólares). Este monto es percibido por el 0,1% de las familias más acaudaladas que, según Durán, “en general tienden a subdeclarar sus ingresos en este tipo de encuestas”. [15] Dentro de tal grupo de familias acaudaladas se han incluido a los propietarios de bancos, supermercados, aseguradoras, empresas de silvicultura, medios de comunicación y compañías mineras, entre otros actores económicos de importancia. Durán aclara: “[N]o se trata de familias excéntricas o grupos que viven alejadas del mundanal ruido, sino que corresponden a aquellas que han determinado y determinan las reglas del juego de la sociedad y de la economía chilena.” [16]
Profundamente marcado resulta el contraste entre las ganancias de este selecto grupo de familias y los ingresos de la mayoría de la población chilena. A partir de la información recabada en la Primera Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores y Trabajadoras en Chile, realizada entre 2009 y 2010, Durán concluye que el 76% de los chilenos percibe al mes menos de 350.000 pesos (700 dólares) y que el 90% de los chilenos en edad laboral percibe al mes menos de 650.000 pesos (1.300 dólares). Dicho de otro modo, “9 de cada 10 trabajadores en Chile gana menos que el salario mínimo promedio de los países avanzados”. [17]
Poco tiempo ha pasado desde que el periodista Fernando Paulsen suscitó incredulidad al aseverar que Chile se encuentra “secuestrado por 3.000 o 4.000 personas,” el mismo grupo selecto al que Durán alude en su análisis. [18] Según Paulsen, se trata de chilenos opuestos a toda reforma tributaria que procure adecuar las tasas impositivas al ingreso del contribuyente. De acuerdo con el periodista, en público sostienen que establecer la gratuidad de la educación superior significaría subvencionar la educación de los estudiantes más acomodados, pero puertas adentro reconocen que abonar impuestos más altos implicaría pagar más en impuestos que en cuotas universitarias. Paulsen abordó uno de los temas más delicados de Chile en la actualidad: sancionar una reforma tributaria que admita un mayor financiamiento educativo y resuelva el problema de recibir educación de calidad a un precio asequible.
Sumadas a la reforma tributaria, las exigencias de una solución definitiva de la desigualdad han desembocado en protestas estudiantiles durante los últimos seis meses. Según Noam Titelman, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, el detonante del movimiento estudiantil chileno fue “la acumulación de desigualdad, injusticia y desesperanza”. [19]
Educación
En el Sistema de Medición de Calidad de la Educación, utilizado por el Ministerio de Educación a fin de evaluar a alumnos primarios y secundarios, queda asentada esta excepcional desigualdad anualmente, en particular entre los estudiantes secundarios de Santiago de Chile que se aprestan a ingresar a instituciones de educación superior. A modo de ejemplo, el rendimiento académico de los estudiantes secundarios de segundo año que cursan en las comunas más pudientes excede con creces el rendimiento académico de estudiantes que cursan en otros barrios de la capital chilena, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación en Estructura Social de la Universidad de Chile. [20] Dado que los alumnos de las escuelas en los mejores vecindarios obtienen la mejor educación, independientemente de que asistan a escuelas públicas o privadas, los estudiantes de familias más adineradas reciben también la posibilidad de inscribirse en las universidades más prestigiosas, mientras que los estudiantes de menores recursos se ven obligados a matricularse en universidades privadas e institutos profesionales de mayor precio y menor prestigio.
Ciertos analistas apoyan la teoría de que, merced al elevado número de institutos privados de educación superior, cada vez más chilenos pueden concurrir a la universidad y posteriormente acrecentar sus ingresos. En su libro titulado Chile: ¿Más Equitativo?, el economista chileno Claudio Sapelli mantiene que la desigualdad incide en menor medida en las generaciones más jóvenes. Fundamental en el análisis de Sapelli son las “cohortes”, conjuntos de personas con características similares, pues el coeficiente de Gini de Chile dividido por “cohortes” evidencia durante décadas una disminución de la desigualdad en las “cohortes” de menor edad. Esto da pie al razonamiento de Sapelli: al medirse la desigualdad, la movilidad social pesa más que la distribución de la riqueza. [21] Aunque bien pueda atribuirse al mayor acceso a la educación, tal disminución de la desigualdad es una solución meramente parcial del problema, en vista de la marcada diferencia de la calidad de la educación entre instituciones educativas específicas.
Los defensores tanto nacionales como internacionales de la reforma educativa coinciden en que el Estado chileno debería afrontar mayores erogaciones con el objeto de garantizar la calidad y limitar la desigualdad en el ámbito educativo. Sobre la base de datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial destaca el aumento gradual del porcentaje del PIB chileno destinado al gasto público en educación. En 2008, el 4% del PIB chileno se aplicó al gasto público en educación, en comparación con el 3,4% en 2007 y el 3,2% en 2006. [22]
Aun así, no todos consideran este porcentaje suficiente. Educación 2020, una agrupación ciudadana que fomenta la formulación de políticas públicas a fin de ampliar el acceso a la educación y favorecer la calidad educativa, critica el presupuesto educativo de 2010 del Gobierno al plantear que el financiamiento previsto es insuficiente para ofrecer educación de calidad a todos los estudiantes. [23] Mario Waissbluth, coordinador nacional de Educación 2020, puso de manifiesto la inviabilidad de mitigar la “inmoral desigualdad” y al mismo tiempo mantener el sistema tributario actual. [24] El coordinador adhiere al pensamiento del economista Kenzo Asahi, quien sugiere que las bajas tasas impositivas constituyen uno de los principales motivos de que Chile sea incapaz de paliar su desigualdad.
A diferencia de la tasa impositiva promedio de 35% para contribuyentes empresariales en la OCDE, la tasa correspondiente chilena apenas llega al 17%. De modo análogo, mientras que la tasa impositiva promedio para contribuyentes individuales es del 45% en la OCDE, la tasa correspondiente chilena no excede el 5%. Por si fuera poco, el Banco Mundial señala que la evasión fiscal en Chile es elevada, pues se registra en un 50% de los contribuyentes individuales y en un 40% de los contribuyentes empresariales, de manera que una reducción del 30% de la evasión fiscal en Chile produciría un incremento del 12% en la recaudación impositiva. [25]
Con los mayores ingresos resultantes de las tasas impositivas más elevadas, podrían levantarse las barreras que impiden a la sociedad chilena resolver el problema de la desigualdad, por ejemplo, mediante el incremento del presupuesto educativo. Sin embargo, la reforma tributaria en Chile debe apuntar todavía más lejos. Al examinar minuciosamente la estructura fiscal chilena, Asahi halla que las clases más bajas deben sufragar mayores tasas impositivas en proporción a sus ingresos. “[M]ientras el 20% de [los] chilenos más pobres paga un 15% de impuestos, el 20% de los ciudadanos más ricos paga sólo un 12%.” [26] De recomponerse la estructura fiscal regresiva de Chile en una más progresiva, el Gobierno podría captar recursos necesarios para la ejecución de medidas encaminadas a mejorar el acceso a la educación de calidad para la mayoría de los chilenos, una de las maneras en que Chile empezaría a desandar el largo sendero de la desigualdad.
Asahi ahonda en la problemática explicando que la desigualdad eterniza la pobreza cuando se origina en un sistema estructuralmente desigual, tal como lo refleja la cultura educativa y fiscal en Chile. “La inequidad puede impedir el que los ciudadanos de menores ingresos accedan a mayor capital humano y, de esta forma, [puede impedir que] contribuyan al crecimiento económico del país.” [27] En última instancia, si una clase selecta acapara el crecimiento y el ciudadano promedio no puede consumir los bienes y contratar los servicios que producen y prestan las clases más altas, la inexorable consecuencia es el estancamiento económico generalizado de toda la población.
Más allá de estos sombríos datos estadísticos sobre la desigualdad en Chile, la prosperidad del país resulta innegable, mientras su crecimiento económico sostenido goza de admiración en el contexto de la actual crisis financiera internacional. Aun así, hasta tanto su desigualdad sea objeto de seria discusión, la mayoría de los chilenos no se percatarán de diferencia alguna cuando el país en el futuro alcance el PIB de un “país desarrollado”, pero ya han notado las condiciones en el presente, lo cual manifiestan con protestas estudiantiles desde hace ya más de seis meses. Pugnan por lograr que ese crecimiento, del que tanto se jactan el Gobierno y los medios de comunicación, se traduzca en soluciones concretas de sus problemas económicos. Tal crecimiento económico precisa estar acompañado por políticas que multipliquen las oportunidades, sobre todo en áreas como la educación, y que al mismo tiempo alivianen las cargas opresivas que soportan las clases medias y bajas de Chile en la actualidad.
Este análisis fue traducido por el colaborador de COHA Iván Ovejero.
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